EDITORIAL: UN PASO HACIA LA JUSTICIA HISTÓRICA CON LOS PROFESORES
EDITORIAL: UN PASO HACIA LA JUSTICIA HISTÓRICA CON LOS PROFESORES La La presentación del proyecto de ley para abordar la deuda histórica con las y los profesores representa un hito crucial en el reconocimiento de una problemática que ha estado presente por décadas en nuestro país.
Este esfuerzo liderado por el Ministerio de Educación y respaldado ampliamente por el Colegio de Profesoras y Profesores constituye una respuesta concreta a un reclamo histórico y un acto de justicia para quienes dedicaron su vida a la educación. La propuesta de solución aprobada por el 82% de los docentes afectados en una consulta celebrada el 28 y 29 de octubre tiene varias características destacables que refuerzan su legitimidad y viabilidad. En primer lugar, el reconocimiento de todos los docentes afectados vivos como beneficiarios es un gesto inclusivo que asegura que nadie quede atrás. Asimismo, el monto establecido de 4,5 millones de pesos por persona, reajustable anualmente, refleja un esfuerzo por equilibrar las necesidades económicas del Estado con las expectativas de los docentes. La estructura de pago progresivo también es un aspecto positivo. Priorizar a las personas de mayor edad asegura que quienes han esperado más tiempo y están en situaciones más vulnerables reciban la ayuda primero. El sistema de dos cuotas anuales, en octubreyenero, proporciona un cronograma claro y factible para la implementación. Otro elemento clave es la transmisibilidad de los beneficios, garantizando que, en caso de fallecimiento de un beneficiario durante el período de pago, su familia no pierda el derecho a recibir el dinero. Esta medida no solo refuerza la justicia social, sino que también reconoce el impacto intergeneracional de la deuda. Sin embargo, también es importante reconocer los desafíos que este proyecto enfrenta. La incompatibilidad con otras acciones de solución podría generar tensiones con ciertos sectores, especialmente aquellos que han buscado justicia por otras vías. Además, la identificación de beneficiarios, aunque apoyada por un listado oficial, podría dar lugar a disputas sobre la inclusión o exclusión de personas. Será fundamental garantizar la transparencia y la claridad en los requisitos para evitar conflictos innecesarios. En síntesis, este proyecto de ley no solo representa una respuesta concreta a un problema histórico, sino también un compromiso del Estado con la educación y sus trabajadores. Queda en manos del Congreso discutir y perfeccionar esta propuesta, asegurando que la implementación sea eficiente y equitativa. La aprobación y ejecución de este proyecto será un paso fundamental para saldar una deuda que, más allá de lo económico, es moral y social con quienes forjaron el futuro de generaciones enteras. T).