Autor: PABLO GARCÍA

Política, política fiscal y macroeconomía
Política, política fiscal y macroeconomía DE PUÑO Y LETRAComo en cualquier democracia representativa, el tema fiscal es muy político, pues se remite a los impuestos que pagamos, los beneficios y servicios que el Estado nos provee y el endeudamiento en que colectivamente incurrimos. La discusión sobre la política fiscal en Chile ha sido particularmente crispada desde la concreción de un déficit fiscal en el 2024 mayor que el previsto. Esto, a su vez, ha motivado el llamado a realizar un ajuste del gasto público para el 2025. Las magnitudes son relevantes, y se debe entender el contexto del desvío de manera de evitar soluciones a matacaballo o puramente cosméticas. En primer lugar, las metas fiscales, en particular la trayectoria del déficit estructural, fue autoimpuesta por el Gobierno. La Ley de Responsabilidad Fiscal parte señalando que el Ejecutivo tiene 90 días después de asumir para dictar un decreto que defina sus metas fiscales. En segundo lugar, y por lo anterior, las metas en Chile no son dictadas por el FMI o por el mercado, como sí ocurre en algunos países como Argentina. En tercer lugar, el desvío de la meta fue por una significativa menor recaudación tributaria y no por gastos extraordinarios, como ocurrió en 2021, debido al IFE Universal. Teniendo el contexto más claro, corresponde entender las razones de este desvío.
Como lo señala el Informe de Finanzas Públicas de fines del 2024 y lo reitera el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en su análisis reciente, los ingresos tributarios resultaron ser 4 billones de pesos menores que los previstos, y los ingresos del litio, 1 billón menor.
Estas cifras equivalen en torno a 1,5% del PIB del año, justamente reflejando también que el déficit estructural fue 1,3% mayor que el previsto. ¿Por qué se producen sorpre-sas en los resultados efectivos versus los proyectados? La evidencia muestra que la recaudación del impuesto a la renta dista mucho de ser estable, pasando, por ejemplo, de un 6,5% del PIB en 2019 a un 9% del PIB en 2022, cayendo de vuelta a algo por sobre 6% en 2024. Además, si proyectar el crecimiento del PIB es difícil, más lo es proyectar sus componentes individuales que inciden de manera más directa en la recaudación. Es posible que hoy la estructura de la economía sea lo suficientemente distinta al período prepandemia como para hacer más difícil estas proyecciones. Es correcto que en la Dipres se haya entonces reforzado el equipo encargado de realizar proyecciones de ingreso.
El CFA ha indicado que para volver a conducir la política fiscal hacia las metas establecidas se requiere un ajuste de gasto adicional del orden del 0,5%. No debemos hacernos ilusiones de que este esfuerzo puede hacerse sin dolor, solo recordando las quejas y reclamos hace algunos meses desde múltiples agencias del Estado y representantes políticos frente a un recorte bastante más acotado. La idea de que existe una cantidad de grasa en el Estado que es fácil de eliminar para efectos de ajustes fiscales grandes es solo eso, una idea. La realidad es que el grueso del gasto público va a provisión de servicios y beneficios altamente valorados por la población, tales como seguridad, salud y, por supuesto, pensiones. Por ejemplo, la PGU representa un 2,5% del PIB y no se legisló suficiente financiamiento asociado. La confusion pública entre déficit y financiamiento, revelado por el mediático debate sobre Corfo, tampoco ayuda a la conversación. Dos áreas que se sabe podrían ayudar a recaudar más son reducir la evasión en el sistema de transporte público y corregir el tramo exento al impuesto a la renta. Huelga decir que ninguna de esas opciones cuenta con el suficiente apoyo, y de hecho lo popular es proponer recortes de impuestos. Pero dados los desafíos fiscales, no existe espacio para menor carga impositiva. La idea de que las reducciones de impuestos se pagan solas, gracias al crecimiento, debería haber quedado despejada con los resultados de la Comisión Marfán. Un eventual ajuste tributario debe ser efectivamente neutro desde el punto de vista recaudación. Es responsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo llegar a acuerdos políticos que logren cuadrar este círculo, difícil en año electoral.
Macroeconómicamente, corresponde también preguntarse por qué la política fiscal debe entrar en modo de ajuste, cuando también el mercado percibe que la política monetaria no tiene espacios en el corto plazo para seguir recortando la TPM. Una explicación incómoda para ambos temas es que el crecimiento potencial es incluso menor del que pensamos. ES CORRECTO QUE EN LA DIPRES SE HAYA REFORZADO EL EQUIPO ENCARGADO DE REALIZAR PROYECCIONES DE INGRESO..