Autor: VÍCTOR FUENTES BESOAÍN
Patrullaje policial y militar, detenciones y condenas de grupos radicalizados, entre las causas de la caída de 60% en los atentados
Patrullaje policial y militar, detenciones y condenas de grupos radicalizados, entre las causas de la caída de 60% en los atentados Medidas preventivas, como un aumento de los patrullajes entre Carabineros y las Fuerzas Armadas por rutas amenazadas por la violencia en la macrozona sur; acciones persecutorias, como las detenciones de miembros de organizaciones radicalizadas y sus condenas por graves delitos, y la aplicación de nuevas leyes, como la del robo de madera y la de usurpaciones, han tenido como efecto un impacto generalizado en las agrupaciones delictuales violentistas. Así lo advierten expertos en seguridad pública que coinciden en que las organizaciones radicalizadas exhiben menos fuerza y recursos que en años anteriores. De hecho, los atentados en la macrozona sur bajaron en 61% al comparar 2023 y 2024. Ello, en el marco del estado de excepción constitucional de zona de emergencia que el actual Gobierno se vio obligado a aplicar, pese a las continuas señales de que buscaría descartarlo. Antes de asumir, el Presidente Gabriel Boric había expresado que “no vamos a comenzar renovando el estado de excepción en La Araucanía” y se manifestó partida-rio de privilegiar el diálogo.
En esa dirección, el 15 de marzo de 2022, cuatro días después de asumir el mando, la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, que había insistido en la prioridad de conversar con representantes de lo que calificó como “Wallmapu”, en alusión a la macrozona sur, protagonizóSOGRUBROTCÉHExpertos apuntan a los efectos del estado de excepción en macrozona sur:Lautaro. Siete encapuchados actuaron en este atentado a un predio forestal. Quemaron una camioneta, dos maquinarias y dos contenedores. DISMINUCIÓNEn 61% bajaron los atentados en la macrozona sur, al comparar 2023 y 2024. una fallida visita a la comunidad de Temucuicui, en Ercilla, al norte de La Araucanía. Un corte de ruta, un vehículo incendiado y disparos frustraron el viaje. Pese a ello, el 26 de marzo de ese año, el jefe de Estado revocó el estado de excepción, que se encontraba vigente desde el 12 de octubre de 2021. Sin embargo, el incremento de las acciones de violencia en el sur en sus primeras semanasde gestión llevó al Ejecutivo a reponer la disposición 52 días después, a partir del 17 de mayo.
Esta estrategia sigue vigente 2 años y 7 meses después, para la Región de La Araucanía y para dos provincias de la Región del Biobío, y ha sido renovada 51 veces, con consulta a las dos cámaras del Congreso. ComparaciónLa semana pasada, el grupo Weichan Auka Mapu (WAM) difundió un video en que hacía un mea culpa y rechazaba que algunos de sus miembros hubieran cometido homicidios, robo de madera y de vehículos. En su comunicación se veían disminuidos, con menor poder de fuego y con un discurso contradictorio. Al respecto, expertos coincidieron en que la situación de la WAM es extensiva a otros grupos.
Algunos han desaparecido y otros han disminuido su actividad (ver infografía). “Las acciones de inteligencia, el trabajo operativo y el estado de excepción han ido contribuyendo a debilitar estas organizaciones”, analiza Felipe Harboe, exsubsecretario del Interior e investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Cri-men Organizado (Cescro), de la U. San Sebastián.
“Medidas intrusivas”Respecto de si parte del debilitamiento de estos grupos obedece a una falta de financiamiento para sus acciones, Harboe considera que “ello puede ocurrir a partir de los éxitos que se han logrado con la implementación de la ley de robo de madera, con las nuevas medidas intrusivas que han tenido las policías y los fiscales para investigar, el éxito logrado en algunas causas y la participación del Servicio de Impuestos Internos en la estrategia contra el crimen organizado”. Para Richard Caifal, exgobernador de la provincia de Cautín, “la crisis de las organizaciones violentistas es de legitimidad, por el uso de la violencia, la gran cantidad de bienes destruidos yla pérdida de vidas, lo que tiene un impacto profundo en las comunidades y ha hecho que ya no despierten adhesión”. Asegura que también han tenido efecto en este debilitamiento “normas legales como la ley de robo de madera y la Ley de Usurpaciones y, de seguro, la nueva Ley Antiterrorista impactará en estos grupos extremos”. Pablo Urquízar, excoordinador de seguridad de la macrozona sur, sostiene que las orgánicas radicalizadas y terroristas viven su peor momento en años. “En esto, los números son claros. Hay menos atentados y menos orgánicas, y los grupos que los siguen cometiendo redujeron su actividad”, plantea.
A r g u m e n t a q u e “ e s t o d a cuenta de que existe una verdadera utilidad en el estado de emergencia, lo que se refleja en dos fenómenos: por un lado, la estrategia conjunta de las poli-cías y las Fuerzas Armadas ha dado resultados preventivos; y por el otro, en coordinación con Fiscalía, ha logrado éxitos persecutorios”. Urquízar hace notar que “para las orgánicas terroristas hoy no solo es más difícil materializar atentados, sino que muchos de sus integrantes se encuentran detenidos, ya sea condenados o en prisión preventiva”. Además, sostiene que “se están abriendo múltiples líneas de investigación para efectos de desarticularlas por completo”. En cuanto a si es factible que en 2025 los atentados y los grupos que los cometen sigan disminuyendo, considera que “este fenómeno no solo ha dependido de la actuación de las policías, las FF.AA. y el Ministerio Público, sino que también del mundo político” y enfatiza que “el desafío es ver la desarticulación como una política de Estado”.. Analistas advierten que para mantener tendencia a la disminución de los ataques y del número de agrupaciones que los cometen, su desarticulación debe ser una política de Estado. Expertos apuntan a los efectos del estado de excepción en macrozona sur:
