“Fraude social”: cómo el abuso de beneficios sociales lastra el gasto fiscal y las propuestas para combatirlo
“Fraude social”: cómo el abuso de beneficios sociales lastra el gasto fiscal y las propuestas para combatirlo "Eraiude sgtial": cómo el abuso de beneficios sociales Í lastra el gasto fiscal y las propuestas para combatirlo ue uno de los temas que "le quitaban el sueño" al exministro de Hacienda Mario Marcel.
Si bien el denominado auge del "fraude social" en Chile, como le llamó el exjefe de las finanzas públicas, es un fenómeno que se arrastra desde hace varios años, el debate sobre el tema en la esfera pública se ha logrado instalar con fuerza este año de la mano de la escuálida situación de la caja fiscal. "Hay temas ligados al (ataque del) fraude social, que es el abuso de ciertos beneficios sociales por ciertas personas que no lo necesitan, que me parecen bastante prometedores, sobre todo a medida que va evolucionando la tecnología y donde hoy el Estado, que tiene un conjunto de bases gigantes de datos, puede cruzar datos... e identificar casos de abuso", dijo Mario Marcel hace dos semanas en un conversatorio en la Universidad de los Andes con el exdirector de Presupuestos Matías Acevedo, a propósito de las medidas que puede adoptar el Estado para frenar el auge del fenómeno. "Los incentivos para hacer trampa al sistema son muy altos en Chile", alertó Matías Acevedo en el mismo conversatorio.
En la oportunidad, en una de sus últimas apariciones públicas antes de su renuncia a Hacienda la semana pasada, el exministro adelantó la pronta publicación del informe de una comisión de expertos que analizará el espacio de maniobra para revisar y ajustar el gasto público, un insumo que servirá para la discusión del Presupuesto del 2026. Se espera que el texto se dé a conocer la próxima semana e incluya un capítulo completo relacionado con la problemática del fraude con los beneficios sociales que recibe la ciudadanía. Además de Matías Acevedo, esa comisión está integrada por María José Abud, investigadora de Horizontal y docente en el Instituto de Economía de la Universidad.
“Fraude social”: cómo el abuso de beneficios sociales lastra el gasto fiscal y las propuestas para combatirlo El millonario mal uso de las licencias médicas en el sector público, el falseamiento de datos para obtener beneficios derivados del registro social de hogares y la gratuidad universitaria, y las altas tasas de evasión del Transantiago, despiertan la preocupación de Hacienda y los expertos, en medio del complejo escenario fiscal.
JULIO NAHUELHUAL Católica; Paula Darville, economista de la Universidad de Chile y oficial de Monitoreo y Evaluación en la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Chile; Sergio Granados, exdirector de Presupuestos; y Osvaldo Larrañaga, profesor de la Escuela de Gobierno de la UC. "Todavía pensamos como si fuéramos ricos", dijo Marcel en la oportunidad, en lo que fue un llamado a frenar el mal uso de los recursos públicos y a reconocer el grueso problema de déficit fiscal por el que atraviesa el país.
De hecho, la excandidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, había propuesto un pacto nacional contra el fraude social durante su campaña. "Nuestro gobierno tendrá en su mandato una máxima que haremos exigible a todos quienes trabajen en la administración. No mentir, no robar, no eludir el deber. Son cosas mínimas, cosas básicas para aspirar a ser un servidor público", dijo la exministra del Interior, quien fue derrotada en las primarias oficialistas por Jeannette Jara.
Las caras del fraude La primera alerta de proporciones sobre el incremento del abuso en los beneficios sociales estalló en mayo pasado cuando la contralora general de la República, Dorothy Pérez, reveló un informe que identificaba a 25.078 funcionarios públicos que viajaron al extranjero entre 2023 y 2024, pese a estar con licencia por enfermedad. Nuevos informes de Pérez indagaron, además, en los miles de viajes de funcionarios con licencia dentro de Chile y los malos usos de licencias de Carabineros y funcionarios de las Fuerzas Armadas.
El reciente estudio del CEP, titulado "En busca de espacio fiscal: líneas de acción para contener y priorizar el gasto público", identificó 20 espacios de ajuste de gasto fiscal por hasta US$6 mil millones y se detuvo especialmente en este tipo de abuso por sus implicancias en el gasto fiscal.
El gasto como porcentaje del PIB del Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL), que es un beneficio en dinero que reemplaza la remuneración del trabajador mientras este no pueda trabajar por contar con una licencia médica y que es de cargo del asegurador de salud (Fonasa o isapre), ha ido en fuerte aumento en los últimos años: entre 2015 y 2023 pasó de un 0,6% a un 1% del PIB. "Este aumento no se explica únicamente por un deterioro en la salud de la población, sino también por fallas estructurales, como una fiscalización fragmentada, incentivos mal alineados tanto para usuarios como profesionales de la salud, entre otros", afirma el estudio del CEP.
Si bien el mal uso también existe en el sector privado, el investigador del CEP Tomás de la Maza dice que el costo de los días de licencia "en exceso" que se toman los funcionarios públicos se sale de norma. "Usando los datos de nuestro estudio, en 2023 los funcionarios públicos se tomaron en promedio 11,7 días más de licencia en comparación con el promedio de trabajadores. Eso tiene un costo económico de más de US$700 millones", afirma De la Maza.
Otro autor del estudio del CEP, Gabriel Ugarte, complementa y calcula que el menor gasto -o su contención ligado al combate al abuso de las licencias médicas (reducir su uso, reducción del ausentismo del sector público, e igual el pago de licencias médicas hasta el tope imponible en el sector público) podría llegar al 0,35% del PIB.
Otra problemática que tiene un impacto en las finanzas públicas y que es parte del llamado "fraude social" para los expertos, es el aumento de la tasa de evasión del transporte público metropolitano, que hoy bordea el 40% y que hace dos décadas estaba bajo el 15%. Sin embargo, Matías Acevedo aterriza el costo para el Estado y dice que menos del 10% del costo del subsidio del Transantiago corresponde a evasión y propone reducir este fenómeno a través de medios electrónicos y cámaras de reconocimiento facial para detectar a los infractores. "Hoy tenemos un sistema de transporte (muy costoso) que tiene un nivel de calidad que es muy superior a lo que se cobra", complementa el exdirector de Presupuestos.
Acevedo va más allá y dice que una explicación al aumento del abuso de los beneficios sociales apunta a los malos incentivos y a que el Estado ha aumentado su entrega de ayudas a la población. "Hoy tienes un Estado que se hace cargo de más problemas sociales.
Hace una década no teníamos PGU, no teníamos un sistema de transporte como el que tenemos hoy con el Transantiago, no teníamos gratuidad en la educación superior y no teníamos acceso a muchos otros beneficios que se han ido creando en el tiempo. Entonces, hay una masa mucho mayor de gente que puede acceder a estos beneficios... La gente quiere acceder, quiere que le llegue", explica. Gratuidad en el foco Sin embargo, los problemas detectados en la entrega de la gratuidad en la educación superior concentran la mirada de los expertos.
Los beneficios de la gratuidad están dirigidos a las familias correspondientes al 60% de menores ingresos de la población y para determinar su calificación socioeconómica se utiliza como instrumento de focalización el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), el que es validado con los datos provenientes del Registro Social de Hogares (RSH). "No obstante, se han identificado problemas que distorsionan esta clasificación: la autodeclaración de la composición de los hogares genera una sobreacumulación en los tramos más bajos del RSH, y la existencia de trabajos e ingresos informales no capturados por las fuentes administrativas puede sobreestimar la vulnerabilidad de las familias pertenecientes al registro", sostiene el estudio del CEP, el que precisa que al realizar análisis comparativos entre la clasificación del FUAS y otras fuentes de información como el Censo o la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), se evidencian inconsistencias relevantes en la identificación de los beneficiarios. "Por ejemplo, se observa que el tamaño de los hogares en el RSH es sustancialmente menor al promedio observado en estas otras fuentes", afirma el estudio.
Los expertos creen que hay incentivos perversos para hacer "trampa" y declararse, por ejemplo, como hogares unipersonales en los registros, de manera de evidenciar una mayor vulnerabilidad socioeconómica y así no salir del tramo del 60% más pobre (hasta el sexto decil) de la población. "Hay personas que están accediendo a gratuidad en la educación superior que no deberían estar accediendo... Muchos rectores (de universidades) mencionan que prácticamente el decil siete desapareció", afirma Ugarte.
Tras un cruce de datos, el estudio del CEP detectó que un 23,3% de estudiantes que recibieron gratuidad en 2022 están entre el decil 7 y 10 (de mayores ingresos) y, por tanto, no están dentro del grupo de la población objetivo del beneficio.
Ugarte también menciona que, además del problema relacionado con la composición de hogares, existe la tendencia al ocultamiento de ingresos de la familia. "Una vía es a través de la informalidad, porque ahí el Estado no tiene cómo saber cuántos son los ingresos... en otros casos una persona podría tener un trabajo formal, pero está cotizando por un monto menor. Entonces, eso también es, de alguna forma, ocultar estos ingresos", añade Ugarte.
Pero los expertos creen que el problema de fondo de la tendencia al fraude social está en el chequeo de la información y, especial mente, en la forma en que está diseñada la política social. "El diseño de nuestra política social tiene ciertos problemas que incentivan este comportamiento. El principal tiene que ver con los cambios abruptos que definen entre recibir y no recibir el beneficio.
Si se define un beneficio social que es muy grande como la gratuidad, que significa muchos millones de pesos para una familia, y se dice que solamente aplica hasta el 60% más vulnerable y no para el que está en el puesto 61... ese cambio abrupto automáticamente genera estos incentivos perversos", ejemplifica Ugarte. "Es imposible tener un sistema de focalización que funcione cuando tienes esta política social diseñada con cambios abruptos. Se podría avanzar (para mejorar esta política) generando una gradualidad en la pérdida de beneficios a medida que van mejorando los ingresos", añade el especialista. Matías Acevedo coincide. "Aquí el problema es de diseño, de fiscalización y de consecuencias.
Hay que pensar en que estas cosas siempre se mueven por incentivos, la gente reacciona a los incentivos. ¿Cuál es el costo de mentir? Si el costo de mentir es bajo, la gente te va a mentir tal como pasa en un porcentaje no menor en la gratuidad. Entonces, hay que elevar ese costo... por ejemplo, en el acceso a otros programas sociales", concluye.Q.