Autor: DRA. SONIA BRITO RODRÍGUEZ DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO

El 8M no es una celebración, es memoria de lucha y exigencia de igualdad
El 8M no es una celebración, es memoria de lucha y exigencia de igualdad 1 Día Internacional de la Mujer es una festividad que se origina en luchas obreras protagonizadas por trabajaE doras industriales que denunciaban explotación laboral, jornadas extenuantes y condiciones insalubres. Las huelgas textiles en Nueva York a fines del siglo XIX y comienzos del XX instalaron una demanda concreta: derechos laborales y ciudadanía política para las mujeres. Décadas más tarde, en 1977, la Organización de las Naciones Unidas institucionalizó la fecha, reconociendo su relevancia global. Recordar este origen permite comprender que las demandas de igualdad de las mujeres han estado siempre ligadas a transformaciones en la organización del trabajo, del poder político y de la vida social. Por tanto, el 8M, es una conmemoración política, es memoria de conflicto social, de mujeres que enfrentaron represión y violencia por exigir igualdad. Convertirlo en una jornada de consumo o cortesía simbólica implica vaciarlo de contenido histórico.
Cuando las mujeres reclamamos derechos no pedimos privilegios, exigimos igualdad sustantiva, igualdad en acceso a oportunidades, en representación política, en remuneración, en reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, implica también reconocer la responsabilidad del Estado, puesto que no basta con declaraciones formales de igualdad, se requieren leyes eficaces, presupuestos suficientes y mecanismos de fiscalización que aseguren su cumplimiento. Sin recursos, la igualdad es retórica y sin evaluación, las políticas públicas son promesas. El carácter estructural de la desigualdad entre hombres y mujeres se expresa en la manera en que las instituciones distribuyen poder, recursos y legitimidad social. Se trata de un orden social históricamente configurado que organiza jerarquías de género y que ha sido legitimado por normas jurídicas, prácticas económicas y representaciones culturales.
Este orden ha asignado sistemáticamente a las mujeres una posición de subordinación material y simbólica, naturalizando la división sexual del trabajo, invisibilizando el valor económico del cuidado y restringiendo su participación en la toma de decisiones colectivas.
En el plano económico, esta estructura se evidencia en la persistente brecha salarial, en la concentración de mujeres en sectores de menor remuneración y menor estabilidad laboral, y en la carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. La economía contemporánea continúa dependiendo de este trabajo invisible para reproducir la fuerza laboral y sostener la vida cotidiana, pero lo hace sin reconocerlo ni redistribuirlo. Esta asimetría responde a un modelo productivo que externaliza costos hacia los hogares y, dentro de ellos, hacia las mujeres. Mientras no se transformen los sistemas de protección social, las políticas de cuidado y las condiciones del mercado laboral, la igualdad formal seguirá coexistiendo con desigualdades materiales profundas. En el ámbito político, la exclusión histórica de las mujeres de los espacios de decisión ha tenido consecuencias directas en la formulación de políticas públicas porque la subrepresentaAutor: DRA. SONIA BRITO RODRÍGUEZ DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO. DRA. G. ANDREA COMELIN FORNÉS CARRERA DE TRABAJO SOCIAL UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ. El 8M no es una celebración, es memoria de lucha y exigencia de igualdad ción femenina no refiere solo un problema de presencia numérica, es un déficit democrático. Cuando las mujeres no participan en igualdad de condiciones en la definición de prioridades públicas, los problemas que afectan de manera específica sus vidas tienden a ser minimizados o postergados.
La resistencia a mecanismos como la paridad o las cuotas revela que el acceso al poder continúa protegido por redes masculinistas que operan como sistemas informales de reproducción de privilegios, debido a que poder no se distribuye espontáneamente, se defiende. También en el plano institucional la desigualdad se reproduce a través de prácticas que deslegitiman la voz de las mujeres. La desconfianza frente a sus denuncias de violencia, la tendencia a responsabilizarlas por los abusos sufridos o la normalización de prácticas sexistas en espacios laborales y educativos constituyen formas de disciplinamiento social. Estas prácticas además de producir daño individual cumplen una función estructural la de advertir a otras mujeres sobre los costos de desafiar el orden establecido. Por tanto, el silenciamiento, el descrédito y la ridiculización han sido históricamente herramientas eficaces para contener las demandas de igualdad.
Sabemos que el patriarcado, entendido como sistema de organización social basado en la autoridad masculina, no opera únicamente en la esfera privada, se expresa en el derecho, en el mercado, en la política y en la cultura. Durante siglos, los marcos normativos limitaron explícitamente la capacidad jurídica de las mujeres, restringieron su acceso a la propiedad y negaron su participación política. Aunque muchas de esas barreras legales han sido formalmente eliminadas, sus efectos persisten en las estructuras institucionales y en las prácticas sociales. Las instituciones están atravesadas por historias de exclusión que siguen moldeando sus reglas de funcionamiento. Por esta razón, reducir la desigualdad de género a un problema de actitudes individuales o de "cambio cultural" es insuficiente.
El cambio cultural es necesario, pero no reemplaza la transformación de las estructuras que producen desigualdad, por ello, se requieren políticas públicas que redistribuyan poder y recursos, que regulen de manera efectiva el mercado laboral, que reconozcan el cuidado como un pilar del bienestar social y que garanticen condiciones reales para la participación política de las mujeres. La igualdad sustantiva exige intervenir en la arquitectura institucional que reproduce privilegios, por eso reconocer la naturaleza estructural del problema implica también asumir que las resistencias al cambio no son únicamente ideológicas, son materiales. La igualdad de género cuestiona la distribución histórica del poder, del tiempo y de los recursos. Supone revisar quién decide, quién trabaja más y quién se beneficia de ese trabajo. En este sentido, la lucha por los derechos de las mujeres es una disputa por la democratización efectiva de la sociedad. Sin igualdad de género, la democracia permanece incompleta. Sin justicia para las mujeres, el principio mismo de igualdad ante la ley pierde su credibilidad. Autor: DRA. SONIA BRITO RODRÍGUEZ DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO.