Crisis en Colombia
Crisis en Colombia La crisis de seguridad en Colombia ha escalado dramáticamente debido a los violentos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos disidentes de las FARC, en la zona del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. El conflicto tiene sus raíces en la disputa por el control territorial y el dominio de economías ilegales, como el narcotráfico y la minería informal.
Es que, tras la desmovilización de la mayoría de los combatientes de las FARC luego del acuerdo de paz de 2016, varias facciones disidentes se reorganizaron para llenar el vacío de poder dejado por el grupo insurgente original. Por su parte, el ELN ha buscado exp a n d i r s u i n fluencia en estas zonas, lo que ha provocado enfrentamientos directos entre ambas fuerzas. La búsqueda del control de rutas estratégicas ha intensificado las hostilidades.
Pero este conflicto también tiene un componente político, pues ambas organizaciones luchan por consolidarse como los principales actores armados del país, buscando legitimidad frente a las comunidades que controlan y en sus negociaciones con la autoridad. En este contexto, el gobierno de Gustavo Petro, el primero de izquierda en la historia reciente de Colombia, ha priorizado la "paz total" como una de sus principales políticas. Sin embargo, los resultados han sido muy limitados. Petro ha promovido negociaciones tanto con el ELN como con los grupos disidentes de las FARC, pero la escalada de violencia ha puesto en jaque esta estrategia. El Presidente ordenó un despliegue militar en la región para contener los enfrentamientos; sin embargo, ha sido insuficiente.
Además, se han convocado reuniones de emergencia con delegados de las dos partes para buscar un cese el fuego, pero estas iniciativas han fracasado debido a la falta de confianza mutua y la ausencia de mecanismos efectivos para supervisar y garantizar los acuerdos. El conflicto no solo amenaza el proceso de paz, sino también la imagen de estabilidad que Colombia intenta proyectar. Los continuos enfrentamientos y el aumento de desplazamientos forzados han generado críticas de organismos internacionales y debilitado la confianza de la población en la capacidad del gobierno para garantizar seguridad. A d e m á s, l a violencia también afecta el desarrollo económico, particularmente en regiones ricas en recursos naturales, donde las empresas legales enfrentan extorsión y amenazas constantes. Este clima de inseguridad desincentiva la inversión y agrava las desigualdades sociales, alimentando un ciclo vicioso de violencia. De cara al futuro, el gobierno de Petro enfrenta varios escenarios. En el mejor de los casos, un cese el fuego bilateral podría allanar el camino para un acuerdo más amplio que incluya medidas de desmovilización y reintegración para los combatientes. Esto, sin embargo, requiere un compromiso genuino de ambas partes y el establecimiento de mecanismos de verificación internacionales. Esta crisis pone de manifiesto los límites de las estrategias tradicionales de pacificación en Colombia. El desafío para Petro radica en demostrar que su gobierno puede manejar una crisis de esta magnitud y avanzar hacia una paz sostenible, un objetivo que hasta ahora le ha sido en extremo esquivo. Los enfrentamientos entre insurgentes ponen en jaque al gobierno..