Autor: Crónica periodistas@elpinguino.com

Con querella y evidencias claves avanza causa contra ganadera por el delito de abigeato
Con querella y evidencias claves avanza causa contra ganadera por el delito de abigeato L a investigación por una seguidilla de robos de ganado en Tierra del Fuego dio un giro clave en abril del año pasado, cuando la Fiscalía Regional de Magallanes forEl modus operandi Según lo expuesto en la querella, el modus operandi respondía a una secuencia claramente identificable y sostenida en el tiempo.
En una primera fase se producía la intervención deliberada de los cercos perimetrales, mediante el corte de alambradas o la liberación de piquetes en puntos estratégicos de los predios colindantes, una acción que, de acuerdo con los antecedentes reunidos, solo podía ser atribuida a intervención humana y no al comportamiento natural de los animales. Posteriormente, los ovinos y bovinos eran sometidos a un arreo dirigido, utilizando perros para presionarlos y apiñarlos contra las alambradas intervenidas, facilitando así su cruce hacia predios vecinos. Una vez traspasados los cercos, el ganado era trasladado de manera sistemática hacia estancias colindantes, donde permanecía acopiado, fuera del control de sus propietarios originales.
La etapa siguiente consistía en la manipulación de marcas y señales, mediante la eliminación, alteración o malizó a dos personas -una empresaria ganadera y uno de sus trabajadorespor su eventual participación en el delito de abigeato.
La audiencia, realizada en el Juzgado de Garantía de Porvenir, marcó un punto de inflexión en una causa que hoy agrupa al menos seis hechos contramarcado de señales auriculares y marcas de fuego, con el objetivo de impedir la identificación del origen de los animales y dificultar eventuales fiscalizaciones. En algunos casos, la querella da cuenta además de faenamiento clandestino, realizado en galpones o sectores apartados, con posterior ocultamiento o traslado de cueros y carcasas.
Todo este proceso habría sido acompañado por una coordinación permanente y seguimiento de los movimientos, evidenciado en el intercambio de mensajes telefónicos que darían cuenta de conteos, desplazamientos de animales y advertencias ante posibles controles o fiscalizaciones.
El resultado de este esquema, según sostiene la acción judicial, fue una práctica reiterada, planificada y sostenida en el tiempo, que habría afectado a múltiples estancias de la zona y provocado pérdidas millonarias, descartando completamente la hipótesis de traspasos accidentales de ganado propias de la actividad rural. que habrían afectado a igual número de estancieros de la zona, y que es investigada por la unidad especializada de la Fiscalía, la Sacfi.
La formalización no sólo confirmó la tesis de una sustracción reiterada y planificada de animales, sino que también evidenció la magnitud del fenómeno y el nivel de sofisticación que puede alcanzar el abigeato en zonas rurales extensas y de difícil fiscalización como la Patagonia fueguina. La audiencia de formalización de abril Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso una cronología de hechos que se remontan a 2023 y que se extendieron durante gran parte de 2024.
Según se planteó ante el tribunal, la investigación permitió establecer indicios suficientes de participación de ambos imputados en la sustracción de ganado ovino desde predios colindantes, utilizando mecanismos que exceden con creces el traspaso accidental de animales, una situación habitual -pero muy distintaen el mundo ganadero. La Fiscalía sostuvo que existían antecedentes de cortes intencionales de cercos, arreo dirigido de animales, ocultamiento de marcas y, en algunos casos, faenamiento clandestino. Estos elementos, explicó el persecutor, daban cuenta de una conducta reiterada y no de un hecho aislado, lo que justificó la formalización por el delito de abigeato. Tras escuchar los argumentos del Ministerio Público, el tribunal dio por acreditados los antecedentes suficientes para iniciar el proceso penal y decretó medidas cautelares. En el caso de la empresaria ganadera, se ordenó arresto domiciliario nocturno, mientras que para el trabajador se dispusieron otras medidas de menor intensidad, todas orientadas a asegurar el correcto desarrollo de la investigación. El plazo inicial de investigación fue fijado en 120 días, considerando la complejidad del caso, la cantidad de hechos investigados y la necesidad de realizar diligencias especializadas en zonas rurales. Una causa de alta complejidad La intervención de la Sacfi no es casual. Esta unidad de la Fiscalía está destinada a investigar delitos complejos, reiterados y con estrucrequieren análisis patrimonial, tecnológico y territorial. En este caso, la Fiscalía ha indagado no sólo la sustracción directa de animales, sino también la eventual existencia de una cadena posterior de ocultamiento, traslado y aprovechamiento de las especies.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la formalización y en escritos posteriores, la causa agrupa robos de ganado que habrían afectado al menos a seis estancias de Tierra del Fuego, configurando un patrón delictual que se habría mantenido en el tiempo. La querella como pieza clave En ese contexto se inscribe la querella criminal en curso presentada por la Sociedad Agrícola, Comercial e Industrial Teraike S.A., representada por el abogado Gonzalo Aranda Harambour. La causa confirmó la existencia de una sustracción turas que reiterada y planificada de ganado, descartando errores propios de la actividad rural y evidenciando un delito de alta complejidad.
Autor: Crónica periodistas@elpinguino.com. · La formalización de la investigacion no sólo confirma la tesis de una sustracción reiterada y planificada de animales, sino que también evidencia la magnitud del fenómeno y el nivel de sofisticación que puede alcanzar el abigeato en zonas rurales extensas y de difícil fiscalización como la Patagonia fueguina.
Abigeato: un flagelo histórico que amenaza la economía y la seguridad sanitaria La causa confirmó la existencia de una sustracción turas que reiterada y planificada de ganado, descartando errores propios de la actividad rural y evidenciando un delito de alta complejidad. Asogama alertó que el abigeato no solo provoca pérdidas millonarias, sino que amenaza la trazabilidad del ganado y la seguridad alimentaria de la población.
Con querella y evidencias claves avanza causa contra ganadera por el delito de abigeato Lejos de tratarse de una acción paralela, la querella fue incorporada como parte de la misma causa investigada por la Fiscalía, reforzando los antecedentes ya reunidos por el Ministerio Público. El escrito presentado por Aranda Harambour detalla con precisión técnica cómo se habrían producido las sustracciones, aportando registros productivos, conteos sanitarios, esquilas, inspecciones de cercos y avalúos económicos que permiten dimensionar el daño. Solo en el caso de esta empresa, las pérdidas superarían los 80 millones de pesos, considerando ovinos y bovinos sustraídos en distintos períodos.
Uno de los aspectos más relevantes de la querella es la descripción del modus operandi, que incluye la manipulación de señales y contramarcas, el uso de perros para presionar animales contra las alambradas y el traslado sistemático de ganado hacia predios vecinos. Estos antecedentes fueron clave para descartar cualquier hipótesis de error o accidente.
A ello se suman reveladores mensajes telefónicos, cuyo análisis fue solicitado en la investigación, y que -según se expone en la acción judicialdarían cuenta de coordinaciones previas, conocimiento detallado de los movimientos del ganado y referencias directas a cruces de animales, conteos y faenas, reforzando la tesis de una operación planificada y reiterada en el tiempo. Para la parte querellante, este intercambio de comunicaciones constituye una prueba clave, ya que vincula los hechos materiales con una lógica de ejecución organizada, incompatible con eventos fortuitos propios de la actividad ganadera. Y, más aún, revelando antecedentes sobre la posterior compra y venta de la carne. La investigación permitió además diligencias de entrada, registro e incautación, realizadas por la Policía de Investigaciones de Chile con apoyo del Servicio Agrícola y Ganadero. En ellas se identificaron animales con marcas correspondientes a distintos propietarios, algunos con señales alteradas, así como cueros de animales faenados que conservaban marcas originales. Estos hallazgos fueron presentados tanto en la investigación fiscal como en la querella, consolidando la tesis de que existió apropiación indebida y destrucción de especies ajenas, elementos que agravan el delito de abigeato. Reacción del mundo ganadero La formalización provocó una reacción inmediata en el sector.
La Asociación de Ganaderos de Magallanes (Asogama) expresó públicamente su rechazo a los hechos investigados y anunció que se sumaría a la querella, señalando que el abigeato no solo provoca pérdidas económicas, sino que daña gravemente la confianza, la convivencia en el mundo rural, y pone en jaque la seguridad sanitaria de las personas. Desde la asociación advirtieron que este tipo de conductas perjudica a toda la actividad ganadera y refuerza la necesidad de enfrentar el delito con decisión institucional y sanciones ejemplares. Un delito histórico al centro del debate El caso ha vuelto a instalar en la agenda pública un problema largamente conocido en Magallanes. El abigeato, históricamente normalizado en zonas extensas y aisladas, ha evolucionado desde robos esporádicos hacia prácticas más complejas y organizadas, aprovechando debilidades estructurales del territorio. Para los ganaderos, la causa que hoy investiga En Magallanes, el enfrentamiento del abigeato ha dejado de ser una reacción puntual frente a casos aislados para convertirse en una línea de trabajo sostenida y estructural.
En ese contexto, durante los últimos años se han constituido mesas de trabajo intersectoriales tanto a nivel regional como provincial, lideradas por la Fiscalía Regional, con el objetivo de coordinar acciones concretas entre el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Asociación de Ganaderos de Magallanes (Asogama). Estas instancias de coordinación han permitido abordar el fenómeno del robo de ganado y el faenamiento clandestino desde una mirada integral, combinando persecución penal, fiscalización sanitaria, prevención y fortalecimiento de las denuncias. La articulación entre los distintos organismos ha sido clave para enfrentar un delito que, además de afectar directamente a los productores, genera un impacto económico la Fiscalía representa una oportunidad inédita para sentar un precedente.
Para la institucionalidad, es una prueba de fuego sobre la capacidad del sistema penal para enfrentar delitos rurales que, aunque silenciosos, tienen un impacto profundo en la economía, la seguridad y la identidad productiva de la Patagonia. Una estrategia permanente en Magallanes significativo en la región y pone en riesgo la trazabilidad sanitaria del ganado.
En paralelo, el SAG ha desarrollado diversas jornadas de capacitación dirigidas a estancieros y trabajadores del mundo rural, enfocadas en la correcta identificación de animales, manejo de marcas y señales, resguardo de evidencias y procedimientos frente a eventuales delitos. Estas actividades han contado con la participación activa de la PDI y de Carabineros, reforzando el vínculo entre las instituciones fiscalizadoras y el sector productivo.
Este trabajo coordinado explica, en parte, los avances recientes en investigaciones complejas, que han llevado a la formalización de personas vinculadas al abigeato, hechos que marcan un quiebre respecto de la histórica sensación de impunidad que rodeaba este tipo de ilícitos en la Patagonia. Para la Fiscalía y los organismos involucrados, el mensaje es claro: el abigeato dejó de ser un delito invisible y su persecución forma hoy parte de una estrategia permanente de seguridad rural en Magallanes.
Registros productivos, inspecciones de cercos, incautaciones y mensajes telefónicos revelan un modus operandi sostenido en el tiempo y con impacto en múltiples estancias. $80 millones en pérdidas, solo en una de las estancias afectadas, considera la sustracción de ovinos y bovinos entre 2023 y 2024, según los antecedentes incorporados en la querella. Autor: Crónica periodistas@elpinguino.com.
Registros productivos, inspecciones de cercos, incautaciones y mensajes telefónicos revelan un modus operandi sostenido en el tiempo y con impacto en múltiples estancias. $80 millones en pérdidas, solo en una de las estancias afectadas, considera la sustracción de ovinos y bovinos entre 2023 y 2024, según los antecedentes incorporados en la querella.