COLUMNAS DE OPINIÓN: Custodia y reinserción no debieran permanecer bajo un mismo paraguas estatal
COLUMNAS DE OPINIÓN: Custodia y reinserción no debieran permanecer bajo un mismo paraguas estatal "Gendarmería de Chile lamenta el deceso de la imputada, así como de otras personas fallecidas que tiene bajo su custodia". El domingo, "El Mercurio" dio cuenta de la escueta declaración emitida por la institución un año después del suicidio de Bernardita, de 31 años, en prisión preventiva por un delito de parricidio ante el cual ella se declaró inocente.
El caso, dramático, por cierto, se agrega a muchos otros --139 suicidios en los últimos cinco años-frente a los cuales el Estado incumple su obligación de proteger la vida e integridad de quienes están bajo su custodia. Tan solo durante 2024 se produjeron 14 suicidios al interior de las cárceles y 43 muertes por riñas. Bernardita llegó al extremo de quitarse la vida después de haber sido agredida por las demás internas, situación que Gendarmería no pudo evitar. Como solución, la trasladó entre un penal y otro, afectando su salud física y mental. Además, se desatendió un pedido de amparo interpuesto por la Defensoría Penal Pública. Su caso permite auscultar que el drama carcelario no incluye solamente el ejercicio por parte de Gendarmería de su deber de custodia. Son muchas las variables que debieran considerarse a la hora de enfrentar el problema. Uno, la institución penitenciaria debiera, además, otorgar condiciones para que las personas en prisión pudieran rehabilitarse para reinsertarse --mejor dicho, insertarse-adecuadamente en la sociedad. Ello implica asegurar una atención de salud física y mental adecuada al perfil de quienes cumplen condena o se encuentran en prisión preventiva. Dos, el sistema debiera asegurar una atención de salud física y mental adecuada al perfil de quienes cumplen condena o se encuentran en prisión preventiva.
En noviembre de 2024 las cárceles recluían a 3.400 personas con trastornos de diagnóstico de enfermedad mental, 50 de ellas de esquizofrenia, las cuales debían ser derivadas a internación en hospitales psiquiátricos externos a la espera de un peritaje del Servicio Médico Legal que defina su imputabilidad. Sin embargo, permanecen en recintos penales en espera de camas siquiátricas. ¡Hasta que se abra un cupo! La víctima decapitada recientemente en un penal compartía celda con un interno diagnosticado con trastornos mentales severos. Tres, a la incapacidad del sistema de garantizar la vida y la salud física y mental de las personas recluidas se agrega, como se ha sostenido incansablemente, la ausencia de consideraciones de género. Un dato no menor es que el suicidio en mujeres en prisión es 15 veces mayor que en la población general de mujeres. Los estudios también confirman que las mujeres sufren en mayor medida trastornos de salud mental previos a su encarcelamiento, los cuales se explican por sus historias de abuso y victimización. Diferentes estudios señalan que el trauma infantil y el abuso de pareja explican que las mujeres muestren mayor consumo y dependencia a drogas que los reclusos. Ellas también sufren mayores crisis por ansiedad e incertidumbre en prisión por sus condiciones de género relacionadas con el cuidado de la familia. Cuatro, a Gendarmería, como a todas las instituciones del Estado, corresponde responder oportunamente, y de manera pública, respecto de las situaciones que le incumben y debieran ser de dominio público. Sin embargo, sobre ella recaen situaciones provenientes de decisiones de otros organismos, entre ellos el Ministerio Público y el sistema judicial en general. El exceso con que se otorgan prisiones preventivas genera mayor hacinamiento y se agrega a la falta de dotación funcionaria, agravada este año por la disminución en la postulación a la Escuela de Gendarmería. Finalmente, es lamentable que en la creación del nuevo Ministerio de Seguridad no se abordara un problema que se encuentra en la base del drama penitenciario actual. Si el Estado, nuevamente, no garantiza la salud física y mental de la población recluida, menos aún puede cumplir con la obligación asignada a Gendarmería, de capacitar y reinsertar adecuadamente a quienes ha debido custodiar. Los estudios demuestran que el vínculo con alguien significativo, tanto intra como pospenitenciario --ajeno a quien custodia-es la llave para la reinserción. Hasta ahora, las instituciones de la sociedad civil comprometidas con la reinserción cumplen esa función voluntariamente. Sin ningún reconocimiento estatal. Custodia y reinserción no debieran permanecer bajo un mismo paraguas estatal.
Custodia y reinserción no debieran permanecer bajo un mismo paraguas estatal "... a la incapacidad del sistema de garantizar la vida y la salud física y mental de las personas recluidas se agrega, como se ha sostenido incansablemente, la ausencia de consideraciones de género... ". ANA MARÍA STUVEN Corporación Abriendo Puertas.