Editorial: El costo invisible del "bencinazo"
Editorial: El costo invisible del "bencinazo" El anunciado aumento en el precio de los combustibles -que considera alzas de hasta $370 por litro en las gasolinas y $580 en el diéselinstala nuevamente una tensión conocida en la economía chilena: el delicado equilibrio entre responsabilidad fiscal y costo de vida. Esta vez, el ajuste llega con fuerza, en un contexto internacional complejo, pero con efectos profundamente locales.
El Gobierno ha señalado que este incremento responde al encarecimiento global del petróleo, intensificado por el conflicto en Medio Oriente, y a la imposibilidad de seguir sosteniendo un mecanismo de contención fiscal como el MEPCO en su forma actual.
Sin embargo, reconocer la causa e incluso comprender sus causas, no atenúa el impacto, ya que más allá de la explicación técnica, lo cierto es que el alza se sentirá -y ya se anticipaen la vida diaria de millones de chilenos. El Ejecutivo ha acompañado la medida con un paquete de medidas para amortiguar el golpe.
Entre ellas, el congelamiento de las tarifas del transporte público en Santiago hasta fin de año, subsidios al transporte en regiones mediante la llamada "ley espejo", un aporte mensual de $100 mil para taxis y colectivos, y la reducción y congelamiento del precio de la parafina durante los meses de otoño e invierno. A esto se suman facilidades crediticias para la transición a vehículos eléctricos y ajustes tributarios en sectores no transportistas. Se trata de medidas que apuntan en la dirección correcta, particularmente en lo que respecta al transporte público y a los sectores más directamente afectados.
Pero también es cierto que su alcance es limitado frente a un fenómeno que impacta transversalmente, y que trae consigo-inevitablemente-el denominado efecto "en cadena". En un país donde la logística depende mayoritariamente del transporte terrestre, el alza del diésel presiona los costos de distribución y, con ello, el precio de los alimentos, los bienes básicos y los servicios. Es ahí donde la clase media y trabajadora comienza a resentir con mayor claridad este tipo de decisiones: en el supermercado, en el transporte diario, en el presupuesto familiar que ya opera con márgenes estrechos. La promesa de que este escenario no será permanente es, en ese sentido, un elemento central. Su credibilidad dependerá no solo de la evolución del contexto internacional, sino también de la capacidad del Ejecutivo para sostener medidas que alivien efectivamente el impacto en los hogares. Porque, finalmente, más allá de los equilibrios macroeconómicos, lo que está en juego es algo más cercano: la percepción de estabilidad en la vida cotidiana. Y es ahí donde este ajuste -necesario para algunos, insuficiente para otrosencuentra su verdadera prueba. En cómo logra conciliar responsabilidad fiscal con sensibilidad social, en un país donde el costo del transporte no es solo un dato económico, sino una variable profundamente humana. Y donde, precisamente por eso, las respuestas también deben estar a la altura de esa realidad..