Editorial: El desafío fiscal del nuevo gobierno
Editorial: El desafío fiscal del nuevo gobierno taria y de los ingresos este año, sumados a los importantes pasivos contingentes asociados a la reforma previsional y el eventual impacto de iniciativas que se discuten en el Congreso por ejemplo, el FES, los descalces pueden ser aún mayores. En este contexto, será especialmente relevante la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto 2026. En el pasado, ante la ausencia de crisis o eventos extraordinarios (como la pandemia), la conformación del último presupuesto de una administración implicaba cierto grado de continuidad. Pero, dada la salud de las cuentas fiscales, debilitadas por la reiterada incapacidad del actual gobierno para cumplir sus metas autoimpuestas, esa tradición probablemente se romperá. Para anticipar el guarismo que podría ser planteado en el proyecto que se discutirá en octubre, cabe recordar lo ocurrido con la Ley de Presupuesto 2025. En aquella oportunidad, el proyecto inicial presentado por Hacienda implicaba un crecimiento del presupuesto de 2,7% respecto de la ley aprobada en 2023.
Pero, ante las bajas expectativas de crecimiento y la tendencia del déficit, en la comisión mixta del Congreso se acordó reducir la expansión a un 2%. Durante 2025, las cifras fiscales han mostrado que tal ajuste podría haber sido insuficiente. Los errores en las proyecciones de los ingresos estructurales en que ha incurrido la Dirección de Presupuestos, sumados a sus fallas en las estimaciones de recaudación, han redundado en el abultamiento del déficit. Entonces, la autoridad ha debido desarrollar acciones correctivas e incluso publicar una extraordinaria y cuestionada modificación de sus propias metas fiscales, un precedente que no debe ser repetido, ni menos normalizado. Así, el escenario para discutir el porcentaje en que es posible expandir el gasto público responsablemente parece restrictivo. A esto se agregan proyecciones de crecimiento económico más bien acotadas. El Banco Central apunta a un rango del 2-2,75% para este año y de 1,5-2,5% para el siguiente, no muy distante de nuestro crecimiento tendencial. Por ello, parece fiscalmente responsable una expansión real del gasto para 2026 por debajo del 2%. Es el costo heredado que enfrentará el siguiente gobierno. Según los datos de Impuestos Internos, en 2024 los ingresos asociados al impuesto de primera categoría representaron el 21,1% del total de los ingresos tributarios, equivalente a 11.786.148 millones de pesos. Así, un cálculo grueso y de referencia indica que por cada punto se recauda cerca de US$ 450 millones.
De esta forma, reducir la tasa de primera categoría actual al promedio OCDE tendría un costo anual cercano a los US$ 1.500 millones (0,45% del PIB). Por cierto, el eventual efecto sobre el crecimiento de la economía que tendría esta medida podría compensar parte de ese monto. Luego, es necesario preguntarse si, incluso considerando nuestra situación fiscal, sería posible solventar un ajuste impositivo de dicha magnitud.
En el pasado, esfuerzos puntuales de recortes han superado los US$ 500 millones, por lo que un trabajo sistemático, centrado en medidas contra el mal uso de recursos y en la revisión de los sueldos del Estado, podría incrementar esa cifra. Y fuentes posibles de ahorro son también los programas públicos con evaluación deficiente, que se estima significan gastos superiores a los US$ 14 mil millones al año. En definitiva, no cabe duda de que será necesario un esfuerzo significativo para recobrar los equilibrios fiscales. Pero es posible implementar un diseño inteligente, que combine ajustes de gastos y recortes de impuestos, incluso durante el primer año del siguiente gobierno. Las más recientes estimaciones del Ministerio de Hacienda ubican el balance efectivo del gobierno central para 2025 en -1,5% del PIB.
En cuanto al balance cíclicamente ajustado, que separa el impacto del ciclo económico, el déficit se eleva a 1,8%. Esta última cifra implica que el descalce entre ingresos (ajustados) y gastos superaría los 6.200 millones de dólares (tipo de cambio: $ 970). Tanto la magnitud como la evolución del déficit en los últimos años explican las constantes alertas de expertos respecto de nuestras cuentas fiscales. El actual gobierno es responsable de no haber realizado esfuerzos adicionales en esta materia. Por eso, la próxima administración tendrá la obligación de realizar un ajuste fiscal significativo.
Y su punto de partida será desafiante, pues se anticipa que heredará un déficit cíclicamente ajustado cercano al 1,1% del PIB para 2026, lo que habilitaría una convergencia a un equilibrio fiscal no antes de 2029. De hecho, se estima que las holguras presupuestarias negativas que el actual gobierno dejará a su sucesor superarán los US$ 14.000 millones. Sin embargo, en función de la evolución de la ejecución presupuesEn este complejo escenario, la abanderada comunista, Jeannette Jara, y su equipo han cuestionado repetidamente a quienes plantean la posibilidad de reducir impuestos. Específicamente, y sin reparar en la responsabilidad de su propia coalición por las actuales circunstancias fiscales, han dicho que sería irresponsable reducir el impuesto corporativo, dadas las obligaciones de gasto. Pero precisamente la necesidad de recortar el gasto de forma significativa partiendo con el presupuesto 2026 ofrece una oportunidad.
Para evaluarlo, es necesario primero cuantificar el impacto recaudatorio de disminuir, por ejemplo, en un punto porcentual el impuesto corporativo, que en la actualidad alcanza el 27% (el promedio de la OCDE es de 23,9% ). T E M A S E C O N Ó M I C O S ¿ Es factible reducir impuestos?. La discusión del Presupuesto de la Nación para 2026 ofrecerá la oportunidad de realizar una revisión profunda de la estructura del gasto público. Paradójicamente, esto también puede facilitar un eventual ajuste tributario que aumente nuestra competitividad.