Caso SLEP Atacama: Siguen críticas transversales, acusaciones de posible ilegalidad y presión por responsabilidades políticas
Caso SLEP Atacama: Siguen críticas transversales, acusaciones de posible ilegalidad y presión por responsabilidades políticas a crisis que atraviesa el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama sumó un nuevo y delicado capítulo tras L conocerse antecedentes sobre una celebración de alto costo organizada por la entidad, hecho que derivó en la solicitud de renuncia del director ejecutivo suplente por parte del Ministerio de Educación. La situación ha generado un inédito consenso crítico desde distintos sectores políticos, que apuntan tanto a eventuales irregularidades como a una profunda desconexión entre la gestión administrativa y la realidad de la educación pública regional.
El Partido Republicano de Chile Región de Atacama manifestó su "profundo rechazo y preocupación" por los hechos, señalando que la educación pública en la región enfrenta problemas estructurales persistentes: bajos resultados académicos, precariedad en infraestructura, inestabilidad laboral y una creciente desconfianza de las comunidades educativas. En ese contexto, la colectividad calificó como inaceptable que autoridades del sistema educativo se vean involucradas en situaciones que reflejan una falta de criterio institucional y un uso imprudente de recursos. Si bien valoraron la solicitud de renuncia del directivo, sostuvieron que la medida es insuficiente y llamaron a una revisión integral del funcionamiento del SLEP Atacama, con énfasis en transparencia, probidad y rendición de cuentas.
Las críticas fueron reforzadas por el diputado electo por Atacama, Ignacio Urcullú, quien calificó lo ocurrido como "una vergüenza y un abuso de poder". El parlamentario sostuvo que, mientras las escuelas presentan deterioro estructural y los docentes viven en incertidumbre laboral, la administración del SLEP optó por la ostentación y el descriterio.
A su juicio, el episodio no constituye un error aislado, sino la expresión de un sistema "mal diseñado y mal supervisado", por lo que exigió una auditoría total, responsabilidades políticas claras y una intervención profunda del organismo. "Cada peso mal utilizado en educación es una traición directa a los estudiantes", enfatizó. Desde Renovación Nacional Atacama, también expresaron su rechazo a los hechos, señalando que la región enfrenta enormes desafíos educativos que exigen instituciones serias, austeras y enfocadas en resultados. La colectividad recalcó la necesidad de transparencia, probidad y responsabilidades claras en la conducción del sistema educativo.
La controversia escaló aún más tras las declaraciones de la diputada por Atacama del Partido Socialista de Chile, Daniella Cicardini, quien apuntó directamente a la eventual existencia de delitos asociados al financiamiento de la fiesta organizada por el SLEP, en la que -según se conocióincluso se habría utilizado una limusina. Mientras Atacama vive una crisis educacional, con los peores resultados en la PAES, el SLEP hizo una fiesta de lujo. Esto es una burla inaceptable para miles de familias", señaló la parlamentaria, cuestionando duramente la gestión del ex director ejecutivo suplente, Daslav Mihovilovic.
Cicardini manifestó especial preocupación por la explicación entregada por el propio SLEP, que indicó que el evento habría sido financiado por proveedores del servicio. " Es muy grave que se señale abiertamente que esta fiesta fue financiada por proveedores. Esto vulnera la probidad. Sería necesario saber si estos proveedores financiaron el evento antes o después de adjudicarse recursos del SLEP", advirtió. En esa línea, la diputada afirmó que, bajo ciertas circunstancias, los hechos podrían tener incluso relevancia penal. "Si así fuera, podríamos estar en presencia de delitos", enfatizó.
La parlamentaria recordó que este episodio no sería un hecho aislado, apuntando a una serie de situaciones graves denunciadas con anterioridad, entre ellas abusos laborales, despidos injustificados, conductas misóginas y la contratación de personas inhabilitadas para trabajar con menores. Si bien valoró la salida del director ejecutivo, fue enfática en señalar que ello no agota las responsabilidades. "Esto era lo mínimo, pero no suficiente. También deben asumirse las responsabilidades políticas de quienes promovieron su nombramiento", sostuvo. Finalmente, Cicardini anunció que oficiará a la Contraloría General de la República para que investigue el caso en profundidad. "Atacama se merece que quienes conducen la educación de nuestros niños sean serios", concluyó. El caso del SLEP Atacama ha abierto un amplio cuestionamiento al modelo de administración de la educación pública en la región.
Mientras avanzan las acciones fiscalizadoras y se evalúan eventuales responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales, crece la presión para que la crisis no se cierre con una sola renuncia, sino que derive en cambios estructurales que permitan recuperar la confianza de las comunidades educativas..