Autor: MÓNICA RÍOS BREHM Ingeniero comercial, master en Gestión Ambiental

4,7% DE LOS PROYECTOS, ¿NO SERÁ POCO?
4,7% DE LOS PROYECTOS, ¿NO SERÁ POCO? Análisis Hace algunos días, el expresidente Eduardo Frei criticaba los “cuellos de botella” que dificultan el desarrollo del país. En particular, hacía referencia a la “permisología”, “palabra maldita que inventamos en Chile, que nos tiene parado todo el país”. No exagera el expresidente.
Uno de los responsables de la maldita “permisología” es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que obliga a que cualquier proyecto perteneciente a una de 20 tipologías y que supere ciertos umbrales de magnitud y otras definiciones, deba obtener una aprobación ambiental.
Esto incluye, por ejemplo, cualquier línea de transmisión eléctrica, independiente de su longitud o voltaje; cualquier conjunto habitacional de más de 160 viviendas sociales; cualquier plantel lechero de más de 200 vacas, y así sucesivamente. ¿Es racional mantener dichas tipologías y umbrales? Creemos que no. Hace 30 años, cuando se creó el SEIA, existían muy pocas normas ambientales que regulaban el quehacer productivo, por tanto, la evaluación ambiental era un complemento de una normativa aún incompleta. Hoy, en cambio, existe abundante normativa aplicable a todos los proyectos. Sin embargo, la tipología de proyectos y los umbrales solo han cambiado para ser más exigentes. Con el crecimiento de la economía, el número de proyectos que ingresan al SEIA cada año supera largamente a los que son calificados. Durante el período 2020-2024 ingresaron, en promedio, 720 proyectos por año, equivalentes a US$ 51.000 millones, pero solo se aprobaron, en promedio, 300 proyectos por año, por un valor de US$ 15.000 millones.
Así, como señala el expresidente, el “stock” de proyectos sin aprobar se ha incrementado y “nos tiene parado todo el país”. Un avance obvio es modificar el reglamento del SEIA y elevar los umbrales y/o cambiar las definiciones para reducir el universo de proyectos que deben calificarse. Dicha modificación está en proceso.
Lamentablemente, según información del propio Ministerio del Medio Ambiente, el impacto es muy menor: solo 82 de los 1.727 proyectos presentados entre el 1 de enero de 2019 y calificados hasta el 11 de enero de 2024, se excluirían bajo el nuevo reglamento. Se trata de un magro 4,7% de los proyectos, lo que no va a reducir el enorme stock en el SEIA, con largos períodos de evaluación.
Parece absurdo que después de casi tres décadas de vigencia del SEIA se sigan aplicando los mismos umbrales, sin dar cuenta de la masiva introducción de normas, tales como las de emisión al aire luminosidad, olores, ruidos, fundiciones y termoeléctricas y al agua residuos líquidos; así como permisos ambientales para múltiples sectores tales como servicios sanitarios, acuicultura y minería. ¿No ameritaría esta abundante normativa dictada post-SEIA una modificación reglamentaria significativa que acote el número de proyectos que deben evaluarse en una magnitud mayor al magro 4,7%? ¿ No será poco?.