Autor: N. BIRCHMEIER

Blumar arremete contra CDE en demanda por perjuicios tras aprobación de fraccionamiento pesquero
Blumar arremete contra CDE en demanda por perjuicios tras aprobación de fraccionamiento pesquero Antes de culminar la junta ordinaria de accionistas de Blumar, celebrada ayer en el Salón Valparaíso del Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, uno de los asistentes levantó la mano y pidió a la empresa referirse sobre los juicios que tienen en curso. La palabra fue tomada por el abogado Enrique Zenteno, asesor legal de la compañía, señalando que una de las causas judiciales tiene relación con una demanda contra el fisco por los cambios al fraccionamiento pesquero.
Esta acción fue presentada a inicios de febrero ante eventuales perjuicios económicos calculados en más de US$ 200 millones por las modificaciones a la legislación pesquera (Ley 21.752 ). Esta ley alteró las cuotas de extracción vigentes hasta 2032, de acuerdo a la normativa aprobada en 2013, y las redujo para las compañías industriales y aumentó para el sector artesanal.
Zenteno señaló que la demanda sigue en etapa probatoria y que durante la noche del lunes ingresaron una réplica a la contestación presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). A mediados de abril, el CDE aseguró entre otras cosas que descartan una “expropiación regulatoria” sobre los derechos de cuotas.
Asimismo, afirmó que Blumar “no ha sido privada de la propiedad de las Licencias Transab l e s d e P e s c a (LTP)”. En el escrito ingresado por Blumar ante el 29 Juzgado Civil de Santiago, al cual tuvo acceso “El Mercurio”, la firma sostuvo que “no ha alegado que la Ley N21.752 sea inconstitucional o que deba ser inaplicada.
Lo único que se ha sostenido es que ella causó un perjuicio que el Estado debe indemnizar”. En ese sentido, la empresa ligada a las familias Sarquis, Vinagre, Santa Cruz y Yaconi planteó que el artículo 19 N24 de la Constitución establece “de manera expresa que cuando una persona es afectada en su propiedad tiene derecho a ser indemnizada.
Así de simple”. “Este derecho, al estar consagrado en la Constitución, goza naturalmente de un estatus privilegiado de cara a la leg i s l a c i ó n c o m ú n (como ocurre con la Ley N21.752 ), pues todo operador jurídico sabe que la ley y el resto de los actos estatales debe sujetarse a la CPR (... ). El planteamiento de Blumar, entonces, no supone cuestionar la decisión política detrás de la Ley N21.752, ni alegar su inconstitucionalidad o que S.S. deba inaplicarla, sino que simplemente consiste en que el Tribunal constate que la actora ha sufrido un perjuicio con su dictación y que, en consecuencia, ordene que esta debe ser indemnizada”, señaló en el documento. Al término de la junta, Gerardo Balbontín, gerente general de Blumar, afirmó que “tenemos la obligación fiduciaria con nuestros accionistas de hacer reclamar los derechos.
En este caso era un contrato con el Estado que estaba vigente hasta el año 2032 y fue reducido en forma completamente unilateral, aduciendo temas bastante ideológicos y que no tienen nada que ver con la ley”. Negocio salmonero Durante la reunión anual con accionistas, Rodrigo Sarquis, presidente de la compañía, planteó que se deben resolver las limitaciones a la aplicación de la ley Lafkenche, para “encontrar un equilibrio que permita una convivencia armónica entre las comunidades indígenas y las actividades productivas que aportan al desarrollo económico y social de las regiones”. Por su parte, Balbontín complementó que la ley Lafkenche si bien tiene un “origen muy noble, pero lamentablemente a lo largo del tiempo desde su creación en el 2008 hasta la fecha se ha ido mal utilizando y hoy día finalmente es una ley que está congelando el crecimiento del borde costero”. En la medida de que se logre destrabar estas materias, el ejecutivo sostuvo que “tenemos expectativa de poder crecer en la XII Región (Magallanes) donde hoy día hay un mar muy extenso y posibilidades de instalar algunas otras concesiones que hoy día están trabadas por la ley Lafkenche”. Balbontín indicó que en esta región, que actualmente produce en torno a 100.000 toneladas, está vigente la tramitación de un Espacio Costero Marítimo de Pueblos Originarios (ECMPO), cuyo proceso inició en 2018. “Si es que eso se regulariza, creo que por lo menos la región podría pasar de 100.000 a 200.000 toneladas”, dijo. En el caso de Blumar, pasarían de una producción de 35.000 toneladas a 50.000 toneladas, proyectando una inversión de unos US$ 45 millones en sus centros productivos ubicados en Magallanes. OLLAVRACNAITSIRC DESEMPEÑO La empresa Blumar registró una utilidad neta por US$ 18 millones durante 2025. Autor: N. BIRCHMEIER. La compañía ve oportunidades de crecimiento para su negocio acuícola en Magallanes, en caso de destrabarse solicitudes de pueblos originarios bajo la ley Lafkenche. Firma acusa un impacto superior a US$ 200 millones: DESEMPEÑO La empresa Blumar registró una utilidad neta por US$ 18 millones durante 2025. Enrique Zenteno (asesor legal), Rodrigo Sarquis (presidente) y Gerardo Balbontín (gerente general) liderando la junta de accionistas de Blumar.