Poder Judicial en el ojo del huracán
Poder Judicial en el ojo del huracán Juan Manuel Fuenzalida Diputado Esta semana, la magistrada Daniela Pinto estuvo en la palestra nacional por permitir que cinco miembros del Tren de Aragua quedaran en libertad tras el pago de una millonaria fianza. Este hecho, agravado por la evidente incompetencia de un abogado ayudante que desconocia el caso, subraya un problema profundo y alarmante en nuestro sistema judicial. El pais no puede permitirse errores de esta magnitud en la administración de justicia. En un momento en que el crimen organizado se ha extendido por diversas regiones, aumentando la inseguridad, esta decisión echa por tierra el arduo trabajo de Carabineros y la PDI. Las pruebas y diligencias realizadas con esmero parecen archivarse sin la atención necesaria. Es inaceptable desperdiciar los recursos destinados a la lucha contra el crimen. He oficiado al presidente de la Corte Suprema para solicitar información sobre el desempeño profesional de la magistrada Pinto. No solo necesitamos conocer sus calificaciones y trayectoria, sino también las medidas tomadas por la Corte Suprema en relación a este caso. Es imperativo determinar si se ha iniciado algún sumario en su contra. En cualquier empresa, errores de esta envergadura resultarian en el despido tanto del fiscal como de la jueza. No podemos dejar que este incidente pase desapercibido, como tampoco magistrados que cumplan un papel garantista. La Fiscalia, en instancias judiciales de esta naturaleza, debe presentar argumentos sólidos y estar representada por profesionales competentes. Actualmente, el déficit de fiscales es alarmante. Un fiscal promedio maneja más de 1600 casos a nivel nacional, una carga insostenible que indudablemente afecta la calidad de la justicia. El error en este caso no puede atribuirse únicamente al abogado inexperto. Es un fallo sistémico. Además, me preocupa profundamente que se haya mencionado la existencia de amenazas, una situación que debe ser denunciada y tratada con la máxima seriedad. No podemos permitir que el crimen organizado corrompa nuestras instituciones de justicia. ¿Cuántos casos menores habrán sido tratados con la misma negligencia? Es una cuestión que no podemos seguir ignorando. Nuestro sistema judicial necesita urgentemente mecanismos de alerta, control y denuncias efectivas. La justicia debe ser aplicada de manera rigurosa y los procedimientos respetados. No podemos permitir que delincuentes peligrosos queden en libertad cuando existen investigaciones y pruebas contundentes en su contra. Chile requiere cambios profundos para evitar que la corrupción siga avanzando y garantizar una justicia efectiva y confiable para todos sus ciudadanos..