MINISTRO DE ENERGÍA Y CRÍTICAS DE LA INDUSTRIA: “Veo cierta intransigencia en la manera en que han reaccionado”
MINISTRO DE ENERGÍA Y CRÍTICAS DE LA INDUSTRIA: “Veo cierta intransigencia en la manera en que han reaccionado” Diego Pardow enfrenta cuestionamientos alproyecto del Ejecutivopasado. JESSICA MARTICORENANuestros ingresos fiscales son los que son.
O encontramos una manera de hacer crecer el subsidio sobre la base de nuevos ingresos, o será en contra del gasto en seguridad, en salud, en educación”. l proyecto de subsidio eléctrico se ha convertido en un punto de discordia entre el Gobierno y un sector de la industria eléctrica.
El conflicto radica en que los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), minicentrales de generación eléc-trica de hasta 9 MW de capacidad, principalmente de energías renovables, tendrán que aportar al subsidio que busca cubrir a 4,7 millones de hogares, entre 2025 y 2027.
La propuesta original del Ejecutivo implicaba que este segmento de empresas tenía que contribuir a través de un cargo al régimen tarifario al que se acogen estos proyectoscon US$ 450 millones en el período, la mitad de los US$ 900 millones que costaba el subsidio para aliviar el alza en las tarifas eléctricas. La iniciativa activó una gran molestia de inversionistas, bancos internacionales y desarrolladores, por lo que consideran una vulneración de derechos. El miércoles, el Gobierno presentó indicaciones que reducen en casi un 60% el aporte que se requiere de este grupo de empresas, “desde US$ 450 millones a US$ 200 millones. En el global, el costo total del subsidio pasa de US$ 900 millones a US$ 650 millo-nes”, detalla el ministro de Energía, Diego Pardow.
Menciona que aunque “en términos reales, las tasas de uso de las políticas sociales difícilmente alcanzan al 100%, vamos a intentar llegar a los 4,7 millones de hogares”. La nueva propuesta del Ejecutivo también considera la posibilidad de utilizar los montos pagados por los PMGD como crédito para descontarlos de futuras compensaciones; además de posponer el aporte de las centrales durante su primer año de operación; la exención para las pymes propietarias de centrales; y un incentivo tributario para la inversión en sistemas fotovoltaicos para autoconsumo en empresas de menor tamaño. Según el nuevo cronograma de la iniciativa, “el 15 de noviembre deberíamos estar saliendo de la Cámara”, prevé Pardow.
Los PMGD dicen que se sigue afectando significativamente su viabilidad financiera. ¿Qué responde?“Veo cierta intransigencia en la manera en que han reaccionado, plantean que es un tema de principios”. ¿Y, a su juicio, no lo es?El estadounidense Robert Bryce, experto en energía, dijo que el hidrógeno verde es una forma muy costosa de reducir emisiones y de descarbonizar, porque es mucho más caro de lo que se había proyectado. ¿Qué responde?“Esta industria siempre ha tenido partidarios y detractores. El proceso productivo del hidrógeno verde internaliza las externalidades, y el mejor ejemplo es el combustible sintético, que captura el carbono antes. El combustible tradicional traspasa esa externalidad a todos los habitantes del planeta. Si el proceso internaliza sus externalidades, por definición es más caro. El hidrógeno verde en el mercado internacional depende en buena medida de la voluntad que tengan los países industrializados para avanzar en instrumentos correctivos que obliguen a los combustibles fósiles a internalizar sus externalidades. En el último tiempo ha habido un conjunto de elecciones que privilegian gobiernos conservadores, con menor ambición climática y disposición a establecer este tipo de instrumentos.
Eso influye en las expectativas de demanda de corto plazo”. “Esto no es un tema de principios, no es una discusión académica, es un problema real de cómo conseguimos llegar con una ayuda a familias a las que les cuesta llegar a fin de mes, y cómo acompañamos un proceso de estabilización que es fundamental para nuestro país, de la mejor manera posible. Esta industria, una de las ventajas que ha tenido, es construirse sobre la base de consensos. Esos consensos se construyen cuando las personas que piensan distinto son capaces de moverse respecto de su posición inicial, no se construyen con intransigencias. Esta posición inicial espero que la reconsideren”. ¿Los privados no quieren que les toquen el bolsillo?“Pareciera, de lo que uno observa de las últimas declaraciones. Sin un período de análisis muy extenso, decidieron manifestarse en contra.
Hemos ido recibiendo observaciones constructivas que se han incorporado en este proceso de indicaciones y esperaría que el debate sea más constructivo”. Este subsidio se genera porque el Estado adquirió una deuda con las generadoras por más de US$ 6 mil millones. ¿Por qué un subsector eléctrico debe financiarla?“Somos un gobierno responsable, pragmático, realista, y uno tiene que mirar la situación. Nuestras finanzas públicas muestran que no hay espacio para mayor gasto, salvo que uno genere nuevas fuentes de in-greso. De hecho, el último informe de Standard & Poors valora nuestras instituciones democráticas y la capacidad para hacer frente a los problemas reales, y eso implica mirar las cosas con cierto pragmatismo. Uno no saca nada con asumir que hay holguras fiscales donde no las hay. Hace semanas, se planteó que quizá había que explorar que se reasignaran gastos por parte del Ministerio de Energía, que tiene un presupuesto anual de US$ 50 millones. Podría cerrar el ministerio por fuera y no alcanza ni a un décimo de la cobertura de este programa. Esto hay que enfrentarlo con realismo, no con peticiones de principios”. ¿Falta sensibilidad del sector privado?“No me corresponde calificar la posición de la industria, sí invitarla a un diálogo más constructivo. Se trata de lo que necesitan las familias más vulnerables para llegar a fin de mes, en un contexto de alzas que son necesarias para la estabilidad del sistema.
Tenemos la convicción de que el paquete de indicaciones permite que este acompañamiento se haga sin que tenga impactos permanentes, porque se disminuye un 60% la carga y se establece un período de recuperación”. Según los privados, no les corresponde asumir el costo de algo que no generaron.
“Cuando uno utiliza argumentos de ese tipo, es importante que haya consistencia ycoherencia con las propias posiciones y opiniones que ha tenido en el pasado”. ¿No hay coherencia en la industria?“Los gremios plantean observaciones al principio de autocontención, que implica que los recursos no vengan de rentas generales, sino del propio sector.
Hay que revisar la historia de la ley PEC 2, que estableció el cargo por servicio público, que pagan principalmente los grandes consumidores eléctricos, que es recaudado a través del Coordinador Eléctrico Nacional y se va a un fondo, no pasa por rentas generales de la nación, a efectos de apoyar el proceso de normalización tarifaria.
Ahí concurrió particularmente Acera y ellos valoraron el cargo por servicio público, precisamente, porque los recursos no pasan por rentas generales de la nación y se quedan dentro del mismo sistema eléctrico”. Ahora se dice que es inconstitucional. “Hay una inconstitucionalidad por conveniencia, eso le hace mal a la democracia. Es muy importante que cuando participamos en la discusión pública, seamos responsables con lo que hemos opinado antes. Lo mismo ocurre con los PMGD.
Hace seis meses o un año, el Coordinador Eléctrico, otras asociaciones gremiales, como las pequeñas hidroeléctricas, y otros miembros de Acera que hoy decidieron dejar la asociación se manifestaban críticos respecto de la regulación y promovían un cambio mucho más intenso.
El Ejecutivo está proponiendo un cambio hacia el futuro, parcial y transitorio”. Igualmente, ¿no es un cambio en las reglas del juego para los que ya invirtieron?“Esto es un cambio, lo que propuso el Coordinador Eléctrico, a finales del año pasado, o lo que han promovido otras asociaciones gremiales u otros miembros de Acera es un cambio total y permanente. Cuando se trata de establecer como consenso algo que hace seis meses estaba claramente en entredicho, es algo que le hace mal a la discusión pública.
Hay que ser más coherente con opiniones anteriores”. Z E R É P A N E R A C A MLa normativa se modificó en 2020 y extendió el régimen de las PMGD hasta 2034. ¿Este cambio que propone el Ejecutivo, no daña la certeza jurídica, la imagen de Chile como destino de inversión?“Acabamos de cerrar el proceso de la Ley de Estabilización, con la emisión de instrumentos financieros a través del BID, y fue muy exitoso. Inversionistas institucionales de todo el mundo participaron y recibimos ofertas por más de cinco veces el valor de la oferta. Ellos valoran la seriedad y rigurosidad con la que Chile está llevando adelante su proceso de estabilización”. Las empresas pueden iniciar arbitrajes internacionales, recurrir al Ciadi. “Todas las empresas tienen derecho a ejercer sus derechos. Hay que tener claro que cada vez que se introducen nuevos mecanismos de financiamiento de una política social, se establecen nuevos instrumentos y reglas distintas a las existentes.
Pero el impacto económico después de las indicaciones atiende a las observaciones que recibimos”. El Gobierno pudo descongelar tarifas en agosto de 2022, no lo hizo y la deuda subió, y hoy necesita más recursos para el subsidio. ¿Hay una responsabilidad?“Siempre he estado disponible a tener esa conversación, pero no altera en nada el hecho de que hoy tenemos que acompañar este proceso con la situación de finanzas públicas que tenemos”. El Gobierno aporta el IVA que dejaría de ganar por el alza de tarifas, pero no pone recursos directamente. ¿No debiera saldar la deuda que contrajo?“¿ Esa conversación va a hacer que haya más dinero en el Presupuesto de la Nación? Ese ejercicio en nada aporta respecto de la solución del problema. Nuestros ingresos fiscales son los que son. O encontramos una manera de hacer crecer el subsidio sobre la base de nuevos ingresos, o será en contra del gasto en seguridad, en salud, en educación. Y el Gobierno no está disponible”. Privados dicen que esta es una reforma tributaria encubierta.
“Este proyecto de ley se construye sobre la base de un consenso explícitamente establecido en un artículo transitorio de la Ley de Estabilización, que dice que se formará una mesa técnica para ampliar el subsidio con nuevas fuentes de financiamiento. Esas fuentes se hacen con reglas que cambian el estado de situación existente. Estamos discutiendo nuevos mecanismos de financiamiento. Y ese proceso fue transparente”. La “permisología” se ha vuelto un punto crítico para el desarrollo de proyectos.
Acera propuso un sistema alternativo de evaluación ambiental para proyectos renovables. ¿Es viable?“Hay una discusión en curso para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y es legítimo que aquellos proyectos que son determinantes en la transición energética puedan realizarse con cierta prioridad a los demás. Obviamente, la gran minería puede mencionar que sus proyectos son fundamentales para el progreso económico del país, y esa discusión es importante tenerla en el contexto de la reforma al SEIA. Nuestros procesos administrativos pueden mejorar en forma sustancial.
Sería ideal que losproyectos tuvieran menos iteraciones y la tramitación durara mucho menos, como también permisos que están duplicados y hay que tratar de simplificar, y que la exigencia de permisos sea graduada en relación al impacto que genera el desarrollo específico; proyectos con bajo impacto debieran tener menos exigencias”. sistema. También tenemos que ser capaces de funcionar con herramientas que tenemos administrativamente.
Y ejemplo de aquello es que en esa misma región (Antofagasta), con ese mismo titular (Colbún), trabajamos en conjunto para cambiar el sistema de carga sobredimensionada para el proyecto Horizonte, las escoltas que acompañan el transporte de aerogeneradores.
Nuestro sistema era burocrático y lento; se estableció un piloto para Antofagasta, ahora se está implementando en Biobío”. Un ejemplo es la central Paposo, de US$ 1.400 millones, que Colbún retiró del sistema, luego que el director regional dispusiera el término anticipado.
“Nuestra expectativa es que Paposo reingrese al SEIA y haya muchos más proyectos de almacenamiento por bombeo, porque son importantes para el“Que el rol de Carabineros, en vez de acompañar¿ Qué implicó ese cambio?cada convoy, ahora supervisa a quién lo acompaña.
Esa medida despeja a funcionarios policiales para tareas de seguridad, que son prioritarias, y permite que sea más rápido el transporte de carga sobredimensionada”. Contraloría abrió un sumario al Consejo de Monumentos por irregularidades en la tramitación de solicitudes. ¿El CMN ha sido obstruccionista al desarrollo de los proyectos?“Evidentemente, el tiempo de tramitación del Consejo de Monumentos es demasiado extenso. No hay dos opiniones dentro del Gobierno.
No puedes tener un expediente de tramitación 900 días”. “El hidrógeno verde por definición es más caro”“Proyectos con bajo impacto debieran tener menos exigencias”EMinistro de Energía, Diego Pardow.. La autoridad destaca que las indicaciones reducen en casi 60% el aporte que las minicentrales de generación tendrán que hacer al subsidio que busca cubrir el alza de las tarifas eléctricas para 4,7 millones de hogares, entre 2025 y 2027. Reprueba la falta de un diálogo constructivo y de coherencia de la industria con sus propias opiniones en el