Fundación Fuerza Ciudadana impugna legalidad de bono PMG recibido por el Presidente Boric y exige restitución de fondos
Fundación Fuerza Ciudadana impugna legalidad de bono PMG recibido por el Presidente Boric y exige restitución de fondos U n bono que aumentó de $7 millones a $10 millones su sueldo, fue lo que recibió el presidente Gabriel Boric. En específico, se trata del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) que aplica a todos los servidores públicos. Por esto, la controversia por las remuneraciones en el Palacio de La Moneda ha escalado al plano administrativo.
Este jueves, la Fundación Fuerza Ciudadana, encabezada por el abogado y excandidato republicano Raimundo Palamara, ingresó una solicitud de pronunciamiento jurídico ante la Contraloría General de la República (CGR). El objetivo es que el organismo fiscalizador determine si el pago del bono asociado al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) al Presidente Gabriel Boric se ajusta al principio de legalidad que rige el gasto público. La polémica estalló tras revelarse que el Mandatario percibió un incremento significativo en sus ingresos debido a este incentivo, el cual se otorga tradicionalmente a los funcionarios públicos por el cumplimiento de objetivos institucionales.
En el caso de Boric, este beneficio elevó su sueldo mensual -que ronda los 7 millones de pesosa una cifra cercana a los 10 millones de pesos durante los meses en que se hizo efectivo el pago.
Los argumentos de la impugnación El libelo presentado por la fundación argumenta que el Presidente de la República, dada su naturaleza de autoridad de elección popular, no forma parte de la Escala Única de Sueldos ni posee un grado de planta o contrata dentro de la administración civil del Estado.
Según el escrito, la Ley 19.553, que regula el PMG, delimita taxativamente que este beneficio es aplicable solo a los funcionarios de carrera de los servicios públicos. "El Jefe de Estado tiene un vínculo de carácter constitucional y político, no funcionario. La normativa vigente no contempla que la máxima autoridad del país sea sujeto activo de este tipo de asignaciones variables", sostiene el requerimiento.
Además, mencionan que el artículo 38 bis de la Constitución establece que la remuneración presidencial debe ser fijada por una comisión especial, y que en las resoluciones de dicho consejo no se menciona la prerrogativa de obtener bonos por desempeño.
Detalles del pago y defensa oficial Desde la Presidencia han salido al paso de las críticas explicando que el beneficio corresponde a un 18% de las remuneraciones permanentes y que fue distribuido de manera trimestral durante el año 2025 (marzo, junio, septiembre y diciembre). A diferencia del resto de los funcionarios públicos, que pueden recibir hasta un 30,6%, el porcentaje aplicado al Mandatario es menor. En cuanto a las metas que justificaron el pago, se informó que el Presidente cumplió con el 99,44% de los objetivos establecidos en 2024. Entre los criterios evaluados destacaron la ejecución de políticas con enfoque de género, gestión sustentable, transformación digital y eficiencia en la calidad de los servicios. Pese a estas explicaciones, Fuerza Ciudadana insiste en que existe una "vulneración flagrante al principio de legalidad y probidad", puesto que lo que no está expresamente permitido por ley para una autoridad, está prohibido. Peticiones concretas La denuncia presentada no solo busca una aclaración, sino que incluye tres exigencias directas a la Contraloría: Declarar la improcedencia del gasto por falta de sustento legal. Ordenar la restitución inmediata de los montos percibidos por el Presidente, debidamente reajustados. Determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios de la Dirección de Presupuestos (Dipres) o de la propia Presidencia que autorizaron el desembolso de estos fondos. Finalmente, la organización solicitó que, de confirmarse un perjuicio fiscal, los antecedentes sean remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para las acciones legales correspondientes.
El caso queda ahora en manos del Contralor, quien deberá dirimir si el Presidente de la República puede ser evaluado y premiado económicamente bajo la misma lógica que un funcionario administrativo de carrera.. · La organización, liderada por el exrepublicano Raimundo Palamara, sostiene que el mandatario no es un funcionario de planta ni a contrata, por lo que el pago de incentivos por cumplimiento de metas carecería de sustento jurídico. El beneficio elevó la remuneración del jefe de Estado a los 10 millones de pesos