Tarapacá: la migración irregular ya no se juega solo en la frontera
Tarapacá: la migración irregular ya no se juega solo en la frontera La situación migratoria irregular en la Región de Tarapacá sigue siendo uno de los temas más sensibles de la agenda pública, no solo por su impacto en la frontera, sino también por las consecuencias sociales, urbanas y de seguridad que hoy se observan al interior de comunas como Iquique.
En ese contexto, el senador por Tarapacá, Renzo Trisotti, difundió en sus redes sociales un mensaje en que destacó los trabajos de mantención de la zanja en las cercanías de Colchane y el despliegue coordinado entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ejército, subrayando que allí opera un sistema de control con inteligencia y presencia militar para impedir ingresos irregulares. Su señal apunta a una idea política clara: el compromiso de reforzar la frontera sigue en marcha. Esa tesis encuentra respaldo parcial en cifras oficiales, pero no agota el problema. Los datos más recientes muestran que Tarapacá mantiene un peso migratorio particularmente alto dentro del país.
Según una minuta regional del Servicio Nacional de Migraciones, basada en el Censo 2024, en la región residen 84.935 personas extranjeras, equivalentes al 23% de la población regional, casi el doble de lo registrado en 2017. A su vez, la estimación INE-SERMIG para 2023 cifró en 86.526 las personas extranjeras residentes en Tarapacá, de las cuales 8.445 se encontraban en condición migratoria irregular, es decir, un 9,8% del total regional extranjero. Eso significa que el fenómeno tiene una magnitud estructural, no episódica, y que la región sigue siendo uno de los principales puntos de presión migratoria del norte chileno. En materia de control fronterizo, es efectivo que ha habido un reforzamiento.
El informe final de gestión 2022-2026 del Servicio Nacional de Migraciones consigna que, desde la entrada en vigencia de la Ley 21.325 y hasta febrero de 2026, se han reconducido 19.201 personas por la frontera terrestre. Solo en 2025 hubo 5.057 reconducciones, en su mayoría por la frontera con Bolivia.
Más aún, desde que entró en vigencia el acuerdo con Bolivia para reconducir también a personas de terceros países, el 28 de marzo de 2025, y hasta el 31 de enero de 2026, se registraron 4.027 reconducciones en Colchane; de ellas, 2.346 correspondieron a terceros países y la mayoría eran personas venezolanas. Es decir, sí existe una política más dura y operativa en la frontera, con resultados concretos. Sin embargo, el punto crítico es otro: cerrar la frontera no resuelve por sí solo el universo de personas que ya ingresaron y que hoy permanecen en situación irregular dentro de la región. Ahí es donde la discusión cambia de tono.
Porque una cosa es contener el flujo en la línea limítrofe y otra muy distinta es gestionar la permanencia irregular, la falta de documentación, la exclusión del mercado laboral formal, la precariedad habitacional y la exposición al delito dentro de la ciudad. Ese es el círculo que, según distintas alertas locales, todavía no está completamente cerrado en Tarapacá. A ello se suma un factor especialmente delicado: la situación de calle.
Si, como advierten fuentes de este medio en operativos de retiro de rucos y fiscalizaciones urbanas, una proporción significativa de las personas que pernoctan en la vía pública corresponde a extranjeros en situación irregular, entonces el problema migratorio deja de ser exclusivamente fronterizo y se convierte en una crisis urbana, social y de seguridad. No se trata de afirmar que migración irregular sea sinónimo de delito, porque eso sería una simplificación injusta y errónea.
Se trata de advertir que la irregularidad prolongada empuja a muchas personas a espacios de extrema vulnerabilidad, donde quedan más expuestas a la explotación, al reclutamiento por redes de microtráfico o al uso instrumental por parte del crimen organizado. Esa relación de vulnerabilidad sí está reconocida en políticas públicas nacionales sobre trata y trabajo forzoso, que subrayan la necesidad de proteger a personas migrantes frente a estas amenazas. El error sería pensar que la sola existencia de zanjas, controles militares o reconducciones basta para resolver el problema. Ayudan, sin duda. Ordenan la frontera, elevan el costo del del paso fronterizo de Colchane, sino también desde la capacidad de gestión posterior del Estado en las ciudades receptoras. En la práctica, Tarapacá enfrenta hoy una doble presión. Por un lado, la obligación de mantener controlada una frontera históricamente permeable. Por otro, la necesidad de hacerse cargo de las personas que quedaron dentro del sistema sin regularización efectiva, muchas veces sin redes, sin trabajo formal y sin acceso estable a vivienda. Esa combinación genera tensión vecinal, sobrecarga servicios locales y abre una zona gris que puede ser ingreso irregular y muestran una señal de autoridad.
Pero cuando el foco se desplaza hacia aprovechada por bandas ligadas al narcotráfico, al microtráfico o a otras economías ilícitas que se alimentan precisamente de Iquique, Alto Hospicio o los sectores donde se la informalidad y del miedo. Esta es la dimensión que vuelve concentra población migrante precarizada, la más compleja la discusión y que obliga a una mirada menos respuesta ya no puede ser solo policial o militriunfalista. tar. Ahí entran en juego la capacidad del EstaPor eso, el análisis de fondo exige distinguir dos planos.
En el do para identificar, registrar, fiscalizar, derivar primero, el Estado puede mostrar resultados en frontera: resocialmente, ejecutar expulsiones cuando coconducciones, acuerdos bilaterales y mayores herramientas de rresponda y, al mismo tiempo, impedir que el abandono territorial se transforme en una oportunidad para las economías ilegales. control.
En el segundo, que es el más difícil y menos visible, sigue pendiente la tarea de ordenar el espacio urbano, reducir la irregularidad ya instalada y evitar que la exclusión social se convierta Además, la propia estadística oficial muestra en combustible para el crimen. Allí Tarapacá todavía tiene una que el componente irregular no es marginal. brecha importante.
Y esa brecha no se resuelve solo con maquiA nivel nacional, la estimación 2023 de INE y naria en la zanja, sino con inteligencia territorial, persecución penal focalizada, coordinación migratoria, fiscalización efectiva y políticas sociales capaces de intervenir antes de que la marginalidad se convierta en un problema aún mayor. SERMIG estableció que 336.984 personas extranjeras se encontraban en situación irregular, equivalentes al 17,6% del total estimado en Chile. En Tarapacá, aunque el porcentaje regional estimado para 2023 fue menor a esa media naEn otras palabras, la frontera puede estar más dura, pero la región sigue enfrentando un desafío abierto.
El ingreso irregular puede cional, sigue siendo suficientemente alto como haberse vuelto más difícil, pero la regularización incompleta, la para exigir una política sostenida y no solo reacpermanencia precaria y la concentración de vulnerabilidad en zociones coyunturales. El fenómeno, por tanto, no nas urbanas muestran que el problema no terminó: solo cambió puede analizarse únicamente desde el control de lugar.
Esa es hoy la verdadera discusión en Tarapacá.. Las obras y controles en Colchane muestran un endurecimiento del resguardo fronterizo, pero el desafío más complejo sigue instalado puertas adentro: personas que lograron ingresar, permanecen en condición irregular y, en muchos casos, terminan expuestas a redes criminales y a una profunda vulnerabilidad social.