Con un nuevo mercado anti okupa, España busca lidiar con uno de sus grandes problemas
Con un nuevo mercado anti okupa, España busca lidiar con uno de sus grandes problemas UNA MUJER pasa por fuera de un edificio tomado por okupas en el casco histórico de Valencia, en donde es fácil encontrar inmuebles ocupados ilegalmente.
JOSÉ TOMÁS TENORIO LABRA P ublicidades que destacan seguros de protección contra la "ocupación ilegal" de hogares, empresas que promocionan cerraduras y puertas "anti okupa", o particulares que anuncian servicios de desalojos en sitios web, son parte de una nueva normalidad que se ha instalado en España frente al problema de los okupas.
Con autoridades y miles de propietarios enfrentados a una situación que se presenta como un quebradero de cabezas, el surgimiento de un mercado anti okupa se ha alzado en el último tiempo como una alternativa en ocasiones controversial a lo que muchos perciben como una falta de leyes y mecanismos judiciales efectivos.
Pese a ser un fenómeno que lleva décadas presente en España, han sido factores como el auge en los últimos años del debate público sobre cómo lidiar con las ocupaciones ilegales y la constante aparición de nuevos casos de "okupación" en medios y redes sociales lo que ha empujado al nuevo mercado anti okupa, de la mano de grandes sectores como el de las aseguradores, que tan solo el año pasado vio la aparición de las primeras pólizas específicas para este tipo de casos.
Aún así, ya son varias las aseguradoras que reportan que en el último año más de un 60% de sus pólizas de hogar han sido contratadas con cobertura contra la ocupación ilegal de viviendas, según El Mundo, mientras que la llegada de agosto y las vacaciones hace que se multipliquen los avisos de productos anti okupas, ante el temor de que las viviendas vacías se transformen en un posible blanco okupa.
Así, es fácil dar con anuncios de empresas de seguridad que incluyan alarmas y nuevos sistemas de vigilancia "contra okupas", cerraduras inteligentes que detectan intentos de ocupaciones ilegales, y puertas, ventanas y remétodos violentos y al margen de la ley para realizar los desalojos.
A su vez, algunos de los principales rostros de Desokupa han sido vinculados tanto a grupos de extrema derecha en España como en otras partes de Europa, un tema que volvió a quedar al centro de la controversia en la nación luego de que durante la semana los líderes de Desokupa firmaran un convenio con el mayor sindicato policial del país para realizar programas de entrenamiento a miles de agentes, algo cuya legalidad fue puesta en duda hasta por el gobierno central.
Un proyecto de ley que no logra avanzar A pesar de ser un tema que ya está instalado en la agenda política y que según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios es algo que preocupa de gran manera al 54% de los españoles, una propuesta de ley presentada por el Partido Popular (conservador) para acortar los plazos de desalojo en caso de ocupaciones ilegales a tan solo 24 horas lleva meses estancada en el Congreso, ante sucesivos aplazamientos en su tramitación.
Y aunque distintos gobiernos locales han avanzado con otras propuestas para intentar abordar esta problemática, como con protocolos anti okupación para que las autoridades puedan actuar con mayo rapidez ante estos casos, teléfonos "anti okupa" para realizar denuncias, o registros compartidos de zonas ocupadas, la situación no cambiará de gran manera sin una legislación más completa, según el experto en derecho inmobiliario de la Universidad Autónoma de Madrid Íñigo Vázquez. "Lo que se necesitan no son pequeños arreglines. Se han tratado de aplicar medidas de protección anteriormente y han fracasado justamente porque no entregaban medidas efectivas de prevención y acción.
Si realmente se quiere frenar a los okupas, se tiene que ser más ambicioso", afirmó el académico a este diario. el surgimiento de grupos privados especializados en realizar desalojos forzados de viviendas ocupadas ilegalmente, siendo el grupo Desokupa el más conocido a nivel nacional por sus constantes apariciones en medios y en redes sociales.
Sin embargo, la agrupación también es blanco de constantes acusaciones, incluso de algunos sectores políticos de izquierda, de actuar como un ente "parapolicial" y de emplear lo que hay que convivir y a lo que hay que adaptarse (... ) Existe una sensación de amenaza que, aunque pueda estar algo inflada, es percibida por muchos como real. Y sobre todo una sensación de que el sistema no funciona para estos casos", dijo a "El Mercurio" Vicente López, especialista en sociología urbana de la Universidad de Valencia.
Es esa preocupación por el tema la que también ha permitido pueden tardar hasta entre dos y tres años para lograr el desalojo de okupas de una vivienda, debido a una serie de normas y leyes que dificultan mucho a los propietarios hacer frente a un caso de ocupación ilegal, en un panorama muy distinto al de otros países europeos en donde los mecanismos suelen ser ágiles y con penas importantes para los infractores.
De esta forma, estimaciones de la fundación Institut Cerdá de políticas públicas y del Colegio de Economistas de Cataluña apuntan a que el total de viviendas afectadas por este fenómeno alcanza las 78.800 en toda la nación, mientras que tan solo en 2023 se cursaron 15.200 infracciones por ocupación de vivienda, unas 42 al día. "Hay una suerte de resignación ciudadana sobre que el problema de los okupas es algo con jas de seguridad reforzadas para evitar los ingresos de okupas a los hogares.
Propuestas menos convencionales ante una resignación al problema Pero esta problemática también ha dado paso a mecanismos menos convencionales, y en diversos sitios de anuncios inmobiliarios es posible encontrar ofertas de venta de pisos y casas con okupas en su interior, por un costo en ocasiones hasta 60% inferior al precio de mercado, pero sin ninguna garantía de que el lugar pueda llegar a ser habitado por el comprador.
Y es que en el centro del problema de la "okupación" en España se encuentran largos y engorrosos procedimientos judiciales que El fenómeno lleva años presente en el país: Con un nuevo mercado anti okupa, España busca lidiar con uno de sus grandes problemas JOSÉ TOMÁS TENORIO LABRA Corresponsal en España Desde pólizas de seguro hasta grupos privados de desalojo de ocupantes ilegales, en el país han surgido nuevas y en ocasiones controversiales formas de hacer frente a la "okupación". Dos a tres años en promedio es lo que puede llegarse a demorar en varias zonas de España el lograr el desalojo de okupas por medio de la vía judicial. De momento, un proyecto de ley para agilizar significativamente ese procedimiento está estancado en el Congreso..