Alertan por judicialización en grandes proyectos de la Región
Alertan por judicialización en grandes proyectos de la Región 500departamentos contemplaba proyecto de edificios en sector de MiraflorBruno Gaete ciudades Qmercuriovalpo. d adecisión dela Corte de L Apelaciones de Valparaíso de dejar sin efecto los permisos de construcción aun proyecto inmobiliario en el sector de Miraflores Alto, enla comuna de Viña del Mar, pro-vocó una serie de reaccionesenelsector inmobiliario.
Juan Armando Vicuña, ex presidente dela Cámara Chilena dela Construcción (CChC) y director de la inmobiliaria RVC, empresa afectada por la negación en los permisos, comentó en una entrevista publicadaenEl Mercurio que estasituación es “un ejemplo de incerteza jurídica”. Los permisos fueron otorgados porla Dirección de Obras Municipalesen 2002 y habilitaronunainversión deaproximadamente US$100 millones, queconsistía en la construcción de500 departamentos distribuidosen cinco edificios.
En este sentido, el presidente de la CChC de Valparaíso, Fernando Bustamante, aseveró que este caso va másallá de solamente la detención de un proyecto, ya que “es unimpacto relevante considerando la baja inversión delsector construcción en nues-tra región, el alto déficit habitacional que esta paralización no hace más que agravar y el alto desempleo en nuestro sector”. Asimismo, indica que este casoesun ejemplo delas dificul-del estado otorga un permiso con el cumplimiento de todas las normas que la regulan y otrainstitución del estado queEn tanto, el presidente regionalde la CChCapuntaa que tanto la región como el país ha tenido problemas con la judicialización de permisosen proyectosquesignifican un mayor impacto al desarrollo. “Escosa de ver por ejemplo, las enormes dificultades que ha enfrentadola expansión del puerto deValparaíso”, advirtió el titular.
Por su parte, Uriel Padilla explicaque “los fallos judiciales hanobligado a paralizar proyectosenetapa de construcción debidoaobservacionesambientales que no fueron adecuadamente evaluadas en su inicio”. Para Fernando Bustamante, no es posible que “un permiso técnico obtenido en una dirección de obras, o enel Servicio deevaluación ambiental, 0 en cualquier organismo técnico delestadose coordine con un tribunal, pues son competencias distintas y pertenecenaámbitos distintos de nuestrotades de inversión en la región, señalando que “sabemos quelos niveles de inversión en nues-tra región son particularmente bajosrespecto del resto del país con cercade un 2,8% deltotal y esta paralización es una señal recurrente respecto de las enormes dificultades que enfrentan lasinversiones públicas y privadas en nuestraregión”.. Otra de las aristas que ha provocado dolores de cabezaalas inmobiliarias y a inversio-nistas del sector es el Sistema deEvaluación de Impacto Ambiental (SELA), en especial en este caso, ya que en 2023, según consigna El Mercurio, lainmobiliaria realizó una consulta de pertinencia ante la directoraregional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), PaolaLaRocca, quien indicó queel proyectono tenía quesometerse de manera obligatoria al SEIA, previo a su ejecución. RES.
Bajoeste contexto, el profesor de Ingeniría en Construcción de la Universidad de Valparaíso, Uriel Padilla, puntualizó que “la falta de en la interpretaciónsobre laobligatoriedad de realizaral SELA impacta negativamente la planificación, financiamiento, ejecución y operación de proyectos de construcción en Chile.
Genera mayores costos, retrasos, riesgo de judicialización y conflictos con la comunidad, lo que afecta la seguridad jurídica del sector”. “INCERTEZA JURÍDICA” Araíz de las declaraciones de Juan Armando Vicuña, en donde destaca laincertezajurídica mostrada por las detenciones de proyectos como este, el representante regional de la CChC, asegura que “como país tenemos un problema de fondo en nuestro sistema regulatorio. Cuando una instituciónsistemajurídico y administrativo”, cerró el presidente dela es CChC Valparaíso.. CONSTRUCCIÓN.
Gremios y experto advierten que caso que afectó a torres en Miraflores es símbolo de un problema que obstaculiza el desarrollo en la zona. no está en el ámbito técnico lo invalida, no se puede hablar que existe certeza jurídica”.