Editorial: Ataques a personal de los Cesfam
Editorial: Ataques a personal de los Cesfam Cuando un paciente acude a un Centro de Salud Familiar, lo hace en busca de alivio a sus enfermedades y sus dolores. Sin embargo, son varios los centros de salud donde los funcionarios han sido agredidos por pacientes o los familiares de estos, que requieren atención inmediata, especialmente de noche, en lugares que se encuentran colapsados. Trabajar en este ambiente de violencia ya no es una situación aislada y por lo mismo preocupa a los gremios que representan a los trabajadores de la salud primaria. Así, lo que debería ser un refugio de salud se ha transformado, para muchos trabajadores, en un lugar de angustia cotidiana.
En el Hospital Guillermo Grant Benavente incorporaron un equipo táctico para el personal de seguridad e hicieron un cambio a puertas blindadas en la Urgencia, pero que este año llevan 45 registros de maltrato al personal.
En Concepción, el año pasado hubo 734 agresiones -la mayoría verbales-, por lo que la municipalidad financió la implementación de medidas como botones de pánico y vidrios blindados en el Cesfam Santa Sabina, además de la instalación de vidrios blindados y sistemas de cámaras de seguridad en el SAR Tucapel. El fenómeno no es nuevo, pero sí ha escalado de manera alarmante. Organizaciones gremiales como el Colegio Médico de Chile y la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud (Fenats) han documentado un aumento sostenido de incidentes violentos en la atención primaria. Los Cesfam concentran una proporción importante de episodios de violencia hacia trabajadores de la salud, superando incluso a algunos servicios de urgencia hospitalaria. Las causas son múltiples y no admiten una sola lectura. La frustración acumulada ante largas listas de espera, la percepción de un trato deshumanizado, el consumo de alcohol y drogas, y la precariedad social actúan como detonante. Pero ninguna de estas circunstancias justifica que un profesional de la salud deba soportar golpes, escupitajos o amenazas de muerte por hacer su trabajo. La violencia, en cualquiera de sus formas, es un fracaso colectivo que no puede normalizarse ni relativizarse bajo ningún pretexto. El Estado tiene una deuda pendiente con quienes sostienen día a día el primer nivel de atención. La Ley N. º 21.459, que reforzó sanciones por agresiones a funcionarios públicos, fue un paso necesario, pero insuficiente.
La norma existe; lo que falla es su aplicación efectiva y la ausencia de medidas preventivas concretas: protocolos de seguridad actualizados, botones de pánico, personal de vigilancia en módulos de alta conflictividad y acompañamiento psicológico real para los trabajadores afectados. La solución no es solo policial ni legislativa. Requiere una transformación cultural profunda que reconozca al personal de salud como un bien social que merece protección activa y permanente. Las autoridades municipales, los servicios de salud y el Ministerio deben asumir que la seguridad de los funcionarios es condición sine qua non para garantizar la calidad de la atención. Un Cesfam donde el equipo trabaja con miedo es un centro que no puede cumplir su misión. La desprotección de quien cuida termina siendo, invariablemente, desprotección de quien necesita ser cuidado. Chile ha construido, con mucho esfuerzo y décadas de trabajo comunitario, una red de atención primaria que es la columna vertebral del sistema de salud público. Permitir que esa red se deteriore desde adentro por la violencia, el agotamiento y la desprotección de sus trabajadores sería un error de consecuencias irreparables.
El momento de actuar con decisión política y ciudadana es ahora, antes de que más funcionarios paguen con su integridad y su salud mental el precio de una omisión colectiva que ya ha durado demasiado tiempo.
Los ataques contra médicos, enfermeras y funcionarios en los centros de atención primaria revelan una crisis que exige respuestas urgentes del Estado y la sociedad.. Editorial Los ataques contra médicos, enfermeras y funcionarios en los centros de atención primaria revelan una crisis que exige respuestas urgentes del Estado y la sociedad.
