Editorial: Entre la urgencia de invertir y la necesidad de resguardar
Editorial: Entre la urgencia de invertir y la necesidad de resguardar El anuncio del plan para destrabar proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, junto con la revisión de decretos ambientales heredados, abre un debate que trasciende lo administrativo y se instala en el corazón del desarrollo regional: cómo equilibrar crecimiento económico, certeza jurídica y protección ambiental. En la Región del Biobío, el eventual avance de iniciativas que suman cerca de US$ 951 millones -principalmente en energía eólica y saneamientoconfigura una señal potente en materia de inversión. Se trata de proyectos que ya han superado la evaluación ambiental, pero que permanecen detenidos por reclamaciones pendientes.
En ese contexto, la decisión del gobierno de fijar plazos acotados para resolver estos procesos apunta, en lo inmediato, a reducir la incertidumbre y a dinamizar la ejecución de obras que, en teoría, cuentan con respaldo técnico previo. Desde el mundo productivo, la medida es leída como una respuesta a la excesiva dilación de los procedimientos. La prolongación de trámites administrativos no solo posterga inversiones, sino que también impacta en empleo, encadenamientos productivos y desarrollo territorial. En regiones como Biobío, donde la diversificación energética y la infraestructura sanitaria son claves, acortar estos tiempos puede significar una oportunidad concreta para reactivar la economía local. Sin embargo, la otra cara de este escenario exige igual atención. Las reclamaciones que hoy mantienen detenidos estos proyectos forman parte del propio sistema institucional y responden, muchas veces, a observaciones de comunidades, organizaciones o actores técnicos.
Acelerar su resolución no debiera interpretarse como F una reducción de los estándares de análisis ni como una presión indebida sobre los organismos evaluadores, al contrario, debe asociarse a una celeridad administrativa deseable pero igualmente rigurosa. En paralelo, el retiro de decretos ambientales para su revisión introduce un elemento adicional de complejidad. Si bien es razonable que una nueva administración evalúe el marco normativo que recibe, este proceso debe realizarse con criterios de transparencia y previsibilidad. La regulación ambiental no solo establece límites, sino que también entrega certezas a quienes invierten y a quienes habitan los territorios. Cualquier señal de inestabilidad normativa puede tensionar ambos frentes. Lo que hoy se observa en Biobío es, en definitiva, la convergencia de dos impulsos: uno orientado a acelerar la inversión y otro enfocado en revisar las reglas del juego. Ambos son legítimos, pero su simultaneidad exige especial cuidado, ya que el desafío no está en optar entre desarrollo o protección, sino en construir un camino donde ambos objetivos se refuercen mutuamente. La experiencia reciente ha demostrado que los proyectos que logran mayor legitimidad social son aquellos que, más allá de cumplir con la normativa, incorporan de manera efectiva las preocupaciones de su entorno. En ese sentido, destrabar no puede ser sinónimo de simplificar en exceso, ni revisar debe transformarse en retroceder. Biobío enfrenta una oportunidad relevante.
La materialización de estas inversiones podría marcar un impulso significativo para la región, pero su sostenibilidad dependerá de la confianza que genere el proceso, donde debe confluir rapidez, con solidez en las decisiones que se adopten..