EDITORIAL: Reglas sobre uso de la fuerza
EDITORIAL: Reglas sobre uso de la fuerza D espués de dos años de tramitación, el proyecto de ley sobre reglas del uso de la fuerza (RUF) está en condiciones de ser votado próximamente en comisión mixta de diputados y senadores. La iniciativa permaneció paralizada cerca de un año. El atentado terrorista en Cañete en el que fueran asesinados, en abril de 2024, tres carabineros forzó la reactivación del proyecto.
Sectores oficialistas y opositores coincidieron en la necesidad de responder a la demanda ciudadana de garantizar la seguridad jurídica y proteger a las fuerzas armadas y policías en el legítimo cumplimiento de su deber de mantener el orden público. Se estimó transversalmente que la actual falta de certeza jurídica afecta la eficacia en el empleo de la fuerza pública, por la indefensión a que se exponen aquellos a quienes se les ordena emplearla.
Con todo, surgieron discrepancias por la insistencia del Gobierno en incluir el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, restablecer la facultad del Ejecutivo para imponer por la vía reglamentaria exigencias operativas aplicables a grupos especiales, y, especialmente, sobre los alcances de la eximente de responsabilidad penal en las actuaciones de funcionarios policiales y militares.
La introducción de proporcionalidad en la reacción ante amenazas y en el restablecimiento del orden público genera confusión e incorpora un obstáculo derivado de la amplitud y dificultad en definir y aplicar ese concepto, especialmente en la toma de decisiones bajo presión. Por lo demás, los principios rectores de necesidad y racionalidad exigen evaluación integral de la situación y de la respuesta a la agresión.
A su vez, la delegación en el Ejecutivo de facultades para decretar reglas diferenciadas de uso de la fuerza para grupos de especial protección puede transgredir la igualdad ante la ley, además de dificultar definir e identificar quiénes son parte de esos grupos en el fragor de las operaciones. Respecto de las eximentes de responsabilidad, la ley debe ofrecer una protección jurídica clara a quienes hacen uso legítimo de la fuerza conforme al derecho, sin dejarlos expuestos a interpretaciones ambiguas. El texto aprobado sobre uso de la fuerza es un avance.
Corresponde ahora su despacho por la Comisión Mixta, sin postergaciones, descartando definitivamente el principio de proporcionalidad y la facultad de establecer exigencias por la vía administrativa, garantizando eximentes claras y efectivas para las fuerzas armadas y policías en sus actuaciones dentro del marco legal. La ley debe ofrecer protección jurídica clara a quienes hacen uso legítimo de la fuerza conforme al derecho, sin exponerlos a interpretaciones ambiguas. Reglas sobre uso de la fuerza.