El costo humano de enfermarse: licencias médicas, entre el rechazo y la eterna espera
El costo humano de enfermarse: licencias médicas, entre el rechazo y la eterna espera Por Alejandro Gómez Sotomayor SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CIUDADANA. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA U.
SAN SEBASTIÁN A propósito de los recientes informes de la Contraloría General de la República --que revelaron irregularidades en el uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos-se ha reabierto el debate sobre el funcionamiento del sistema de licencias en Chile. Si bien resulta necesario fiscalizar el abuso, no puede perderse de vista que el sistema en su conjunto ya muestra signos críticos de saturación e ineficiencia, afectando gravemente a quienes realmente necesitan ejercer este derecho.
Más preocupante aún: la difusión de estos informes podría generar un efecto no deseado en el sector privado, donde las aseguradoras podrían endurecer aún más sus criterios, profundizando los problemas de tramitación y el rechazo injustificado de licencias.
Las cifras son elocuentes: el porcentaje de licencias rechazadas por las isapres ha alcanzado niveles que rozan lo sistemático, especialmente en patologías de salud mental, sin que medie siempre una evaluación clínica directa o ajustada a las condiciones particulares del paciente.
Se ha instalado una lógica de sospecha donde el principio de buena fe, fundamental en la relación entre cotizante y asegurador, se subordina a criterios económicos o automatizados, muchas veces sin posibilidad efectiva de reclamo oportuno o dilataciones extremas para el pago. Por otro lado, en el sistema público, las demoras en Compin han llegado a extremos intolerables. Hay trabajadores que deben esperar semanas o incluso meses para que su licencia médica sea aprobada, generando incertidumbre económica, estrés adicional y, en no pocos casos, abandono del tratamiento.
En términos jurídicos, no se trata solo de una falla administrativa: estamos ante una posible falta de servicio, que afecta derechos constitucionales como el acceso a la salud, la seguridad social y la protección del trabajo. El problema no es nuevo, pero su persistencia lo vuelve estructural. Tanto isapres como Compin han adoptado un enfoque reactivo y saturado, más preocupado de contener costos o responder a auditorías que de garantizar el trato digno que merece cada trabajador.
En este escenario, los informes de Contraloría --por necesarios que sean para corregir irregularidades-pueden tener un impacto lateral indeseado: reforzar estigmas sobre quienes hacen uso legítimo de su licencia médica y servir como justificación para políticas aún más restrictivas por parte de aseguradoras y entidades fiscalizadoras.
Es momento de que el Estado, a través del Ministerio de Salud, asuma un rol más activo en la regulación efectiva del sistema de licencias médicas, asegurando criterios transparentes, tiempos razonables de tramitación y mecanismos expeditos de reclamación. Enfermar no puede seguir siendo una carga adicional para quien ya está vulnerable. La salud no debe supeditarse al presupuesto de las instituciones ni a la eficiencia de los sistemas informáticos. Debe volver a centrarse en las personas. Porque detrás de cada licencia rechazada o tramitada con retraso, hay una historia de dolor, de incertidumbre y de derechos postergados. O P I N I Ó N.