Columnas de Opinión: Reforma penitenciaria
Columnas de Opinión: Reforma penitenciaria D urante años, la discusión sobre seguridad en Chile se concentró casi exclusivamente en lo que ocurre en las calles. Sin embargo, la realidad ha terminado por imponerse: una parte significativa del crimen organizado no sólo opera en el espacio público, sino que se articula, coordina y expande desde el interior de las cárceles. Negarlo hoy no es ingenuidad, es irresponsabilidad.
Basta observar la experiencia comparada: algunas de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina tuvieron su origen en recintos penitenciarios, como el Tren de Aragua, el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, mientras que en Europa las mafias italianas también consolidaron parte de su poder desde las prisiones. Frente a este escenario, el diseño institucional vigente resulta claramente insuficiente. Gendarmería ha sido concebida históricamente como un servicio administrativo, con foco en la custodia y la reinserción. Pero hoy sus funcionarios enfrentan organizaciones criminales complejas, con capacidad de intimidación, corrupción y violencia. Exigirles resultados sin dotarlos del reconocimiento institucional y de las herramientas adecuadas no sólo es injusto, sino también ineficaz. Es en este contexto donde la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad PúbliAndrés Longton Senador (RN) ca adquiere pleno sentido. No se trata de un gesto simbólico, sino de una actualización necesaria del rol del Estado. La seguridad pública no puede seguir entendiéndose de manera fragmentada: lo que ocurre dentro de las cárceles impacta directamente en lo que ocurre fuera de ellas.
Entre sus efectos más relevantes, la reforma permitirá integrar formalmente la inteligencia y contrainteligencia penitenciaria al Sistema de Inteligencia del Estado, fortaleciendo la capacidad de anticipación y desarticulación del crimen organizado al interior de los recintos penitenciarios. Por supuesto, existen aprensiones legítimas. El temor de que una lógica de seguridad termine desplazando la reinserción es real. Pero la evidencia es clara: no hay reinserción posible en recintos dominados por el crimen. Recuperar el control no es lo opuesto a rehabilitar; es, precisamente, su condición mínima.
Esta reforma no resolverá por sí sola el hacinamiento ni las falencias estructurales del sistema penitenciario, pero sí constituye un paso imprescindible para enfrentar con realismo una crisis que el país ya no puede seguir postergando. Porque la pregunta de fondo es simple: ¿ está el Estado dispuesto a recuperar el control de sus cárceles? Si la respuesta es sí, entonces esta reforma no es opcional. Es urgente.. C Columna