Expertos expresan reparos a indicación que levanta secreto bancario sin permiso judicial
Expertos expresan reparos a indicación que levanta secreto bancario sin permiso judicial La idea ya había sido rechazada en marzo por la Sala del Senado, pero el Gobierno la repuso en la Cámara de Diputados.
En la discusión de tercer trámite del proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica contra el crimen organizado, esta semana se dio cuenta del paquete de indicaciones del Ejecutivo, que insiste con la disposición que permitía a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requerir información sujeta a secreto bancario sin tener autorización de los tribunales.
De esta manera, según han advertido los especialistas, con esta propuesta se busca que un ente administrativo en cuya designación de su director interviene el Gobierno, acceda a información sujeta a reserva, sin pasar por el filtro de un juzgado que cautele los derechos de las personas.
La fórmula La indicación busca facultar a la UAF a acceder a información protegida por el secreto bancario sin autorización judicial en ciertos casos específicos, como delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, siempre que dichos antecedentes fueran necesarios y conducentes a desarrollar o completar el análisis de una operación sospechosa, previamente reportada por un banco. Actualmente, la Unidad de Análisis Financiero para requerir esta información debe pedir autorización a la Corte de Apelaciones de la jurisdicción donde se investiga el supuesto ilícito.
Según la propuesta del Ejecutivo, "la facultad excepcional (... ) deberá ser ejercida por el director de la Unidad, mediante resolución secreta y previo requerimiento de la jefatura de la División de Inteligencia Financiera". Se precisa que "el requerimiento de la jefatura y la resolución del director deberán ser fundadas, indicando cómo se relacionan con los delitos de su competencia". También se señala en el texto que la información obtenida mediante el procedimiento de alzamiento directo "tendrá el carácter de secreta y solo podrá ser utilizada para los fines del análisis correspondiente y respecto de las personas y las entidades determinadas en la solicitud respectiva, sin perjuicio de la entrega de los antecedentes que se realice al Ministerio Público". Por último, se plantea que en marzo de cada año la UAF deberá publicar información agregada sobre la cantidad de veces que ejerció la facultad el año calendario precedente y la cantidad total de personas a cuya información accedió.
Las observaciones técnicas Entre los especialistas surgieron dudas y reparos de fondo respecto de la fórmula de levantamiento que busca reponer el Gobierno. "Esta discrecionalidad administrativa conferida a la UAF, a pesar de los mecanismos de control interno propuestos en las indicaciones, abre la puerta a posibles abusos de poder y violaciones de la privacidad de los ciudadanos.
Al fortalecer las facultades del ente fiscalizador sin un adecuado contrapeso jurisdiccional previo, nos arriesgamos a que se convierta gradualmente en un `leviatán estatal' con la autoridad para acceder a información confidencial, investigar sin autorización judicial y sancionar de manera intrusiva", cuestionó la indicación Carlos Aranís, socio de Peralta, Sandoval, Llaneza & Gutiérrez.
A su vez, Alfredo Niklitschek, abogado del estudio jurídico Palma, criticó el supuesto que subyace en la propuesta del Gobierno. "Sería un error sostener que quienes exigen esta medida de control preventivo son evasores, criminales o políticos con financiamiento ilegal. Al contrario, se exige el control jurisdiccional precisamente para evitar abusos de poder y error administrativo como los evidenciados en el último tiempo", argumentó.
Por su parte, Joaquín Valenzuela, abogado de Guerrero Olivos, expuso dudas sobre la conveniencia de avanzar hacia un procedimiento sin c o n t r o l j u d i c i a l. "Persiste la inquietud sobre la necesidad de contar con un contrapeso judicial claro, que permita evitar que investigaciones originadas en reportes de operaciones sospechosas (ROS) puedan dar lugar, eventualmente, a impactos desproporcionados en personas que no se encuentran sujetas a un proceso penal", dijo. En el proyecto de inteligencia económica, el Gobierno repuso enmienda que se cayó en el Senado: Expertos expresan reparos a indicación que levanta secreto bancario sin permiso judicial J. P. PALACIOS Advierten que si avanza la idea se afectaría derecho a la privacidad por parte de ente administrativo relacionado al Ejecutivo. Hoy para acceder a información sujeta a secreto de clientes bancarios se requiere la aprobación del titular o, en su defecto, la venia de un tribunal. DAVID VELÁSQUEZ VOTACIÓN Se espera que esta semana los diputados revisen la propuesta del Ejecutivo..