EDITORIAL: Debilidad ante el crimen organizado
EDITORIAL: Debilidad ante el crimen organizado U na de las afirmaciones más reiteradas en los últimos años, en el ámbito de la política y las instituciones, es que el país enfrenta una amenaza inédita: la irrupción del crimen organizado. Casos conocidos en las últimas semanas evidencian que, a pesar de la abundante retórica sobre tales riesgos, el Estado muestra graves debilidades a la hora de asumir el problema.
El martes reciente se informó que el ciudadano venezolano Osmar Ferrer, acusado del crimen por encargo de un comerciante del barrio Meiggs, fue liberado al día siguiente de ser formalizado y enviado a prisión preventiva, en una operación en la que tanto la jueza de garantía como Gendarmería aseguran haber actuado con apego a los protocolos.
Si bien los indicios hasta ahora disponibles apuntan a una inexcusable cadena de equívocos y negligencias cometidos por la magistrada y Gendarmería, el fiscal a cargo de la investigación, Marcos Pastén, ha explicado que todas las hipótesis están abiertas.
De acuerdo con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, "todas las combinaciones son posibles, incluyendo el error, pero todas son malas". En este sentido, se ha advertido que el perfil del imputado, el delito que se le atribuye, la presunta asociación con el Tren de Aragua y la connotación pública del asesinato, exigían mayor cuidado de la jueza en sus órdenes y contraórdenes, y capacidad de discernimiento de los gendarmes; razonablemente, el sicariato es una manifestación de criminalidad organizada que demanda especial vigilancia.
Las dudas en torno al episodio se inscriben en un preocupante cuadro de avance del crimen organizado en el Estado; solo en el último mes se ha dado de baja y encausado a más de 20 funcionarios del Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros, por tráfico de drogas, en el caso de las ramas militares, y cobros de coimas en el caso de los policías; asimismo, ha sido destituido un fiscal por beneficiar a narcotraficantes.
La confusa salida de Ferrer de la cárcel y las múltiples denuncias de corrupción en el aparato estatal ponen a prueba la capacidad de asombro de la sociedad, que observa con creciente aprensión la falta de acciones eficientes ante la expansión de los grupos delictivos, y la distancia entre el alarmado discurso público y los hechos. Por lo demás, las señales de fragilidad en el funcionamiento del Estado también enseñan a las propias organizaciones criminales las brechas y costuras del sistema.
La pérdida de confianza de las personas en las herramientas institucionales para encarar los grandes problemas públicos, y la delincuencia hoy parece el más convocante de todos ellos, deteriora el aprecio por la democracia y favorece el surgimiento de figuras que ofrecen determinación, pero sin considerar su capacidad de cumplir las expectativas que generan ni las consecuencias de sus posibles acciones. La detección temprana y el control del crimen organizado y el narcotráfico en las FF.AA., las policías y la justicia, deben constituir objetivos esenciales de una estrategia de seguridad pública. Expertos en la materia han formulado recomendaciones en términos de auditorías cruzadas, contrapesos, coordinación pública, mejores diagnósticos e inteligencia policial, con particular énfasis en la inteligencia financiera, y políticas carcelarias más elaboradas. Conviene atenderlas antes que sea demasiado tarde. "La pérdida de confianza de las personas en las herramientas institucionales deteriora el aprecio por la democracia". Debilidad ante el crimen organizado.