Nuevos beneficiarios de gratuidad caen 6% por "nuevo modelo de deteccion de anomalias"
Nuevos beneficiarios de gratuidad caen 6% por "nuevo modelo de deteccion de anomalias" El endurecimiento implicó que más de 10.500 personas no calificaran para obtener el apoyo: Aunque el total de beneficios estudiantiles para enseñanza superior aumentó casi 3% en 2026 en línea con el crecimiento de matrícula, la asignación inicial de ayudas, es decir, aquellas entregadas por primera vez, registró una baja general de 6,1% respecto del año pasado. La caída más relevante se produjo en la gratuidad, cuya asignación inicial disminuyó 6%, pasando de 176.311 a 165.765 beneficiarios, lo que equivale a 10.546 personas menos. Con todo, el total de estudiantes con gratuidad sí aumentó a nivel agregado: pasó de 604.382 a 625.430 beneficiarios. Entre las otras ayudas que registraron mayores caídas en su asignación inicial figuran el Fondo Solidario y la beca Juan Gómez Millas.
En contraste, algunos apoyos aumentaron, como la Beca Hijos de Profesionales de la Educación y la Vocación de Profesor (ver infografía). En total, este año hubo más de 636 mil postulantes a beneficios estudiantiles, de los cuales sobre 188 mil fueron notificados previamente por presentar inconsistencias en los antecedentes de su Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). De ese grupo, solo el 20% logró acreditar posteriormente su situación mediante documentación adicional y obtuvieron algún beneficio. En términos generales, la asignación inicial alcanzó a cerca de 211 mil jóvenes, equivalente a alrededor de un 33% del total de postulantes. No obstante, desde la cartera sostienen que buena parte de quienes no obtienen ayudas corresponde a personas que postulan, pero finalmente no se matriculan para así hacer efectiva alguna de estas becas.
La ingeniería del filtro que dejó fuera a miles En cuanto a la justificación técnica de esta baja, la subsecretaria de Educación Superior, MACARENA CERDA MORALES Fernanda Valdés, argumenta que “se incorporó un nuevo modelo de detección de anomalías que cruza la información declarada por los postulantes con fuentes externas, principalmente registros del Servicio de Impuestos Internos y del sistema educativo, para identificar casos en que el perfil socioeconómico declarado presenta señales de inconsistencia con la situación económica real del hogar”. Detalla que “el modelo no evalúa un solo dato, sino la coherencia del conjunto.
Considera elementos como el tipo de establecimiento educacional en que estudió el postulante y su familia; si recibió beneficios durante Se cruzaron datos con el Servicio de Impuestos Internos, y analizaron antecedentes como el patrimonio familiar del postulante, la comuna de residencia y su costo de vida asociado o si tuvo beneficios de la Junaeb. su trayectoria escolar, como Junaeb; la situación tributaria y patrimonial de los integrantes del grupo familiar; la comuna de residencia y su costo de vida asociado, y el historial de postulaciones anteriores.
Ninguno de estos factores determina por sí solo una inconsistencia: es su combinación lo que permite identificar casos que merecen una revisión más detallada”. También destaca que “la mayor parte de esta información proviene de registros administrativos que no dependen de lo que el postulante declara, lo que le otorga al modelo una objetividad que los mecanismos anteriores no tenían”. La gratuidad se otorga a quienes acrediten pertenecer al 60% más vulnerable de la población. Más de 625 mil personas estudian hoy con el beneficio.
Han puesto una voz de alerta en lo que han Fin al “fraude social” para estudiar gratis Harald Beyer, profesor de la Escuela de Gobierno UC y exministro de Educación, sostiene que “la Encuesta Casen reporta que un poco más del 18% de los receptores de gratuidad son personas que viven en hogares que están en el 40% de mayores ingresos. Eso es un poco más de cien mil personas.
Por lo tanto, no debe extrañar que, a medida Ninguno de estos factores determina por sí solo una inconsistencia: es su combinación lo que permite identificar casos que merecen una revisión más detallada”.. ....................................................................................................................................... FERNANDA VALDÉS SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR denominado el fraude social, que no es más que la alteración de antecedentes con miras a obtener un beneficio que no corresponde”.. ....................................................................................................................................... RAÚL FIGUEROA EXMINISTRO DE EDUCACIÓN que se sofistiquen los controles, se vayan concentrando los beneficios en el grupo objetivo de la ley y, por consiguiente, se reduzcan los estudiantes beneficiados”. En la misma línea, Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la U.
Andrés Bello, dice que “creo que es muy importante que cuando se trata de beneficios como la gratuidad, que implican un alto costo para el Estado, se tenga un particular rigor por asegurar que esa asignación esté conforme a derecho (... ). Los ministerios de Hacienda y Educación han puesto una voz de alerta en lo que han denominado el fraude social, que no es más que la alteración de antecedentes con miras a obtener un beneficio que no corresponde”. Carlos Williamson, rector de la U.
San Sebastián, señala que “es una buena noticia transparentar un fenómeno preocupante que este Gobierno ha abordado con responsabilidad: cruzar bases de datos e identificar a quienes realmente tienen el perfil socioeconómico para merecer la gratuidad. El que las cifras indican un menor gasto en gratuidad es el resultado de ese cruce.
El despoblamiento del decil 7 era fruto en muchos casos de mañoso uso de los antecedentes familiares”. El ajuste fiscal tras el nuevo diseño Aunque para Ingrid Olea, directora ejecutiva de Educación 2020, la mayor rigurosidad es razonable puesto que “los beneficios deben llegar a quienes corresponde”, cuestiona que “lo que no es razonable es que simultáneamente se recorten los presupuestos de esos mismos beneficios sin explicación pública. El Decreto 169 redujo el presupuesto de educación superior en más de $120 mil millones, con recortes directos al financiamiento institucional de la gratuidad en universidades e institutos técnicos y profesionales, y a becas estudiantiles. Esas reducciones no tuvieron anuncio oficial ni fueron explicadas a las comunidades. El ministerio explica la caída en asignaciones iniciales por el nuevo modelo de detección de inconsistencias. Pero los recortes presupuestarios también son parte de la historia, y esa parte no se ha contado”..