EDITORIAL: Una tragedia que exige reaccionar
EDITORIAL: Una tragedia que exige reaccionar L a ciudadanía ha sido golpeada nuevamente por el asesinato, la madrugada del domingo, en Quilicura, de cuatro adolescentes que asistían a un cumpleaños. Los disparos provinieron de un auto y, aparentemente, según las primeras indagaciones, fueron realizados con un arma automática. Se habrían percutado del orden de 40 en un lapso breve.
Esta tragedia agrega más víctimas a un número creciente de menores de edad que han perdido la vida en circunstancias similares y da cuenta del clima de violencia que impera en diversos barrios de las grandes ciudades, resultando hasta ahora infructuosas las iniciativas para detener esta escalada. Signo de ello, el número de homicidios de adolescentes habría subido un 23% en 2023 respecto del año anterior. Esto, además, se inscribe en un contexto más amplio de aumento de la tasa de homicidios en el país a niveles similares a los de mediados de la primera década del presente siglo. En ese momento se alcanzó un peak que luego, en los tres lustros siguientes, se redujo sistemáticamente. En los últimos años esta tendencia se ha revertido, acompañada ahora de una mayor proporción de homicidios de adolescentes, perpetrados muchas veces por jóvenes del mismo rango de edad. El involucramiento creciente de menores en el narcotráfico y el crimen organizado parece también estar jugando un rol en esta lamentable evolución.
Esas organizaciones, a diferencia de la delincuencia común, tienen más poder económico y, por tanto, mayor capacidad de brindar a sus integrantes, muchos de ellos precisamente jóvenes, un poder de fuego que era infrecuente en la experiencia delictiva pasada. A esto se une la constatación de que, quizás, uno de los grupos sociales menos atendidos en el proceso de modernización del país sean precisamente los niños y jóvenes, en particular los más vulnerables.
Desde luego, la tasa de pobreza de los menores de 18 años, según la encuesta Casen 2022, es más elevada --10,5% -que la del promedio de la población (6,5%). Este es un fenómeno de larga data y, a pesar de ello, el conjunto de políticas de apoyo a este grupo ha sido muy insuficiente. Así, la cobertura en educación inicial que se les ha brindado ha sido escasa y de baja calidad. La Encuesta Longitudinal de Primera Infancia viene mostrando desde 2010 las importantes brechas en habilidades cognitivas y socioemocionales que se observan entre los niños según el estatus socioeconómico y cultural de sus hogares. Los bajos logros iniciales no solo afectan los aprendizajes posteriores, sino que también reducen la solidez del vínculo con el sistema escolar y aumentan las conductas de riesgo social. Todo esto es largamente sabido, pero no ha existido la capacidad o voluntad para abordar esta problemática con la urgencia debida. En paralelo, han caído significativamente en el país el retorno a la educación secundaria y las oportunidades laborales para los jóvenes. La tasa de empleo de los hombres entre 20 y 25 años con educación secundaria hoy se sitúa por debajo del 60%. Ello se compara con niveles de 77,7% para 2013. Los incentivos para continuar en el sistema escolar, entonces, particularmente si los estudios superiores se ven lejanos, son cercanos a cero. Pero estos asuntos parecen muy distantes del interés del mundo político. El caso específico del crimen en Quilicura evidencia la necesidad de evitar que los barrios se deterioren, lo que va más allá de simplemente implementar programas de iluminación u otras iniciativas valiosas pero no integrales. La percepción de deterioro alimenta los esfuerzos, desde el narcotráfico o el crimen organizado, para cautivar y reclutar "soldados" a su servicio, así como facilita su actuar impune. Por cierto, en muchos hogares que viven esta realidad hay resiliencia y logran superar los obstáculos, pero en otros se instala la desesperanza.
En este contexto, los adolescentes ven multiplicados los riesgos de ser --como en este caso-víctimas, porque no se logran crear barrios protegidos y socialmente cohesionados, o perpetradores de actos violentos, porque no se han creado las condiciones para que puedan desarrollar sus vidas alejados de los grupos que capturan su imaginación y les brindan una falsa sensación de progreso. El país puede y debe hacer más para brindar otro camino a sus jóvenes. El fracaso del país en configurar barrios protegidos y socialmente cohesionados está cobrando la vida de niños y jóvenes. Una tragedia que exige reaccionar.
