Autor: Luis López Mora

Columnas de Opinión: Todavía algunos defienden el neo-liberalismo con su privatización de todo, hasta de los servicios básicos
Columnas de Opinión: Todavía algunos defienden el neo-liberalismo con su privatización de todo, hasta de los servicios básicos “Esto no lo dejaremos pasar”, fue la frase rimbombante del presidente Boric ante el apagón que afectó a todo Chile continental el martes 25 de febrero dejando a millones de personas sin el vital suministro de electricidad. Lo daños fueron enormes, tanto en lo hogares como en toda la industria nacional. Incluso, hubo personas electro-dependientes que murieron en esas largas horas que duró el apagón. La pregunta que la mayoría se formulaba y se formula, es ¿ qué pasó? Y dice relación con el nivel de vulnerabilidad que tiene nuestro país ante una falla de la magnitud de este siniestro.
No fue producto de un gran terremoto, seguido de un maremoto o de un temporal en que se desbordaran ríos y se anegaran pueblos y ciudades; tampoco fruto de un incendio incontrolable que destruyera cableados o redes de transmisión.
No, este fue un apagón ocurrido en un día cualquiera, en un día normal, donde ningún suceso de la naturaleza pudo haber alterado el habitual funcionamiento de este esencial servicio que actualmente deben garantizar empresas privadas. Lo grave, es que pasan los días y nadie a la fecha, ha podido explicar racional y responsablemente qué es lo que sucedió. Sabemos como chilenos pues lo hemos padecido no en una, si no en un número considerable de episodios que las empresas privadas encargadas de garantizar los servicios vitales no cumplen. La electricidad, el agua, las telecomunicaciones y la telefonía cada cierto tiempo incumplen en su responsabilidad de garantizar el adecuado servicio por el cual la ciudadanía paga, y no poco.
Lo que en realidad ocurre, es que la normativa establecida en el país es de una extremada permisividad para que operen estas grandes compañías la mayoría de ellas de capitales foráneos, en la más absoluta impunidad, al punto que cualquier sanción que finalmente, y luego de mucho tiempo se imponga, aparecen como irrisorias si se comparan con el daño o los daños que provocan.
Es, por tanto, necesario reabrir el debate que en Chile hace muchos años ha estado impedido de realizar. ¿Deben los servicios estratégicos o básicos como el agua, la electricidad, las comunicaciones, estar bajo posesión y administración de intereses privados, osea, de los grandes capitalistas dueños de nuestro país? ¿ O, por tratarse de bienes que el conjunto de la sociedad está obligado a utilizar en tanto su carácter esencial lo convierte en irreemplazable y vital para su subsistencia, debiera estar alejado del mundo privado y más bien, garantizado por el Estado?Esta discusión no es ajena a la controversia actual en donde el mundo vinculado al capital tiene la hegemonía sobre la materia. Desde hace tiempo que se ha instalado en la conciencia nacional que lo privado es eficiente y lo público no lo es. Ello, instalado por un discurso de quien domina y controla el acceso a los medios de comunicación. Sin argumentos sólidos y sin que referentes políticos o ideológicos contraríen la mentira que lo privado es superior a lo público.
La propaganda del sistema neoliberal que sufrimos día a día ha instalado la idea, como verdad absoluta que cualquier iniciativa tendiente a reabrir la discusión sobre la conveniencia de que el Estado disponga del control de las áreas estratégicas de la economía, de la Educación, de la Salud y de los servicios básicos está fuera de época, y por lo tanto es innecesario debatir sobre el asunto. Sin embargo, lo que viene mostrando la evidencia empírica es que tal teoría es incorrecta. No es el carácter de la propiedad lo que determina lo eficiente o no de una determinada empresa, en este caso de una empresa estratégica como es la electricidad.
Lo que es determinante para garantizar el adecuado servicio de ese bien a la población, es que su carácter vital, lo convierte en estratégico y por tanto, no puede estar sujeto a la lógica privada, porque ella está subordinada a la consecución del lucro, cosa que no ocurre cuando este se trata de un bien esencial administrado por el Estado; es decir por una entidad cuyo fin no es la ganancia, siempre en grande, económica, sino otorgar y garantizar un determinado bien que al fin de cuentas por ser esencial, se convierte en un derecho. El agua, la electricidad, las telecomunicaciones son bienes esenciales, básicos, de primera necesidad, y por esta razón son derechos inalienables de las personas, sin los cuales resulta imposible subsistir. En tal sentido, su carácter público y no privado adquiere una importancia relevante que es preciso definir, LO ANTES POSIBLE. En resumen, si son derechos debe garantizarlos el Estado, osea la sociedad organizada. Si no se lleva a cabo esa definición, las frases tan resonantes del presidente de la República Gabriel Boric no serán más que eso, frases que se las lleva el viento. Mientras tanto las empresas privadas continuaran lucrando con los servicios básicos, que cada cierto tiempo dejan a la población en la más absoluta orfandad sin que nadie se haga responsable..