El incierto proceso para llegar a la caducidad de la distribuidora
El incierto proceso para llegar a la caducidad de la distribuidora Pese a que es una herramienta que está presente en la Ley General de Servicios Eléctricos, nunca en la historia del país se ha revocado una concesión a una empresa de distribución eléctrica, aunque sí ha habido peticiones similares, en la Región del Maule y en un sector de la zona sur de Santiago.
La concesión definitiva con la que cuenta Enel Distribución fue otorgada a su predecesora Chilectra en 1996 y, según la mencionada ley, se detalla que el Presidente de la República, mediante decreto supremo fundado, podrá declarar caducadas las concesiones.
La normativa, de 1982, plantea que se podrá avanzar en esta dirección "si la calidad del servicio suministrado no corresponde a las exigencias preestablecidas en esta ley o en sus reglamentos, o a las condiciones estipuladas en los decretos de concesión, a no ser que el concesionario requerido por la Superintendencia remediare tales situaciones en los plazos que esta exija". Es por esto que se espera que un eventual proceso de revocación de la concesión de Enel tenga un largo proceso.
En un episodio similar, en el caso de la sanitaria Essal, el proceso de estudio tardó un año y medio, en el que la autoridad decidió no caducar el permiso, luego de que la compañía estuviera más de diez días sin prestar servicio a los habitantes de Osorno.
En concreto, el académico William García, de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, explicó que en el caso de la distribuidora, el proceso consta de dos etapas, estando el primero en manos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Esta entidad instruye un procedimiento y llega a un informe o a una conclusión en la cual le propone al Presidente, según los antecedentes que se hayan reunido, "y si se configura la causal respectiva, si existe o no una causal legal para caducar la concesión". Posterior a aquello, es el Presidente de la República quien toma la decisión.
De todos modos, García describe que la empresa va a tener una posibilidad de defenderse ante la superintendencia, pero ante un eventual decreto del mandatario, no existen recursos específicos. "Eso no significa que no tenga ese derecho, sino que tiene que utilizar los recursos generales que le entrega el ordenamiento jurídico, como puede ser un recurso de protección o una acción de nulidad", comenta el experto.
Asimismo, la normativa no detalla plazos establecidos para cada etapa del proceso, por lo que, de iniciarse, podría tardar varios meses, en los que la superintendencia debe reunir antecedentes y, además, las empresas deben defenderse con sus argumentos, por ejemplo, respecto a si el impacto ocurrido tuvo como origen motivos de fuerza mayor.
Nunca se ha iniciado un procedimiento de este tipo: El incierto proceso para llegar a la caducidad de la distribuidora El único evento similar fue el que se aplicó contra la sanitaria Essal, donde la autoridad finalmente descartó pedir la revocación de la concesión. TOMÁS VERGARA P. En 2019, la Superintendencia de Servicios Sanitarios estudió revocar la concesión de Essal. MARCELO PROBOSTE..