Un difícil año judicial
Un difícil año judicial P robablemente el año 2024 será recordado como uno de los más duros para el Poder Judicial y la administración de justicia, si no en toda su historia, al menos en las últimas décadas.
Dos ministros de la Corte Suprema fueron destituidos de sus cargos y varios otros han sido o continúan siendo seriamente cuestionados a través de denuncias y sumarios, principalmente a causa de las revelaciones en el contexto del denominado caso Audio. La onda expansiva de este caso también alcanzó a la fiscalía, incluyendo al fiscal nacional y a fiscales regionales, así como a la anterior cabeza de la PDI y otros altos funcionarios.
Más allá de cómo se resuelvan finalmente estos cuestionamientos, tanto el tenor de los mensajes publicados como el tipo de favores y gestiones que los mismos protagonistas han reconocido, han sido suficientes para socavar la confianza de la ciudadanía en esas instituciones.
La pérdida de evidencia clave del caso Luminarias que estaba bajo custodia del Ministerio Público y la PDI, un hecho gravísimo y sin precedentes del cual casi nada se sabe, resulta consistente con el panorama general. Estos escándalos han encendido algunas alarmas y llevado a la adopción de ciertas decisiones administrativas. Sin embargo, existe el serio peligro de que el remezón caiga pronto en el olvido.
Muchas de las malas prácticas desnudadas en 2024, desde la manipulación de las vistas de las causas en tribunales colegiados hasta las relaciones de gran cercanía y hasta de complicidad entre jueces y fiscales, por un lado, y algunos abogados y operadores, por otro, se encuentran fuertemente arraigadas.
Para un grupo relevante de personas --clientes, abogados y funcionarios--, el ejercicio de la profesión legal consiste precisamente en cultivar contactos y valerse de ellos, más todavía si esto se hace en beneficio de una "buena causa". Otro tanto ocurre, a partir de cierto nivel, con los contactos e intercambios entre los actores del sistema de justicia, o sus asesores comunicacionales, y quienes se desempeñan en diversos roles en los medios de comunicación. Lo anterior obedece ciertamente a una cierta idiosincrasia que Chile comparte, aunque algunos no quieran verlo, con otros países latinoamericanos.
Tal vez esta misma ceguera ha impedido advertir que los jueces, fiscales y otros funcionarios ejercen un enorme poder sobre la vida de las personas que se ven expuestas a sus decisiones, y que tal poder puede ser ejercido en forma arbitraria.
Lentamente, no o b s t a n t e, p a r e c e e s t a r abriéndose paso la idea de que la arbitrariedad no es un problema de los demás, sino que puede llegar a afectar en forma decisiva la vida de cualquier persona. La combinación entre amplios espacios de discrecionalidad y una cultura de amiguismo, clientelismo, escaso respeto por las reglas e improvisación representa un desafío de gran envergadura. Para enfrentarlo no basta un remezón como el del año recién pasado, sino que se requiere un diagnóstico más preciso, junto al diseño e implementación de políticas públicas destinadas a atacar las causas del problema. Desde ya, todo indica que la probidad en el desempeño de los cargos públicos es un valor que debiera trabajarse desde la educación básica. Igualmente, todos los organismos del Estado deberían implementar políticas y programas de prevención ante conflictos de interés y considerar una exigente rendición de cuentas que incluya las decisiones discrecionales. Existe el serio peligro de que el remezón caiga pronto en el olvido. Muchas de las malas prácticas desnudadas en 2024 se encuentran fuertemente arraigadas..