Autor: isabel charlín reyes icharlin@ladiscusion.cl

Debate sobre el aborto en Ñuble cruza salud, derechos y convicciones
Debate sobre el aborto en Ñuble cruza salud, derechos y convicciones foto: archivo En uno de los anuncios más significativos de la Cuenta Pública 2024, el Presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó el ingreso al Congreso de un proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación.
La iniciativa, que tardó un año en ver la luz, fue elaborada por los ministerios de la Mujer y de Salud, y busca instalar un debate nacional honesto y pluralista sobre lo que el Ejecutivo considera una deuda pendiente en materia de derechos reproductivos y salud pública.
El texto legal presentado ayer ante la Cámara de Diputadas y Diputados, plantea una transformación profunda del actual marco normativo, limitado desde 2017 a solo tres causales -riesgo de vida materna, inviabilidad fetal y violación-, y apunta a consagrar la autonomía de las mujeres como eje rector de la política pública en esta materia. Según explicó el gobierno, el proyecto busca habilitar legalmente la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, sin necesidad de acreditar causales específicas. No elimina las disposiciones actuales, sino que las amplía, manteniendo también las normas de objeción de conciencia del Código Sanitario, aunque se anuncia una futura modificación a su reglamento para evitar abusos. “La clandestinidad del aborto ha sido la norma para miles de mujeres en Chile por décadas”, sostuvo la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Datos oficiales estiman que entre 40 mil y 170 mil abortos se realizan anualmente fuera del marco legal. En paralelo, entre 2012 y 2022 se abrieron 444 investigaciones por aborto consentido, muchas incluso tras abortos espontáneos. El Ejecutivo recalcó que no se trata de “promover el aborto”, sino de regularlo desde una perspectiva sanitaria y de derechos. En ese sentido, la iniciativa incluye medidas de acompañamiento, información oportuna y acceso garantizado a servicios médicos seguros. Pese a las divisiones políticas, el gobierno insiste en que el país está preparado para discutir el aborto legal sin caricaturas ni imposiciones.
La última encuesta CEP (marzo-abril 2025) reveló que un 83% de la ciudadanía respalda la legalidad del aborto en diversas circunstancias, lo que fortalece el argumento del Ejecutivo de que éste es un debate maduro y necesario.
Además, en paralelo a este proyecto, se han fortalecido políticas en salud sexual y reproductiva, como la atención integral de víctimas de violencia sexual, la reducción del precio de anticonceptivos y mejoras en la cobertura de Fonasa. “Podemos caminar y mascar chicle a la vez”, insisten desde La Moneda, en referencia a que la agenda social no se detiene por abrir el debate sobre el aborto legal. La propuesta ha generado reacciones diversas en el mundo político, especialmente entre las dirigentas y parlamentarias de Ñuble. Francisca Leyton, presidenta regional del Frente Amplio, expresó un apoyo categórico al proyecto. “Este es un avance histórico en materia de derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres hemos estado al frente de esta lucha por años, y hoy damos un paso más para que el Estado deje de castigarnos y comience a protegernos”, afirmó. A juicio de Leyton, el aborto legal es una demanda legítima y urgente que involucra no solo la libertad personal, sino también la equidad en el acceso a la salud. Una postura similar sostuvo Yesenia Figueroa, presidenta regional del PPD, quien recalcó la necesidad de poner fin a la criminalización de mujeres por decidir sobre sus cuerpos. “No podemos seguir siendo tratadas como delincuentes. Este debate es también sobre desigualdad social, porque hoy abortar de forma segura depende del nivel económico de cada mujer”, declaró. Figueroa también llamó a abrir la discusión, reconociendo que aún no hay mayoría parlamentaria, pero sí un mandato ético de representatividad. Por su parte, Ximena Salinas, exseremi de Salud y militante del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), manifestó una posición más moderada. Si bien defendió con convicción las tres causales actualmente vigentes, y el rol del Estado en su garantía, advirtió que la despenalización total del aborto aún no cuenta con consenso amplio. “Reconocer matices en este debate no significa relativizar derechos, sino enriquecer la discusión democrática”, señaló, respaldando la idea de avanzar con diálogo y sin consignas vacías. Desde el otro extremo del espectro, las voces del oficialismo regional y de la derecha han sido duramente críticas. Sara Concha, diputada y presidenta nacional del Partido Social Cristiano, acusó al gobierno de estar “desconectado” de las verdaderas prioridades del país. “Impulsan un aborto libre mientras hay proyectos sociales estancados por falta de financiamiento. La vida se defiende y eso es intransable”, declaró tajantemente, reafirmando su oposición frontal a cualquier forma de interrupción voluntaria del embarazo. En la misma línea, la diputada UDI Marta Bravo, calificó la propuesta como “un intento ideologizado” que no responde a las urgencias ciudadanas. “Ya tenemos una ley de tres causales. Insistir en este tema es distraer al Congreso en medio de crisis como la seguridad o la economía”, afirmó.
Para Bravo, la insistencia en el aborto legal “es una provocación innecesaria que polariza al país en momentos críticos”, aseveró. el aborto “sin causales” fue una promesa de campaña del actual gobierno del presidente gabriel Boric. Oposición cuestiona prioridades Debate en Ñuble: posturas encontradas. Texto deberá sortear un camino legislativo complejo, sin mayorías claras para aprobarlo. Sin embargo, su presentación marca un antes y un después en la discusión sobre derechos reproductivos. Gobierno presentó ayer proyecto que lo permite hasta las 14 semanas