Autor: MARÍA JOSÉ TAPIA

Intervenir servicios críticos, agencia de datos y mejorar la Dipres... EL ESTADO 2.0 QUE PROPONEN EL CEP, U. CATOLICA Y LA CPC
Intervenir servicios críticos, agencia de datos y mejorar la Dipres... EL ESTADO 2.0 QUE PROPONEN EL CEP, U.
CATOLICA Y LA CPC tucionalidad; Presupuesto, control del gasto y responsabilidad fiscal; Gobierno y transformación digital; Profesionalización del empleo público y fortalecimiento directivo, y Transparencia y Probidad. "Sujeto al vaivén económico y político que enfrente el Gobierno y las prioridades que tenga, creemos que lo que está aquí podría ser compatible con una agenda de 100 días", subraya Gamboni. "Nuestras propuestas, habiendo muchos temas, tratan de dialogar con la agenda política del actual gobierno", agrega Irarrázaval. De hecho, los investigadores se han centrado en aquellas medidas que requieren trámites administrativos o leyes que ya están en el Congreso.
Plan para servicios públicos esenciales Elegir entre cinco y diez servicios públicos y someterlos a un plan de mejora de su gestión, para resolver problemas que limitan su eficiencia, es una de las primeras propuestas del informe. Los investigadores señalan que se debiera priorizar aquellos que tienen mayor incidencia en la tramitación de permisos. Y una alta relación con usuarios. Dentro de ese listado estarían las seremías de Salud, las direcciones de Obras, la DGA, el Consejo de Monumentos Nacionales, entre otros. A ellos se podrían sumar Fonasa, Compin, el SII, el Sernac, Registro Civil, entre otros.
Un equipo determinado --vía un instructivo presidencial que los respalde-debiera instalarse en el servicio público y elaborar un diagnóstico que identifique los nudos críticos. "En algunos casos, los nudos estarán radicados en ciertas oficinas; en otros, serán determinados procesos; y en no pocos, en conductas inerciales arraigadas en prácticas internas", se lee en el reporte.
A esta medida se suman mejoras a procesos administrativos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde se incluye la simplificación de las Declaraciones de Impacto Ambiental para evitar exigencias propias de una Evaluación de Impacto Ambiental; al igual que los permisos sectoriales, donde se apunta a reemplazar permisos por declaraciones juradas. Un análisis de la CPC a 382 Estado entra en una espiral de lo imposible. Pese a existir consenso técnico en muchas áreas, la decisión política no llega porque las necesarias reformas aparecen como imposibles.
Y entonces se dejan para el último año, cuando las propuestas son testimoniales", dice Soto. "La única forma de salir de la espiral es que los gobiernos se comprometan con una agenda lo más temprano posible", agrega.
Son quince propuestas estructuradas en seis capítulos: Eficiencia regulatoria; Insti"D ar luces al nuevo gobierno respecto a iniciativas viables que se pueden emprender en un plazo relativamente breve y en ámbitos acotados de intervención". Esta fue la tarea que hace meses se impusieron la CPC, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y el CEP para abordar una temática que lleva décadas buscando solución: la modernización del Estado. La CPC participa en el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado creado en 2018.
Y al acercarse el final del período, se percataron de que en el programa del Presidente Kast el tema estaba implícitamente. "Creímos que era importante hacerlo presente", señala el director de Políticas Públicas de la Confederación, Cristóbal Gamboni. Contactaron al vicepresidente del Consejo y director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval. Y luego se sumaron los investigadores del CEP: el expresidente del CFA Jorge Rodríguez Cabello y el abogado Sebastián Soto.
Elaboraron un documento de 90 páginas "Modernizar el Estado: Una agenda prioritaria de corto plazo", que se presentará el 27 de abril en la UC, tras lo cual gestionarán entregárselo al Gobierno. "Muchas veces, en los primeros meses de un nuevo gobierno el tema de la modernización del Intervenir servicios críticos, agencia de datos y mejorar la Dipres... EL ESTADO 2.0 QUE PROPONEN EL CEP, U.
CATÓLICA Y LA CPC "Modernizar el Estado: Una agenda prioritaria de corto plazo" será entregada al Gobierno: Se trata de una agenda corta --"compatible con los primeros 100 días" de gobierno, dicen--. Son 15 propuestas que van desde la profesionalización del empleo público hasta los bonos y subsidios por incapacidad laboral. Y que presentarán públicamente el 27 de abril.
Ante un escenario de estrechez fiscal, plantean que un consejo asesor independiente haga un análisis externo a la Dirección de Presupuestos. · MARÍA JOSÉ TAPIA Pese a existir un consenso técnico en muchas áreas, la decisión política no llega porque las necesarias reformas aparecen como imposibles. Y entonces se dejan para el último año". SEBASTIÁN SOTO INVESTIGADOR DEL CEP Hoy hay cosas absurdas desde el punto de vista del ciudadano en que el mismo Estado le pide datos que tiene.
Además, entre servicios a veces no se comparten la información". JORGE RODRÍGUEZ EX-CFA E INVESTIGADOR CEP FELIPE BAEZ El análisis considera que las normas que rigen el empleo público son un elemento fundamental para la gestión del Estado.
Hoy, señalan, hay desafíos en materia de ingresos por desigualdad en regímenes de contratación, en desarrollo de carreras y en el egreso por, entre otras cosas, la inamovilidad de funcionarios de planta. "Sin duda que estos desafíos van más allá de una agenda corta de modernización", subrayan, aunque destacan propuestas que sí pueden abarcarse en un plazo menor. n MODERNIZAR SISTEMA DE CONTRATA, que se considere un período inicial a plazo fijo, con extensión sujeta a evaluación y con la posibilidad de adquirir carácter de indefinido después de cinco años.
Asimismo, para los indefinidos posterior a cinco años considerar como posible causal de desvinculación "las necesidades de la institución". Se plantea también la creación explícita de un estamento de personal de confianza política, que entraría sin concurso y cuya duración en el cargo no sería superior a la de la autoridad que lo nombró, y sin derecho a indemnización. n TODO ELLO, JUNTO A FORMALIZAR UN PROCESO DE PROMOCIÓN vía concurso, y potenciar la movilidad horizontal.
Además de establecer que los cargos de planta se extinguen en la medida en que vayan quedando vacantes cuando su titular cese sus funciones. "Además, tenemos que mejorar las capacidades digitales de los funcionarios", subraya Irarrázaval.
Para alcanzar todo ello, los investigadores proponen enviar un proyecto de ley que se acote a las medidas antes señaladas, que "tienen un mayor consenso técnico". El estudio también propone fortalecer los convenios de desempeño, ya que advierten que hoy estos bonos son más que un incentivo a mejorar la gestión, parte del sueldo.
Para ello, recomiendan dotar de mayor capacidad de gestión y facultades a la Dirección Nacional del Servicio Civil, para que en forma conjunta con Dipres, pueda mejorar la formulación de estos convenios. n CRISIS DEL PODER JUDICIAL también es parte del estudio. El análisis apunta a reformar el gobierno judicial y el nombramiento de jueces.
Se propone impulsar el proyecto que ya está en el Congreso, donde se crea un nuevo Consejo de Nombramientos de unos cinco miembros que reúna a personas capaces de ponderar adecuadamente los méritos de los distintos postulantes. n Y POR ÚLTIMO, RETOMAR UNA AGENDA CORTA DE PROBIDAD MUNICIPAL e incentivar el uso eficiente de los subsidios por incapacidad laboral.
Hoy, de los siete puntos que se cotizan obligatoriamente para salud, el sistema de licencias médicas absorbe en torno a 3,2 puntos. "El mal uso del beneficio de los SIL debe combatirse con una mayor fiscalización para evitar fraudes. Pero dicho esfuerzo no será suficiente si el diseño del sistema genera incentivos perversos", dicen.
Dentro de las medidas están poner un límite a la duración de las licencias que dan derecho a pago --plantea un período de carencia de dos días--, disminuir la cobertura del beneficio para que el paciente tenga mayores incentivos a retomar su trabajo, y el empleador asuma parte del costo de la licencia, junto con homologar la regulación del sector público con el privado, "que actualmente es más generosa para el primero en cuanto a la remuneración a pagar por día de licencia". Empleo público: régimen de contrata y causal de despido Sebastián Soto, Cristóbal Gamboni, Ignacio Irarrázaval y Jorge Rodríguez Cabello.. Intervenir servicios críticos, agencia de datos y mejorar la Dipres... EL ESTADO 2.0 QUE PROPONEN EL CEP, U.
CATOLICA Y LA CPC permisos identificó 16 trámites que se pueden eliminar por duplicidad, y 170 permisos --un 45% del total-que podrían operar bajo una declaración. "Para facilitar la gestión del aparato público, es imprescindible introducir mayor flexibilidad a la gestión orgánica, tanto al interior de los servicios públicos como a nivel de ministerios y subsecretarías", dice el reporte.
En este sentido, proponen permitir que los jefes de servicios tengan la atribución de gestionar la orgánica de sus entidades, además de autorizar al Presidente de la República para que, en los primeros meses de su mandato, pueda dictar disposiciones con fuerza de ley que modifiquen el número y denominación de los ministerios y subsecretarías, así como la dependencia jerárquica de los servicios.
Agenda de políticas públicas Hoy existe un proyecto de ley --en segundo trámite en el Senado-para crear la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad. "Se ha logrado reunir consenso en torno a su importancia", se lee en el escrito.
Esta agencia tendría, entre sus funciones, la evaluación de políticas, planes y programas; la definición de lineamientos para la evaluación ex ante y ex post, y la formulación de propuestas para la simplificación normativa y el aumento de la productividad. Debiese contar con un órgano colegiado de probada calidad técnica y de respaldo político transversal.
La agencia podría acceder a información relevante y oportuna de otros servicios, amonestando --con incluso multas-a los jefes de servicio que no cumplan. "Es clave que la agencia cuente con presupuesto y equipo profesional adecuado para las tareas que se le encargan", subrayan. Al igual que el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado que llaman a fortalecer.
Hoy, las recomendaciones del Consejo no son vinculantes, la propuesta sugiere establecer el principio de "cumplir o explicar" por parte de la autoridad que recibe sus propuestas, para aumentar su probabilidad de incidencia; además de reducir de 15 a nueve sus directores.
Si bien estas cosas se pueden hacer vía administrativa, para el largo plazo recomiendan evolucionar de un consejo asesor por decreto a una institución autónoma por ley, como lo es el Consejo para la Transparencia o el Consejo Fiscal Autónomo.
Consejo independiente que evalúe la Dipres "La Dipres no ha realizado en mucho tiempo un análisis exhaustivo e integral con una mirada externa respecto de su organización y capacidades para hacer frente a su misión", señala el informe.
Ello --se lee-en un contexto más desafiante, donde existe un Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que exige un mayor escrutinio a su labor, además de una situación fiscal estrecha, y donde hay mayor exigencia de rendición de cuentas de las políticas públicas.
La propuesta para la agenda corta consiste en elaborar una estrategia de modernización en un plazo no mayor a seis meses. "La Dipres es uno de los servicios públicos fundamentales porque le toca hacer una especie de control de gestión sobre todos los demás sectores del Gobierno, entonces si ese organismo queda rezagado incide negativamente en todo el resto o al revés", dice Jorge Rodríguez.
Así, se plantea elaborar un diagnóstico institucional, por parte de una entidad externa que identifique sus funciones, evalúe su gestión en proyección de gasto, de ingresos, gestión presupuestaria, manejo de activos, la información que se comunica interna y externamente a usuarios como CFA y comisiones del Congreso Nacional, etc. Se propone conformar un consejo asesor experto --de unos 5 a 7 integrantes-que valide el diagnóstico y priorice las propuestas de modernización. Este consejo terminaría su labor con un informe de propuestas y un plan de acción para su implementación.
La modernización de Dipres iría acompañada de la optimización del proceso de ejecución de la inversión pública, mediante la automatización del proceso de identificación de proyectos, a través de bases de datos compartidas en línea y con formatos estándares para las reparticiones involucradas. Ello, junto con aumentar los incentivos a los servicios para ejecutar el presupuesto en inversión. De no ser así, se propone reducir el gasto total autorizado a esa repartición. Sistema nacional de gestión de datos "Hoy hay cosas absurdas desde el punto de vista del ciudadano en que el mismo Estado le pide datos que tiene. Además, entre los servicios a veces no se comparten la información para hacer buenas políticas públicas", señala Jorge Rodríguez. Para evitar esto, los investigadores proponen la creación de un sistema nacional de gestión de datos, un proyecto que está en primer trámite constitucional en el Congreso. La iniciativa tiene por finalidad que los órganos del Estado y las entidades privadas, cuando corresponda, gestionen y compartan datos e información en una infraestructura de información interoperable.
El proyecto plantea dos etapas: la creación de la infraestructura tecnológica necesaria para la interoperabilidad de los datos, y la segunda, una estandarización y acceso a los datos para fines estadísticos y de investigación, a cargo del INE. A ello se suma el fortalecimiento del equipo profesional de la Secretaría de Gobierno Digital, con más presupuesto y personal. Otras propuestas incluyen una identidad digital soberana más allá de ClaveÚnica. Apuntan a potenciarla y mejorar su uso, partiendo por endurecer la versión actual con mecanismos antiphishing, mejor trazabilidad, e incluso autentificación en dos factores.
En el mediano plazo, se debe avanzar hacia una identidad compatible con billeteras digitales. "Esto permitirá al ciudadano portar sus atributos (licencias, títulos, beneficios) con seguridad criptográfica, reduciendo el fraude y habilitando la economía digital privada", dicen.
Y agregan: "El Registro Civil debe pasar de ser un impresor de cédulas a ser también un certificador de atributos (en formato digital)". "Podemos simplificar por ley ciertos trámites, pero si la ClaveÚnica digital no tiene el nivel de seguridad pertinente, si la interconectibilidad de los sistemas informáticos del Ministerio del Medio Ambiente no está dialogando con el MOP, vamos a estar complicados. Necesitamos una transformación digital adecuada o si no, hay cosas que no se van a poder implementar rápidamente", cierra Irarrázaval.
Sujeto al vaivén económico y político que enfrente y las prioridades que tenga, creemos que todo lo que está aquí podría ser compatible con una agenda de 100 días". CRISTÓBAL GAMBONI DIRECTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA CPC Podemos simplificar por ley ciertos trámites, pero si la ClaveÚnica digital no tiene el nivel de seguridad pertinente, si los sistemas informáticos de Medio Ambiente no dialogan con los del MOP, vamos a estar complicados". IGNACIO IRARRÁZAVAL DIRECTOR DEL CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UC. - - - - -