Valiosa alerta del FMI
1 Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de emitir el informe de su equipo técnico sobre la misión de consulta del Artículo IV a Chile, una evaluación de las políticas económicas y financieras del país en el año 2024. La misión destacó que los desequilibrios de la economía se han resuelto en gran medid: ctividad está creciendo en torno a su potencial y el balance de cuenta corriente ha seguido fortaleciéndose. Advierte también, sin embargo, sobre los riesgos provenientes principalmente de un entorno externo más inestable e incierto, que podrían poner en entredicho aquella trayectoria.
Lo mismo, señala, con los efectos de la delincuencia, la migración, la desigualdad y la polarización política, en lo que el propio informe denomina como «frente interno». No se trata, ciertamente de diagnósticos novedosos o desconocidos.
Más interesantes resultan, en cambio, las recomendaciones que ofrece para impulsar el erecimiento potencial de la economía, necesidad que califica de «urgente». En este sentido, ilustra respecto la débil conexión entre industrias más pujantes, como la minería, con otros sectores internos de la economía chi- “Las recomendaciones han sido formuladas al margen del acaloramiento o el oportunismo propios del debate de corto plazo”. Lena. Aquella divergencia había sido relevada la semana pasada en el informe de Cuentas Nacionales del Banco Central.
En ese sentido, el documento del FMI recomienda priorizar, de manera rápida y consistente, acciones para agilizar las solicitudes de permisos de inversión y evaluaciones ambientales; atraer inversiones y profundizar las cadenas de valor vinculadas con la transición verde global (energía renovable y la industria del litio); facilitar la 1+D y mejorar la integración de las mujeres en el mercado laboral, mediante acuerdos de trabajo Mlexible y mejor acceso a servicios de sala cuna de calidad.
De la misma forma, sugiere mejorar la posición fiscal con medidas que adicionen al menos un punto porcentual del PIB, destacando la urgencia de preservar y reconstruir el tamaño del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES); aumentar las tasas y los períodos de contribución a las pensiones (por ejemplo, vinculando la edad de jubilación a la esperanza de vida y alineando gradualmente la edad de jubilación de mujeres y hombres); focalizar la PGU, de manera de mitigar su impacto fiscal; reconstruir los colchones de reservas internacionales, y reforzar la resiliencia del sector financiero. Varias de estas acciones, como lo sehala el propio documento, forman parte de las estrategias del Ejecutivo. Es probable, sin embargo, que no hayan tenido la prioridad ni el impulso adecuado para lograr el impacto esperado. Otras, como en el caso de las pensiones, difieren más significativamente lo que ha propuesto el Gobierno o lo que ha discutido el Congreso.
Por supuesto, el consejo de los organismos técnicos no puede —ni busca— sustituir a la deliberación democrática de las políticas económicas, en el marco de las circunstancias políticas, de contexto internacional o, incluso, de opinión pública.
Pero convendría valorarlas adecuadamente, tanto por esta administración como siguientes; se trata de recomendaciones que no sólo coinciden con un amplio consenso técnico local e internacional, y que han sido formuladas, además, al margen del acaloramiento o el oportunismo propios del debate político de corto plazo.