Autor: MAURICIO SILVA

Alertan sobre riesgo de “efecto dominó” por la opción que Minvu impulsa ante megatoma
Alertan sobre riesgo de “efecto dominó” por la opción que Minvu impulsa ante megatoma Paños junto a campamento de San Antonio también están usurpados y dueños exigirían igual trato al Estado:Levantamiento hecho por la oficina Atisba detecta otras 4.568 viviendas ilegales, en 149 hectáreas de tres sectores contiguos al que ocupan 4 mil familias que debieran ser desalojadas este jueves. n Distancias regulares, ángulos rectos y paños del mismo tamañoOtra de las conclusiones que arroja el estudio de la oficina Atisba, esta vez a la secuencia de cómo se fueron armando estos cinco grandes campamentos en el cerro Centinela, es que el loteo y su planificación requirió de una gran inversión económica que no está al alcance de cualquiera. “Descubrimos que esto es una toma planificada, o sea, con loteo. Acá hay plata invertida. Esto alguien lo planificó, diseñó y ejecutó con precisión quirúrgica. Dibujamos la toma y le pusimos geometría y detectamos que las distancias son regulares, los ángulos son rectos y los paños tienen el mismo tamaño. Es impresionante”, dice.
La acción judicial que presentó la Construtora San Antonio, dueña del predio, señalaba que se veía a “muchas personas en el lugar trabajando coordinadamente, con equipos de alta gama en las construcciones, y dividiendo los terrenos con tiza, todo con una velocidad abismante, lo que da cuenta de que esta toma de terreno estaba claramente planificada y organizada, no correspondiendo a un acto espontáneo; es claro que los delincuentes se valieron de la inestabilidad e inseguridad que azotó al país en el tan fatídico mes de octubre del año 2019”. “ESTAMOS ABOGANDO POR LA RECUPERACIÓN DEL TERRENO”n EL TOPÓGRAFO GUSTAVO SEPÚLVEDA, quien asesora a un grupo delos ocupantes ilegales, ha hecho circular un video en que aparece un supuesto ejecutivo de la Constructora San Antonio exponiendo ante una asamblea de representantes de la megatoma sobre las características del predio y en el que les advierte que para comprar lotes y urbanizarlos se requieren “kilos de plata”. Dice que esto fue filmado a inicios de 2020 y acusa que ello demuestra que “se incentiva que el cerro sea ocupado completamente e incluso hay un ofrecimiento de compra”. n EL ABOGADO DEL PROPIETARIO, DIEGO PEREIRA, descarta laversión: “Eso es falso. Lo negamos de manera categórica.
Estamos abogando por la recuperación del terreno donde mis clientes habían fraguado proyectos que hemos estado socializando. (En el video) aparece un encargado de la planificación territorial del predio y fue citado a exponer a esas personas topográficamente los loteos, inscripciones y futuros valores. Es una charla didáctica sin ningun otro objeto”, asegura. llones adicionales. En tanto, el costo de comprar los tres nuevos sectores, tasándolos a un valor similar, más tener que urbani-zarlos, alcanzaría los US$ 63 millones. En total, de operar el “efecto dominó”, el Estado podría expo-OIRUCREMLEseñal para los más de 1.400 campamentos en Chile y las 630.000 familias en déficit. El desalojo traería igualmente serias consecuencias”, afirma el especialista. “Si el camino es el desalojo, debería ser paulatino y considerar a lo menos el tiempo necesario para ir dando soluciones distintas, según la caracterización social de las familias”, afirma. Baeriswyl profundiza: “Si se compra el terreno, debería ser siempre y cuando se desarrolle un proyecto urbano habitacional de gran escala. El predio cuenta con una cabida para alojar más de 15.000 unidades habitacionales, casi cuatro veces el número de familias que actualmente ocupan el predio.
Un proyecto así sería un gran aporte al déficit de la región”. Pero en este caso, añade, “el Estado tendrá que ver cómo justifica su decisión, que privilegia esta toma y no hace lo mismo en las 1.400 restantes.
Abriría un escenario complejo que puede desordenar el sistema regular de acceso a la vivienda y crear un incentivo para acceder a la vivienda social mediante tomas”. Frente al mismo escenario, elexministro de Vivienda Jaime Ravinet (2000-2004, durante el gobierno de Ricardo Lagos) también es crítico. “Mucha gente ahorra para poder comprar su vivienda propia. Y si empezamos a legitimar que el que se toma tiene prioridad, es malo”. Y recuerda: “Eso, en el gobierno del presidente Lagos, no lo admitimos.
O sea, la gente postulaba, compraba, buscaba soluciones, tenía los méritos necesarios para hacerlo y se hacía”. Ravinet destaca que bajo su gestión no dudó en erradicar tomas como la de Peñalolén, aunque en otros casos, como en Alto Hospicio y Concepción, optaron por comprarle al dueño para que los ocupantes se radicaran en el mismo lugar. En el caso de San Antonio, estima urgente despejar al menos el tramo para el segundo acceso al puerto de San Antonio, ante los avances de la infraestructura portuaria de Perú.
“El MOP puede expropiar, pero hay una debilidad porque el Presidente Boric, de alguna manera, se comprometió a no sacar a los ocupantes del lugar”, sentencia. nerse a destinar US$ 153 millones para darles en el gusto a quienes mantienen ocupados los terrenos en San Antonio. Si bien Poduje respalda la negativa del Minvu a comprar los terrenos, estima que la estrategia de que lo adquiera una federación de cooperativas integrada por los propios ocupantes, igual trasladaría el costo al Estado. “Estos (los usurpadores) no tienen plata. ¿Quién se las va a prestar? ¿ BancoEstado con aval del Estado? Eso es que el Estado pague. Una martingala”, asevera. “El Estado tendrá que ver cómo justifica su decisión”Para el académico Sergio Baeriswyl, premio nacional de Urbanismo 2014, cualquiera sea la solución que se adopte, tendrá efectos. “La compra del predio es unaLa denominada megatoma del cerro Centinela, 218 hectáreas usurpadas a partir de 2019, no es la única de dimensiones gigantescas que afecta a la periferia de San Antonio.
De acuerdo con un levantamiento hecho por la oficina Atisba, del urbanista Iván Poduje, en tres sectores contiguos cuyas superficies suman 149 ha se han levantado, contra la voluntad de sus dueños, otras 4.568 viviendas informales.
La cifra supera a las casas en las que viven las 10.251 personas que debieran ser desalojadas desde el jueves, de cumplirse la orden de la Corte Suprema: son 4.135 inmuebles, según el catastro del Ministerio de Vivienda, y 5.030, en las que vivirían 16.927 personas, de acuerdo con el análisis de la entidad privada. El Gobierno, eso sí, se ha empeñado en buscar una solución diferente a la ya establecida por el máximo tribunal del país. Poduje sostiene que si el Estado logra un acuerdo alternativo con la Constructora San Antonio, dueña del extenso paño usurpado, los dueños de los terrenos vecinos que también están ocupados ilegalmente exigirán el mismo trato. Ello, dice, amplificaría los costos económicos para el Estado y constituiría un incentivo para las 1.432 tomas que, según el Minvu, hay en Chile. “Si pagan para evitar el desalojo, van a salir todos los dueños a pedir lo mismo.
No soy fanático del (ministro Carlos) Montes, pero tiene razón al negarse a comprar”, dice arquitecto, cuyo estudio arroja que en los tres sectores no considerados hasta ahora hay 15 campamentos, en los que viven 15.606 personas, en 4.568 viviendas ilegales.
Constructora San Antonio vendería en US$ 53 millones sus 218 ha, pero Poduje estima que la factibilidad sanitaria añadiría un costo al Estado de US$ 29 mi-Paños junto a campamento de San Antonio también están usurpados y dueños exigirían igual trato al Estado:. EXTENSIÓN. — El fenómeno de las tomas en San Antonio no se restringe al cerro Centinela; también afecta, en una expresión de gran envergadura, al resto d