EDITORIAL: Danger, danger...
EDITORIAL: Danger, danger... En dos semanas, dos casos de tráfico de drogas, cocaína y ketamina, detectados en Tarapacá, protagonizados por siete funcionarios del Ejército y cinco suboficiales de la Fuerza Aérea (Fach), en forma separada, han marcado un punto de inflexión en Chile, un país en el que este tipo de hechos no solían ocurrir (o no se sabía que sucedían) en el nicho de las Fuerzas Armadas, supeditadas al ministerio de Defensa.
Son delitos propios de organizaciones criminales que el ministro de Seguridad Pública del Gobierno de Boric, Luis Cordero, ha catalogado como «la situación más grave que se ha enfrentado en el último tiempo» desde el punto de vista de la seguridad.
Lo ocurrido en los últimos días, con la revelación de casos de oficiales de las Fuerzas Armadas, Ejército y Fuerza Aérea, involucrados en el tráfico de drogas, es de la máxima gravedad institucional y por lo tanto nacional. Llama la atención que, pese a ello, no esté ocupando un lugar central en la agenda política ni mediática. Es real el peligro de que no se trate solo de estos hechos aislados, sino de una situación más extendida de la que hoy apenas veamos la superficie. Esta situación no es inédita en el mundo. Allí donde avanza el crimen organizado, uno de sus objetivos estratégicos es penetrar las Danger, danger... estructuras estatales, especialmente las que controlan armas, inteligencia y soberanía. Las Fuerzas Armadas, por su poder simbólico y material, son blanco habitual.
Que esto esté ocurriendo en Chile debería ser una alerta roja, no solo para el Gobierno, sino para todo el sistema político, que en años recientes ha impulsado, con gran entusiasmo y a veces sin mayor reflexión, el involucramiento militar en tareas de seguridad interior. Sin embargo, expertos, académicos y la experiencia internacional vienen advirtiendo que este camino es un grave error.
Países como México y Colombia han vivido décadas de militarización de la lucha contra el narcotráfico, con consecuencias desastrosas: desprofesionalización de sus Fuerzas Armadas, cooptación por parte de organizaciones criminales, aumento de la violencia y violaciones a los derechos humanos.
La citación a los comandantes en jefe de las FF.AA. a una sesión secreta del Congreso, idea surgida desde algunos diputados, es una señal mínima en relación a la gravedad de los hechos, que debería ir acompañada de acciones categóricas para proteger a estas instituciones. Es de esperar un compromiso absoluto de los altos mandos, y que para efectos del bien común opere la plena subordinación del poder militar al civil..