"Nos llora una regulación adecuada del secreto profesional"
Loreto Flores Ruiz n el piso 18 de un edificio de calle Rosario Norte en Las Condes, con una preciosa vista de Santiago, está la sobria y austera oficina del abogado, presidente del Círculo Legal de ICARE y gerente corporativo de Asuntos Legales del Grupo Falabella, Gonzalo Smith (53). Arriba de su escritorio no hay papeles ni nada que llame la atención, salvo tres grandes pantallas que tiene conectadas a su computador. “Busquemos otro lugar para hacer las fotos, porque mi oficina es muy fome, no tiene nada”, nos dice, mientras recorremos el piso en busca de la mejor locación. Elegantemente vestido, Smith destaca por su estilo formal, pero sin corbata en esta oportunidad y porque, en general, es reacio a dar entrevistas. Este abogado de la UC, posgraduado en Harvard y en la Universidad de Arkansas, llegó a trabajar a Falabella en 2015.
Antes fue vicepresidente y general counsel de Walmart para todo Latinoamérica El presidente del Círculo Legal de ICARE se refiere al caso Audios y enfatiza que “cuando contrastas las exigencias regulatorias relacionadas a la ética profesional en Chile con otros países, el panorama no es alentador”. Durante siete años (vivió en EE.UU. Teniendo a su cargo a 270 abogados, distribuidos en siete países). También fue gerente de asuntos legales de Walmart Chile y trabajó en el estudio Carey y Cía., donde inició su carrera profesional.
Smith es el hijo del medio, en una familia que vivió siempre en Providencia, Su padre, fallecido el año pasado, fue un radical que quiso estudiar Derecho y, a pesar de que entró a la Universidad de Chile, no pudo terminar la carrera y años más tarde estudió en modalidad vespertina para recibirse de contador auditor. Su madre era dueña de casa, que se dedicó a la repostería. “En la cocina de mi casa había un horno industrial y ella hacía tortas y pasteles que vendía, porque siempre le gustó cocinar. De chico le ayudaba, armando paquetes o entregando los pedidos”, recuerda.
“Hay coincidencia en la falta de confianza a la justicia” —Antes de llegar al Grupo Falabella tuvo un importante paso por Walmart. ¿ Qué es lo que valora de esos años? —La experiencia de ser inmigrante y tener que adaptarte a un entorno cultural diferente, en el que el universo de lo que para ti es obvio ya no lo es tanto. También entender cómo se estructura y mueve una empresa gigante y aprender a manejar asuntos a una escala realmente enorme. Finalmente, el haber aprendido a entender y valorar la diversidad y la necesidad de que todos estemos comprometidos con ella.
Por eso es muy importante para mí trabajar en una empresa que tiene a la diversidad como uno de sus pilares. —A propósito de diversidad, hace unas semanas publicó en su Linked In una oferta laboral para abogados que estén prontos a jubilar, ¿cómo fue la respuesta? —Fue impresionante. Recibimos más de mil currículums. Los puestos para los que hicimos esta convocatoria necesitan principalmente prudencia y madurez.
El promedio de edad de la población ha aumentado en los últimos años, pero la edad a la que el mundo laboral ya tiende a no considerar a las personas no ha subido a la par.
Eso es un problema y creemos que las empresas podemos hacer algo si identificamos los trabajos en que las personas mayores pueden destacar. —Hace unas semanas ICARE realizó un encuentro sobre las reformas al sistema judicial donde expusieron, entre otros, el ministro de Justicia, Luis Cordero. ¿ Qué conclusiones obtuvieron? —Hay coincidencia en el diagnóstico de la falta de confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial. Esto preocupa y las causas necesitan más análisis, ya que no todas son evidentes. Es un problema que se arrastra desde antes de los últimos acontecimientos. Llama la atención que tengamos ese nivel de confianza tan bajo de manera comparada con otros países que, para otras instituciones, tienen niveles de confianza ciudadana similares a los de Chile. Hay coincidencia en el abanico de medidas que pueden propender a mejorar la situación. Eso debiese ser auspicioso para lograr cambios.
Otra conclusión, no obstante, es que lograr una solución no va a ser fácil. —En ese mismo encuentro el exministro de Justicia, Hernán Larraín, planteó la división entre el rol jurisdiccional y la labor administrativa en la Corte Suprema, que incluso los hace resolver hasta las compras de automóviles. ¿Cuál es su visión? —Separar los roles ya lleva tiempo desde que se planteó.
Estuvo en las propuestas de los dos procesos constituyentes y más recientemente en la primera propuesta de reformas que hicieron expertos de distintas universidades, y que lideró la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. La propia Corte Suprema también lo planteó en su propuesta. Hay algunas diferencias de cómo abordar esa separación de funciones en esas propuestas, pero todas son coincidentes en buscarla.
Creo que la bondad de avanzar en esto es evidente; los ministros de la Corte Suprema debieran estar descargados de las funciones no jurisdiccionales a través de mecanismos que no atenten ni contra su concentración en esa actividad, ni contra la independencia del Poder Judicial.
“Es atroz lo que estamos viendo” —Las últimas semanas han estado marcadas por el caso Audios. ¿Qué implicancias ha visto? —Voy a saltarme el comentario evidente de lo atroz que es lo que estamos viendo y el problema profundo de falta de integridad y los eventuales delitos cometidos.
Lo que sí revela, y es algo en lo que Chile todavía tiene que avanzar en la profesión legal, es que necesitamos una mejor regulación del secreto profesional, tanto desde en qué consiste como en lo que queda cubierto por él, El secreto profesional es necesario y existe para permitir el desarrollo de una adecuada asesoría o defensa del cliente.
En nuestra legislación, el secreto profesional está tratado Es evidente que como profesional uno no puede tener igual percepción de la relevancia y cuidado de la ética en un país en el que sólo tomaste un curso sobre ella en la En las regulaciones modernas, el secreto profesional jamás ampara la intención o la búsqueda de consejo para cometer un delito”. Como un fuero personal de los abogados que les permite no responder preguntas en un tribunal acerca de su cliente. Eso, que es correcto, es insuficiente porque no aborda el problema de fondo, que es regular el secreto profesional en cuanto atributo de la información que el cliente le entrega al abogado.
Esto está muy desarrollado en el extranjero, en particular en el mundo anglosajón, y esa regulación consiste, poniéndolo en simple, en que aquella información que un cliente le entrega a su abogado con el objeto de buscar consejo, asesoría o defensa, está amparada por el secreto profesional, que cubre además lo que el abogado produzca en ejecución de su trabajo. También se extiende a lo que hagan terceros por el abogado, como su asistente o un procurador. —Lo que se pretende es proteger otros valores más que al abogado en sí mismo. —Claro. Eso es dar tratamiento al secreto profesional en cuanto a atributo de la información y no sólo como un fuero procesal y personal del abogado. La información es lo que está protegido, no la persona del abogado, y esa información sólo incluye lo que sea pertinente al consejo, asesoría o defensa buscados.
Lo que quiero decir con esto es que nos llora una regulación adecuada, moderna, en materia de secreto profesional. —¿ Cómo debería ser esa regulación?—Una regulación que vaya más allá de este fuero procesal personal para no responder preguntas y que se dirija a la calidad y atributos de la información y su pertinencia al asunto en el cual se está buscando asesoría o defensa. Ese es un avance que como profesión legal no hemos hecho, no tenemos, y ello debiera estar en la ley, no solamente en los códigos de ética profesional.
La regulación que tenemos en esto es muy antigua y descansa, probablemente, en una expectativa de honorabilidad respecto de quien está investido de la calidad de abogado, lo que quizás era razonable cuando se titulaban 50 abogados al año. Hoy, las circunstancias son distintas y tenemos que abordar el problema de la cualidad de la información para entender cuál sí está protegida y cuál no.
En las regulaciones modernas, el secreto profesional jamás ampara la intención o la búsqueda de consejo para cometer un delito. —¿ Qué habría cambiado en este caso si tuviéramos una buena regulación? —Si hubiésemos tenido una buena regulación no sólo ocurriría que quien divulga audios sin consentimiento arriesga cometer un delito, sino que, en los sistemas con jurado, se arriesga incluso la exclusión de ellos como prueba por los prejuicios que ello puede provocar en los potenciales miembros de ese jurado sin que haya sido sometida a un examen riguroso. Eso hace que todas las partes tengan el mayor interés en resguardar las pruebas hasta su utilización en el juicio, en cuidarla celosamente. Cuando contrastas las exigencias regulatorias relacionadas a la ética profesional en Chile con otros países, el panorama no es alentador. En EE.UU., por ejemplo, no puedes obtener el título (de abogado) si no apruebas un examen para el que tienes que estudiar semanas y que toma toda una mañana en rendirse. De hecho, la tasa de reprobación de ese examen es de un 25%. Es como si dieras una PSU de ética profesional, sin la cual no puedes ser abogado.
En los países desarrollados la ética profesional regula desde cómo recibes el dinero de un cliente y qué es lo que puedes hacer con ese dinero, quién te puede pagar los honorarios y de qué manera tienes que obtener el consentimiento informado del cliente ante un eventual conflicto de interés, también cuánto tiempo debo o puedo guardar las notas que tomé en un papel mientras estaba entrevistando al cliente.
Para mantener tu licencia de abogado, tienes que tomar créditos de ética todos los años. —Las clases de ética cobran relevancia. —No estoy diciendo que por tomar clases o rendir un examen de ética uno se transforme en una persona más honorable, pero me parece evidente que como profesional uno no puede tener igual percepción de la relevancia y cuidado de la ética en un país en el que sólo tomaste un curso sobre ella en la universidad, de un semestre y hace muchos años, que en otro país en el que no me puedo titular sin pasar un examen difícil de ética y no puedo mantener mi licencia si no estudio ética profesional todos los años. Me parece que es inevitable que eso genere una sensación, una percepción, ojalá una convicción, de que, si no entiendo de ética profesional y nola aplico, no puedo seguir siendo abogado. Me suspenden la licencia no sólo por cometer una infracción, sino también por no hacer los cursos. Y no renovar significa, entre otras cosas, que no me puedo presentar en tribunales.
La exclusión es automática. —Según la encuesta Cadem sólo el 10% evalúa positivamente al Poder Judicial y el 77% piensa que no asegura igualdad ante la ley. ¿A qué atribuye usted esta percepción? —Ese diagnóstico es claro, pero se necesita más estudio para causas.
Detrás de esa desconfianza es posible que se mezclen varios temas, como los de acceso a la justicia, el funcionamiento administrativo de los tribunales, los tiempos de los procesos, falta de comprensión de los contenidos jurídicos de la resolución de los conflictos, una crítica a la efectividad del Ministerio Público que no lo distingue del Poder Judicial, y, desde luego, una crítica aún más fuerte por los graves hechos que hemos conocido en las últimas semanas.
Los estudios que hemos visto miden la percepción y sus resultados son muy preocupantes, pero para abordar correctamente sus causas es necesario estudiar lo que lleva ala ciudadanía a opinar de la manera que lo hace. Una revisión integral debiera incluir también que se avance en la reforma procesal civil.