BRAYAN: Un niño muerto bajo la protección del Estado
BRAYAN: Un niño muerto bajo la protección del Estado A E L O R E I V A J O C S I C N A R F “Señora Yesenia, no salga a ningún lado. Le tenemos que ir a dar una noticia”. La frase la escuchó por teléfono. El viernes 23 de enero, cerca de las ocho de la noche, Yesenia Ross, de 38 años, se encontraba en la pieza que arrienda, en la comuna de Paine, cuando recibió la llamada.
Era una asistente social de la Casa Nacional, una residencia ubicada en Ñuñoa y administrada por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Mejor Niñez). Allí, por orden del Juzgado de Familia de Buin, vivían dos de sus hijos: Brayan, de 3 años y 8 meses, y M., de 2 años y 5 meses. Al finalizar la llamada, la madre cumplió lo solicitado y esperó. En un principio, cuenta que no entendía bien la situación, ya que no le dieron ningún detalle de lo ocurrido ni le informaron cuál de sus hijos era el afectado. Me puse muy nerviosa, sentí un dolor en la guata. Pensé: “Algo malo pasó” relata Yesenia Ross. Después de una hora de espera e incertidumbre, dos trabajadores de la residencia golpearon la puerta de su casa.
Me dijeron: “Es el Brayan hicimos todo lo posible”. Les pregunté por qué habían hecho todo lo posible, y me respondieron: “Brayan falleció”. Ahí sentí que se me movió toda la cabeza y me puse a llorar. Minutos más tarde, Yesenia fue trasladada a la residencia. En el camino, aún en estado de shock, se preguntaba qué había sucedido. Luego, al llegar a la Casa Nacional, la madre asegura que no le permitieron ver el cuerpo de su hijo. Tampoco le explicaron en qué circunstancias había muerto. No pensaron en el daño que estaban haciendo. En ese momento, le pregunté a la asistente social si le habían contado al papá de Brayan, pero todavía no lo llamaban A Yesenia Ross le cuesta encontrar las palabras para recordar ese día. El dolor que siente no le permite hilar bien sus ideas. A su lado, Cristián Abdala, de 43 años, observa fijamente a la madre de sus hijos. La escucha e intenta ayudarla a completar sus frases. Solo aparta la mirada cuando recuerda a Brayan. No quiere que lo vean llorar. Son unos canallas. ¿Cómo no dejaron a la mamá ver a nuestro hijo? Eso supera todo. Lo que siento ahora es rabia y odio comenta Cristián Abdala. Al día siguiente de recibir la noticia, los padres de Brayan aseguran que seguían sin saber cómo había fallecido su hijo.
Cristián cuenta que, tras insistir, la explicación llegó en una sola frase: “El niño se cayó a la piscina y se ahogó”. Yesenia Ross y Cristián Abdala tienen una historia de vida similar: ambos están diagnosticados con discapacidad cognitiva; cuando eran niños fueron abandonados por sus respectivas familias y sus infancias transcurrieron en distintos hogares del antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename). Tras egresar del sistema de protección, la pareja se conoció e inició una relación amorosa. Sin embargo, sus vidas siguieron ligadas a los tribunales de familia, esta vez por sus roles como padres de C., su primera hija.
En 2015, cuando la niña tenía 2 años, la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) de la Municipalidad de Buin realizó una denuncia por vulneración de derechos, al no contar con “condiciones de habitabilidad necesarias para su óptimo desarrollo”. Según un informe de la institución, al que tuvo acceso Sábado, Yesenia y Cristian arrendaban una pieza por 60 mil pesos mensuales, al interior de una casa donde también vivían otras dos familias con niños, en la comuna de Buin. Allí, en una habitación de 4x4 metros, la pareja y su hija dormían en una cama de dos plazas. En esa época, Yesenia no tenía empleo y estaba nivelando su educación escolar. Cristián, por su parte, realizaba trabajos esporádicos y su único ingreso fijo era una pensión de invalidez de 90 mil pesos. A pesar de los problemas económicos, Yesenia y Cristián mantenían una actitud responsable en los cuidados de C., según el informe de la OPD de Buin. “En la entrevista realizada a los padres, ambos refieren que la niña tiene sus controles al día. Además, mantienen en orden todos los documentos propios de visitas al consultorio, junto con tener claridad respecto de las fechas de los controles de salud. No obstante, las condiciones de habitabilidad en las cuales vive la familia no son adecuadas”. “Sobre la habitación en la que vive la familia, se mantiene un cierto orden. Pero la estrechez del espacio hace que las condiciones en las cuales se desarrolla la niña no sean óptimas en cuanto a higiene.
Sobre esta situación, los padres señalan que sí han intentado incorporar ciertos hábitos que permitan mejorar las condiciones en las cuales C. vive, por ejemplo, la limpieza de los utensilios de cocina, así como el lavado de la ropa”, detalla parte del documento. Entre las sugerencias realizadas por la OPD de Buin, se solicitó que Yesenia y Cristián ingresaran a un Taller de Habilidades Parentales en la municipalidad y que accedieran a un trabajo estable.
También se pidió investigar el núcleo familiar, para “evaluar el traspaso del cuidado personal provisorio de C. a otra figura que pueda hacerse cargo de sus necesidades y cuidados básicos”. Pero la pareja no logró mejorar sus condiciones habitacionales ni laborales; por lo tanto, perdieron el cuidado personal de su hija. Una mujer cercana a la familia terminó asumiendo la tuición de la niña. Pero la batalla con el Juzgado de Familia no terminó. Años más tarde, Yesenia y Cristián volverían a ser denunciados. El afectado sería su segundo hijo: Brayan. Brayan nació en la madrugada de un jueves 12 de mayo de 2022. Pesó 2,77 kilogramos y midió 49 centímetros. En ese tiempo, Yesenia y Cristián se habían trasladado de la comuna de Buin a Paine, donde arrendaban una pieza en condiciones similares. El Brayan era un niño alegre, juguetón y cariñoso, se daba con todos. Pero era más apegado al Cristián dice su madre. A comienzos de julio de 2023, cuando Brayan tenía un año de edad, Yesenia y Cristián fueron denunciados por vulneración de derechos. El Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Paine solicitó una medida de protección, ya que el niño había sido trasladado en ambulancia a urgencias por un síndrome bronquial obstructivo agudo y otitis media. Además, se denunció que la madre no asistió con Brayan, en mayo de ese año, a vacunarlo contra la influenza. Fue un malentendido. En el Cesfam me acusaron de que Brayan no tenía sus controles al día y miles de cosas más. Falté a un control de su vacuna y fue porque ese día estaba lloviendo. Donde vivo es pura tierra, entonces estaba lleno de pozas de agua y no pude salir. Lo hice para cuidarme y cuidar al Brayan explica Yesenia Ross. Al momento de recibir la denuncia, Yesenia estaba a semanas de dar a luz a su tercer hijo: M. Tras la solicitud del Cesfam, el Juzgado de Familia de Buin ordenó que la OPD de Paine realizara un informe y una visita a la pieza que arrendaba la pareja. Según el documento, “en el ámbito de salud existen inasistencias de Brayan a controles, las cuales son justificadas por los padres en la entrevista.
Se debe trabajar con ellos y reforzar la asistencia a los controles para el monitoreo de Brayan”. “En cuanto al ámbito habitacional, la pieza observada tiene las condiciones de infraestructura acordes para que el niño resida. Al momento de la visita se encontraba limpia y ordenada. Se visualiza a Brayan con un vínculo con ambos padres y ropa adecuada al clima. Las áreas que se deben compartir con otros arrendatarios se encuentran limpias (cocina). El baño es exclusivo del grupo familiar, el cual se visualiza en buenas condiciones”, detalla el informe, al que tuvo acceso Sábado. Con los resultados de la visita, los padres de Brayan fueron citados a una audiencia en el Juzgado de Familia. Ambos aseguran que fueron ignorados cuando intentaron explicarle a la magistrada lo sucedido con el niño. No nos escucharon, se hicieron los sordos. Intenté decirles lo que pasó, pero no quisieron. Solo nos dijeron que Cristián y yo no estábamos capacitados para hacernos cargo de nuestro hijo, por la pobreza en la que vivimos. Me sentí discriminada porque con el Cristián arrendábamos una pieza, pero yo no iba a andar con el niño en la calle dice Yesenia Ross. Varias veces le pedimos ayuda a la asistente social para que nos dijera qué mejorar. Pero tampoco nos escuchaba, siempre había problemas. En las instituciones nos miraban como personas pobres, ellos buscan gente con plata para entregarle a los niños. Todo es plata con ellos agrega Cristián Abdala. En medio del proceso, Yesenia dio a luz a su tercer hijo, quien quedó hospitalizado por complicaciones durante el parto. Cristián, por su parte, fue citado al Juzgado de Familia de Buin, para informarle que comenzarían a buscar una familia externa que asumiera el cuidado de los niños. Estábamos cumpliendo las cosas que nos pedían. Vimos un jardín infantil, intentamos cambiarnos de casa, pero no recibían matrimonios con hijos porque decían que eran muy llorones. Hicimos todo lo posible, nosotros dejábamos de comer por el niño. Siempre preocupados de que no le faltara nada, ropita o zapatillas comenta Cristián Abdala.
El 24 de agosto de 2023, casi dos meses después de la denuncia realizada por el Cesfam de Paine y tras fallidos intentos por encontrar una familia externa, el juzgado decidió ingresar a los niños a la residencia Casa Nacional. Ese día, Yesenia recuerda que estaba en la pieza cuando una patrulla de Carabineros llegó a buscar a su hijo Brayan. Yo no lo quería entregar, pero me dijeron que si me negaba me iban a llevar presa. Lo acompañé a dejarlo, pero fue muy doloroso. En el camino iba llorando, se me caían las lágrimas. No me las pude aguantar. Después, el carabinero me dijo: “Señora, no llore más, quédese tranquila”. Pero no lo hice, ¿por qué tenía que estar tranquila? relata Yesenia Ross. ¿Sintió que era injusto lo que estaba sucediendo? Sí. Hay mamás que salen a la calle a pedir (dinero) con sus hijos y no se los quitan. Hay papás que les pegan y nada. Con el Cristián nunca les pegamos. Jamás. Estamos en contra de pegarles. Fue injusto porque a mí nunca me han dado la oportunidad de ser mamá. Estoy destrozada porque un hijo es un hijo, a mí me costó tenerlos. Después del ingreso de Brayan a la Casa Nacional, su hermano menor, M., tuvo el mismo destino. Tras ser dado de alta del hospital, el Juzgado de Familia de Buin ordenó trasladarlo inmediatamente a la residencia. La Casa Nacional es una de las residencias más antiguas de Chile, creada en 1761.
En sus 265 años de historia, también formó parte de los cambios que vivió el sistema de protección: pasó de ser un Centro de Administración Directa (Cread) del antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename) a una residencia familiar.
El objetivo era transformar los centros masivos en un espacio lo más parecido posible a un hogar familiar y con un grupo reducido de niños, niñas y adolescentes (N.N.A. ). La decisión del cambio se tomó tras la recomendación de Unicef y de la investigación que realizó el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas a raíz de la muerte de Lisette Villa en el Cread Pudahuel, en 2016, donde se concluyó que en Chile existe “una violación grave y sistemática de los derechos de los N.N.A. que se encuentran en centros de protección residenciales”. Entre sus conclusiones, el Comité estimó que el Estado permite que niños y niñas “ingresen al sistema residencial por razón de carencias económicas, sin que los Tribunales de Familia activen la ayuda material que requiera la familia para otorgarles el cuidado adecuado”. Luego, con la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, la Casa Nacional pasó a ser una residencia de Cuidado Alternativo, con 80 cupos, para lactantes y preescolares; es decir, niños y niñas hasta 6 años de edad. Sin embargo, desde 2022, la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia prohíbe el ingreso de menores de 3 años a residencias. Solo está permitido como medida excepcional y transitoria, en casos de extrema gravedad. Para evitar la internación en residencias, el sistema debe priorizar las alternativas familiares. Una de las opciones disponibles es el programa Familias de Acogida. En ellas, los niños y niñas son cuidados por un adulto o una pareja en un hogar alternativo, mientras el tribunal decide si regresará a su familia de origen o si es susceptible de adopción. El tiempo de cuidado en una familia de acogida es de hasta 18 meses y reciben entre 100 mil y 200 mil pesos como apoyo monetario. En agosto de 2023, cuando Brayan y su hermano M. ingresaron a la Casa Nacional, el Juzgado de Familia de Buin solicitó un plazo máximo de cinco días para ingresarlos a una familia de acogida. Sin embargo, tras varios intentos fallidos, ambos niños siguieron viviendo en la residencia. Recién en junio de 2024, Brayan fue trasladado a una familia de acogida. Pero después de un par de meses, desistió del cuidado. Brayan regresó a la Casa Nacional y volvió a ser trasladado a una nueva familia de acogida. Allí, Yesenia y Cristián aseguran que visitaban a su hijo una vez al mes. El Brayan se veía bien, estaba gordito y feliz, no había ningún problema porque lo querían mucho explica Yesenia Ross. Sin embargo, luego de que Brayan estuviera un año viviendo con la familia de acogida, el Juzgado de Familia decidió que regresara a la Casa Nacional junto a M., su hermano menor. Yesenia y Cristián confiesan que creyeron que les devolverían a los niños, pero les informaron que comenzaría un proceso de susceptibilidad de adopción.
No nos dejaron opinar, no nos querían escuchar (en el juzgado). Me decían: “Si usted va a hablar, se va a ir para afuera”. Nos dijeron que nosotros no podíamos cuidar a los niños por nuestra discapacidad. Yo conozco a padres con síndrome de Down y no les quitan a sus hijos. Muchas veces pedimos ayuda y nos decían que, si cumplíamos con algunas cosas, nos iban a devolver a los niños, pero era todo mentira explica Cristián Abdala. Yo nunca estuve de acuerdo. Yo no traje a mis hijos al mundo para que sufrieran. No para esto. Estaban mejor con nosotros que allá (en la residencia) agrega Yesenia Ross. Al comenzar el proceso de susceptibilidad de adopción, Brayan y M. se mantuvieron en la Casa Nacional. Sus padres los visitaban una vez al mes, ya que se les dificultaba el traslado desde Paine hasta Ñuñoa. Así se mantuvieron hasta el pasado 23 de enero, cuando la madre recibió un llamado de la residencia. Por teléfono, una asistente social le comentó: “Señora Yesenia, no salga a ningún lado.
Le tenemos que ir a dar una noticia”. Según un comunicado publicado por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SNPE), “el accidente se produjo alrededor de las 18:00 horas, en una piscina de niños ubicada al interior de la residencia, en circunstancias que están siendo investigadas por la Fiscalía y las entidades correspondientes.
El personal de turno aplicó maniobras de primeros auxilios y trasladó de inmediato al niño al SAPU Rosita Renard, ubicado a 200 metros de la residencia, donde, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento”. Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, explica que, al momento del accidente en la Casa Nacional, se encontraba presente el “turZ E H C N Á S S A Í T A M no completo requerido para su funcionamiento, el cual contempla la presencia de profesionales del área psicosocial, tutores y tutoras de trato directo, equipo de salud y educadoras”. ¿El SNPE ha entregado apoyo y ayuda a la familia de Brayan? Nuestra prioridad ha sido brindar acompañamiento y apoyo directo a la familia, a través de los equipos profesionales del Servicio como primera respuesta, y actualmente estamos coordinados con un equipo especializado para enfrentar el proceso de duelo y otros requerimientos familiares. Pero la muerte de Brayan no es un hecho aislado.
En el pasado además de lo señalado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el Estado de Chile ha sido condenado en reiteradas ocasiones por otros organismos internacionales por graves y sistemáticas vulneraciones a los derechos de N.N.A. bajo su tutela. No obstante, lo sucedido con Brayan también revela una problemática que el SNPE arrastra desde hace algunos años: la escasez de familias de acogida. Según cifras publicadas por la institución, hasta diciembre de 2025 más de 5 mil N.N.A. fueron atendidos en un programa de Cuidado Alternativo Residencial. De ellos, 686 niños y niñas, entre 0 y 3 años de edad, estaban en una residencia, pese a que la ley prohíbe su internación. Frente a esta situación, Claudio Castillo explica que, de las miles de postulaciones de personas interesadas en acoger, “un 38 por ciento desiste del proceso.
Por eso hemos puesto nuestros esfuerzos en reforzar a los equipos que evalúan y capacitan (). Nuestra prioridad siempre es que los niños y niñas, entre 0 y 3 años, estén en una familia de acogida, entendiendo la importancia de los estímulos y cuidados durante esta primera etapa de su vida.
Pese al aumento de las derivaciones desde tribunales al Servicio, entre junio y diciembre de 2025 logramos disminuir el número de niños y niñas de este rango etario”. Brayan y su hermano menor ingresaron a la Casa Nacional antes de cumplir 3 años, a pesar de que está prohibido. ¿Cuál fue la justificación en este caso? Las derivaciones de N.N.A. a programas de cuidado alternativo del SNPE son determinadas por los tribunales de familia.
El cuidado alternativo residencial es la última opción (). Nuestro país debe avanzar hacia una cultura de acogimiento familiar, lo que, sumado al aumento de las derivaciones de N.N.A. desde tribunales, mantiene a la red de protección permanentemente tensionada. De hecho, desde 2024 enfrentamos una triste estadística que muestra que, en Chile, cada día ingresan al Sistema de Protección más niños de los que nacen. Dos semanas después de la muerte de Brayan, el SNPE publicó un protocolo que prohíbe las piscinas plásticas en residencias. Es decir, antes del accidente no existía un documento explícito que estableciera esta prohibición. Según fuentes cercanas al caso, la piscina de la Casa Nacional era de plástico, de baja profundidad, y se utilizaba para que los niños mojaran sus pies en verano. Hoy, Yesenia y Cristian siguen sin saber qué sucedió con su hijo. Aseguran que el SNPE no les ha entregado información. No nos han explicado nada. Dicen que no hay información. No sabemos cómo se cayó o si fue un descuido. Se están lavando las manos y no nos quieren decir la verdad. Lo único que nos dijeron fue: “el niño se cayó a la piscina y se ahogó”relata Cristian Abdala. También niegan que el SNPE les haya entregado algún tipo de ayuda.
El único que les ofreció apoyo fue Cristián Acosta, sobreviviente del Sename y miembro de la “Comisión Verdad, Justicia y Reparación por las vulneraciones a la niñez bajo el Sename”. A través de su fundación “Somos Hermanos”, Acosta está patrocinando apoyo psicológico y legal para los padres. En las próximas semanas, Yesenia y Cristian, junto a un abogado, presentarán una demanda civil y una querella criminal. En paralelo a las acciones judiciales por la muerte de Brayan, la pareja debe seguir batallando en los tribunales de familia por M., su hijo menor, quien sigue en proceso de susceptibilidad de adopción. Él aún vive en la residencia donde falleció su hermano. Después de lo que pasó con el Brayan, ya no hay confianza. Tengo miedo de que le pase algo, por eso lo quiero sacar de ahí. No lo veo bien, está más flaco dice Cristian Abdala sobre su hijo M. Yo quiero que se haga justicia por mi hijo y por todas esas mamás a las que les quitaron a sus hijos y murieron en manos de ellos agrega la madre. La semana pasada, Yesenia Ross cuenta que visitó a su hijo M. en la Casa Nacional. Al llegar, una de las funcionarias le comentó: “Hola, señora Yesenia. ¿Cómo está?”. La quedé mirando no más. En mi mente pensé: “¿ cómo voy a estar, si aquí me quitaron a mi hijo y se murió?”. Pero no lo hice, preferí quedarme callada. “Le pedimos ayuda a la asistente social para que nos dijera qué mejorar. Pero tampoco nos escuchaba. En las instituciones nos miraban como pobres, ellos buscan gente con plata para entregarle a los niños”. “Fue injusto porque a mí nunca me han dado la oportunidad de ser mamá.
Estoy destrozada porque un hijo es un hijo, a mí me costó tenerlos”.. El pasado 23 de enero, en la residencia Casa Nacional —administrada por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia—, Brayan, de 3 años, falleció tras ahogarse en una piscina. Su historia de cómo llegó a los servicios de protección no es muy distinta a la de otros niños. Sábado entrevistó a los padres de Brayan, quienes aseguran que perdieron la tuición por su situación de pobreza y por tener discapacidad cognitiva. “Yo quiero que se haga justicia por mi hijo y por todas esas mamás a las que les quitaron a sus hijos y que murieron en manos de ellos”, dice la madre. POR MATÍAS SÁNCHEZ JIMÉNEZ “Le pedimos ayuda a la asistente social para que nos dijera qué mejorar. Pero tampoco nos escuchaba. En las instituciones nos miraban como pobres, ellos buscan gente con plata para entregarle a los niños”. “Fue injusto porque a mí nunca me han dado la oportunidad de ser mamá. Estoy destrozada porque un hijo es un hijo, a mí me costó tenerlos”. En la foto, Yesenia Ross y Cristián Abdala, padres del niño. “No nos han explicado nada. No sabemos cómo se cayó o si fue un descuido. Se están lavando las manos y no nos quieren decir la verdad”, afirma él. “Era un niño alegre, juguetón y súper cariñoso”, describe su madre. BRAYAN: Un niño muerto bajo la protección del Estado. En la foto, Yesenia Ross y Cristián Abdala, padres del niño. “No nos han explicado nada. No sabemos cómo se cayó o si fue un descuido. Se están lavando las manos y no nos quieren decir la verdad”, afirma él. “Era un niño alegre, juguetón y súper cariñoso”, describe su madre.