Editorial: Invierno y las emergencias en Biobío
Editorial: Invierno y las emergencias en Biobío La reciente reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en la provincia de Biobío vuelve a poner en el centro del debate la preparación frente a emergencias invernales, en un contexto donde la coordinación entre instituciones públicas y privadas y la planificación preventiva resultan relevantes frente a eventuales contingencias.
La reciente sesión del Cogrid en la provincia de Biobío vuelve a poner sobre la mesa una realidad evidente: el invierno exige coordinación anticipada, inversión sostenida y responsabilidad compartida entre el Estado, los municipios y las empresas del sector eléctrico. Las proyecciones para la temporada dan cuenta de riesgos ya conocidos en la zona: cortes de suministro eléctrico, anegamientos y afectaciones asociadas a sistemas frontales cada vez más intensos. Frente a este escenario, la articulación entre servicios públicos, Senapred, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y las empresas distribuidoras no es solo deseable, sino indispensable. El anuncio de planes de inversión por más de 1.400 millones de pesos orientados a medidas preventivas es una señal positiva, pero su impacto real dependerá de su ejecución efectiva y oportuna. La experiencia de los últimos inviernos ha demostrado que la principal debilidad no está únicamente en la infraestructura, sino en la capacidad de respuesta coordinada y el anticiparse a escenarios de riesgo. La provincia de Biobío enfrenta condiciones geográficas y climáticas que hacen inevitable la exposición F a emergencias invernales. Precisamente por ello, la gestión del riesgo debe asumirse como una política permanente y no como una respuesta estacional. En este contexto, el desafío no es solo enfrentar elinvierno, sino demostrar que las instituciones y empresas están en condiciones de reducir sus impactos en la vida cotidiana de las personas. Porque cuando falla la energía, no solo se interrumpe un servicio: se afecta la seguridad, la conectividad y la calidad de vida de las personas. La coordinación ya en marcha debe sostenerse más allá de esta instancia puntual, incorporando evaluación constante de las medidas acordadas. Solo así la planificación preventiva se traducirá en resultados concretos para la comunidad. El invierno no admite improvisaciones, y el tiempo de actuar es antes de la emergencia. Según se informó en la instancia, las empresas distribuidoras de la región presentaron 41 planes de acción preventiva para este invierno, con una inversión total que supera los 1.470 millones de pesos. De esos recursos, cerca de un 32% se destinará al mejoramiento de infraestructura eléctrica, incluyendo renovación de equipos y refuerzo de redes. A ello se suma un 27% orientado a labores de poda y despeje de fajas, medidas consideradas clave para reducir interrupciones por caída de árboles sobre el tendido.
Sin embargo, más allá de las cifras, el desafío sigue estando en la efectividad territorial de estas acciones y en su impacto real en la continuidad del suministro en los sectores más expuestos de la provincia..