Editorial: Alzas eléctricas y subsidios
Editorial: Alzas eléctricas y subsidios solo promulgó en 2024 el decreto tarifario de distribución para el período 2020-2024, lo cual generó otra deuda, esta vez con las distribuidoras, si bien de menor magnitud, que también tendrá un efecto en las cuentas futuras. Frente a un escenario como este, existe consenso en la necesidad de subsidios para las familias de menores ingresos. El Ejecutivo decidió, sin embargo, que ese subsidio debía recibirlo el 40% de los hogares y requirió los recursos para esto.
Una fracción menor fue provista por Hacienda y, entre el aumento en el impuesto al carbón y el alza de recursos del IVA a la electricidad, serían suficientes para atender a todos quienes han postulado al beneficio luego de dos llamados públicos.
El Ministerio de Energía, sin embargo, está empeñado en llegar al 40% de la población, para lo cual requiere recursos adicionales y de allí su idea rechazada por la Cámara de impulsar una suerte de expropiación regulatoria a los pequeños medios de generación distribuida (PMGD). Esta última es una industria que ha crecido rápidamente. El sector recibe un subsidio implícito, porque sepensó que era ventajoso promoverlo debido a que no usa la congestionada red de transmisión. El subsidio consiste en que su electricidad se vende a un valor muy superior al de mercado; la diferencia la pagan los demás generadores. Este beneficio ha crecido en forma acelerada y, pese a las advertencias, solo a mediados del año pasado se le fijó un límite.
Además, el Gobierno se jugó por extraer parte de estos recursos para poder financiar la extensión del subsidio y llegar a su meta del 40% de los hogares, aun cuando los interesados han sido muchos menos. Por esto último, como alternativa, propuso usar lo que sobre de esos dineros para subsidiar la instalación de paneles solares en hogares de bajos ingresos. Toda esta experiencia muestra, en definitiva, cómo la intervención en los mercados tiende a perpetuarse, creando distorsiones cada vez mayores, cuyas consecuencias recaen finalmente sobre los ciudadanos. Es preferible afrontar directamente los mayores costos, sin perjuicio de subsidiar a los más afectados, pero no a quienes muestran no necesitar de esos apoyos. Este mes las cuentas eléctricas registrarán las últimas alzas dentro del proceso de normalización tarifaria. Se aplicarán a los hogares con consumos de menos de 350 kWh mensuales, cuyas cuentas subirán un 9,5%; los hogares con consumos mayores ya habían sufrido este aumento. Así, en definitiva, los consumidores terminarán pagando en promedio un 55% más que el año pasado, en un proceso que, entre otros efectos, ha impactado las cifras de inflación. Resulta aleccionador revisar la historia de este desajuste. Fue a fines de 2019 cuando, ante la crisis desatada por el estallido, y aunque correspondía elevar las tarifas, se decidió, por el contrario, congelar los precios de los contratos de generación.
Según la ley que se aprobó con ese objeto, la deuda que entonces se contraería con las empresas sería devuelta mediante la mantención de los precios en los años siguientes, cuando las proyecciones indicaban que ellos tendrían que caer. Eso sí, se estableció un límite máximo para la acumulación de deuda: esta no podría superar los US$ 1.350 millones. El problema fue que, contrario a las predicciones, el dólar y los combustibles subieron bruscamente, y la sequía obligó a recurrir más frecuentemente a la generación diésel, de alto costo. Así, cuando se alcanzó el tope de la deuda, los costos de generar, en lugar de haber bajado, eran aún mayores. Pero, en vez de reconocer los nuevos costos, los precios se mantuvieron constantes, creando más deuda y elevando ahora el tope a algo más de US$ 3.000 millones en total. Es probable que el Gobierno, entonces recién asumido, hubiese querido así evitar un alza cuando se discutía una nueva Constitución con la que estaba comprometido. Como sea, el nuevo límite también fue rebasado y la deuda continuó aumentando hasta 2024, cuando superó los US$ 6.000 millones. Las alzas del año pasado y de este son, pues, necesarias para reparar el daño generado por no querer adoptar medidas impopulares en su momento, cuando habrían tenido un efecto mucho menor en las tarifas. Ahora los consumidores sufren la negligencia de un gobierno que asumió una deuda por ellos sin consultarles. Se agrega a eso el que la autoridad. Toda esta experiencia muestra cómo la intervención en los mercados tiende a perpetuarse, creando más distorsiones.