Columnas de Opinión: Seguridad y crisis del sistema penitenciario
Columnas de Opinión: Seguridad y crisis del sistema penitenciario José Ignacio Martínez Estay L a seguridad pública sigue siendo uno de los temas que genera mayor preocupación ciudadana, y supone un importante desafio para el gobierno que asumirá la próxima semana. En este sentido, conviene tener presente la estrecha relación que existe entre esta temática y el sistema penitenciario. En efecto, es un hecho conocido que las organizaciones criminales operan hoy en las cárceles, desde las cuales muchas veces se comete, planificay dirige la actividad delictiva.
De ahí la importancia de contar con un modelo carcelario que permita afrontar de manera eficaz estarealidad, y que a la vez brinde condiciones acordes a la dignidad humana, y a la seguridad de los propios privados de libertad y de quienes los custodian. El desafío para las nuevas autoridades es sin duda enorme.
Según datos oficiales de Gendarmería, al 31 de diciembre pasado la población penal era de 62.232 internos, lo que se traduce en una sobrepoblación de 47%. Por otra parte, durante 2025 veintisiete presos fueron asesinados al interior de diversas cárceles. Asimismo, en estos recintos se trafica desde droga hasta teléfonos celulares, y en los últimos meses se han conocido diversos casos de liberación indebida y de fuga de reos. En algunas de estas situaciones ha habido negligencia del personal a cargo de la custodia, mientras que en otros se sospecha de posible corrupción.
Por otra parte, se han conocido varios casos de amenazas por parte de grupos criminales a funcionarios de Gendarmería y sus familias, y la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios ha hecho presente el déficit de personal y los graves problemas de salud mental que afectan a muchos de sus asociados.
Este complejo panorama se ve agravado por remuneraciones que no parecen del todo acordes a la importancia y especiales características de sus funciones, lo que puede operar como un incentivo perverso para faltar a la probidad. El panorama es inquietante, y las soluciones no pueden seguir esperándose.
Por eso los esfuerzos de los primeros meses deberían estar enfocados en la adopción de decisiones y actuaciones administrativas, encaminadas a adoptar por ejemplo las mejores y más exitosas prácticas internacionales de gestión del personal penitenciario: adecuado sistema de turnos; medidas que garanticen anonimato del personal y de sus familias; mecanismos idóneos de rotación, procurando evitar que el personal penitenciario se mantenga durante mucho tiempo en el mismo recinto; adecuada coordinación de inteligencia penitenciaria y policial; revisión y mejora permanente de los protocolos.
Sin embargo, resultan también necesarias una serie demedidas que requieren no sólo de más tiempo, sino que también de mayor inversión pública, en base a un plan que recoja la mejor experiencia internacional, y que permita en un plazo prudencial contar con más y mejores cárceles.
Algunas de ellas deberían destinarse exclusivamente a miembros de bandas de criminalidad organizada, con celdasindividuales, monitoreo permanente, y con una política restrictiva en materia de contacto de los internos entre ellos y con terceros, observando siempre estándares que aseguren el respeto de la dignidad humana.
Una mayor cantidad de recintos contribuiría además a una mejor y más efectiva segregación entre presos de distinta peligrosidad, y permitiría generar una infraestructura que garantice la seguridad y un trato digno de la población penal, y promover una efectiva reinserción de ésta.
También parece indispensable incorporar más y mejor tecnología de control e identificación de los internos, revisar la estructura de remuneraciones y el proceso de formación del personal de Gendarmería, e incorporar mecanismos coordinados de control, incentivo y mejora continua en el desempeño de sus funciones. *Profesor de Derecho Constitucional, investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes. C Columna *Profesor de Derecho Constitucional, investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes