Autor: MÓNICA RÍOS BREHM

¿CÓMO FUIMOS SUMANDO PERMISOS EN CHILE?
¿ CÓMO FUIMOS SUMANDO PERMISOS EN CHILE? AnálisisIngeniero Comercial.
Máster en Gestión Ambiental. ¿Cómo fue que llegamos a la situación actual, donde poner en ejecución una línea de transmisión como Kimal-Lo Aguirre esencial para el sistema eléctrico requiere más de 4.000 permisos? ¿ Cómo llegamos a exigir más de 400 permisos a cualquier proyecto minero, por modesto que sea? La respuesta es simple: los fuimos sumando, uno a uno, en distintos y disímiles cuerpos legales. En cada uno de ellos algún legislador tuvo la ocurrencia de agregar una exigencia más, sin preguntarse antes si era estrictamente necesaria. Ese proceso no se ha detenido: continúa día a día. Veamos un ejemplo concreto.
El 14 de enero pasado, el Ministerio de Agricultura publicó la Resolución Nº 243 exenta que “Establece obligaciones para compraventa, almacenaje, manipulación y aplicación de plaguicidas de uso agrícola en Chile”. Si bien el país cuenta con un completo cuerpo normativo sobre el uso de plaguicidas, esta resolución establece exigencias adicionales “solo unas pocas más” para todos los agricultores.
La nueva normativa, en su artículo 14, señala que previo a cada aplicación de plaguicida que se realice en predios, cámaras de almacenamiento y silos, entre otros, se deberá avisar al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) con 48 horas de anticipación, ya sea mediante correo electrónico o en forma presencial. ¿Cuántos avisos recibirá el SAG como resultado de esta nueva exigencia? Hagamos una estimación. Según el VIII Censo Agropecuariohay alrededor de 160.000 unidades productivas de hortalizas, cereales y frutales que aplican plaguicidas.
Cada agricultor hace desde decenas a cientos de aplicaciones al año, dependiendo del cultivo y su ubicación, lo que da un total anual en un orden de magnitud en torno a los diez millones de avisos. ¿Cuál es la real utilidad para el SAG de solicitar millones de avisos? ¿ Tiene real capacidad de procesarlos, o siquiera leerlos? ¿ Y si los llegara a procesar lo que exigiría aumentar el número de funcionarios, con qué parámetros decidirá su autorización? ¿ Y si decide no autorizar, fiscalizará su decisión? Y lo más importante: ¿ Asegurará con ello una mayor protección de la salud humana o del medio ambiente? Desde luego que no, porque suponer que podrá siquiera leer los avisos es inverosímil.
Así las cosas, mientras se suman exigencias adicionales en los campos más diversos, se está tramitando el proyecto de ley de “permisología”. El proyecto adolece de un problema central porque se enfoca en optimizar el otorgamiento de permisos, en lugar de partir por eliminar los permisos que no son estrictamente necesarios.
Es irónico que, por un lado, llevemos décadas intentando agilizar los permisos algunos recordarán los “lomos de toro” que se llamaba a eliminar durante el gobierno del presidente Lagos mientras que, por otro, continuemos agregando nuevos permisos de discutible y real utilidad en la protección de la salud humana o del medio ambiente..