Autor: Christian Alvear Ex director de Gendarmería
CARTAS: FUGAS Y GOBERNANZA CARCELARIA
SEÑOR DIRECTOR: Los seres humanos son intrínsecamente libres; por tanto, las fugas carcelarias podrán reducirse al mínimo, pero jamás podrán eliminarse como riesgo latente.
La de tres peligrosos delincuentes -ya recapturadosdesde la cárcel de Valparaíso, un penal de alta seguridad, vuelve a evidenciar no solo las deficiencias estructurales y tecnológicas de recintos penitenciarios de larga data, cuyo deterioro ha avanzado más rápido que la disponibilidad presupuestaria para mantenerlos, sino también el silencioso y cada vez más evidente avance del crimen organizado en las cárceles. Estos hechos no son exclusivos de nuestro país. En Francia, el viernes 11 de julio de este año, en la hacinada prisión de Lyon-Corbas, un recluso se disponía a salir tras cumplir su condena. Lo acompañaba una funcionaria mientras empujaba un carro con bolsas que, supuestamente, contenían sus pertenencias. Minutos después, a solo 100 metros del penal, un motociclista registró por azar una escena insólita: desde una de las bolsas emergía un segundo interno. Agazapado, con una estatura de 1,72 metros, logró escapar por la puerta principal sin ser detectado. La fuga fue descubierta 27 horas más tarde. ¿Fallas estructurales, negligencia inexcusable o corrupción? En ambos casos será la investigación la que determine responsabilidades.
Sin embargo, más allá de los muros -viejos o nuevosde cualquier cárcel, puede afirmarse que todas son igual de inseguras si no se refuerzan y supervisan, con tecnología y rigurosidad, los procesos críticos, y si no se combate frontalmente cualquierindicio de corrupción.
Por ello, para garantizar la seguridad, la gobernanza de los recintos, proteger al personal y reducir la reincidencia, se requiere, entre otras medidas urgentes, la creación de una nueva institucionalidad encargada de las penas sustitutivas y postpenitenciarias, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y asignar a Gendarmería la responsabilidad exclusiva de las penas privativas de libertad, bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad Pública.
