Editorial: Avances en inclusión
Editorial: Avances en inclusión S egún el Estudio Nacional de Discapacidad, 2,7 millones de personas adultas viven con alguna discapacidad fisica o mental. La mitad tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar en forma autónoma actividades esenciales de la vida cotidiana. La participación laboral de esas personas sigue siendo limitada, pese a los avances con algunas legislaciones. En Chile se han gestionado avances normativos que buscan eliminar la discriminación arbitraria.
Pese a esto, las personas en situación de discapacidad aún enfrentan barreras significativas en materia de accesibilidad, empleo y educación, sumado a que la infraestructura de los espacios públicos no está diseñada para responder a sus necesidades, lo que genera exclusión y dependencia. La ley Nº 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, comenzó a regir el 1 de abril de 2018. Además, busca proteger la inclusión laboral de personas con discapacidad en el ámbito público y privado.
Es cierto que las legislaciones sobre inclusión ha ayudado a los discapacitados, pero aún falta por avanzar, en especial respecto a la fiscalización de cuotas de contrataciones de personas en empresas y en igualdad de condiciones económicas. Además, una normativa puede transformarse en letra muerta si no hay un compromiso para incluir a ese segmento de la población, respetar sus derechos y darle las oportunidades necesarias. Además, el estigma y falta de conciencia social refuerzan prejuicios que obstaculizan una integración plena. Por lo mismo, la inclusión debe ir más allá de lo legislativo y fomentar una cultura que valore las habilidades de cada individuo. Esta es una responsabilidad del Estado. No basta con avances normativos, es necesario implementar estrategias efectivas, asignar presupuestos adecuados y fomentar un cambio cultural que garantice que nadie se quede atrás. La ley incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.. Una normativa puede transformarse en letra muerta si no hay un compromiso cultural de la ciudadanía. E Editorial