"Papaya Gate": defensa lanza fuerte arremetida para evitar prisión preventiva
"Papaya Gate": defensa lanza fuerte arremetida para evitar prisión preventiva TRIBUNAL DE GARANTÍA ENTREGARÁ HOY SU DECISIÓN Los abogados de la exintendenta Lucía Pinto, José Cáceres y Pablo Bracchitta, rechazaron de plano las cautelares que está solicitando el Consejo de Defensa del Estado, el que, a diferencia de la fiscalía regional de Valparaíso, busca que se dicte prisión preventiva para los tres imputados.
Ayer, los abogados defensores de la exintendenta regional, Lucía Pinto, del exadministrador regional, José Cáceres Rojas, y del gerente de empresas CPS S.A., Pablo Bracchitta, reaccionaron con toda su artillería para descartar los argumentos entregados por el Consejo de Defensa del Estado, organismo que está pidiendo prisión preventiva para los tres imputados por el delito de fraude al Fisco.
DEFENSA DE EXAUTORIDAD En el caso de la exintendenta regional, alegaron en su defensa los abogados Samuel Donoso y Gabriel Campos, quienes manifestaron que la petición de prisión preventiva no corresponde, alegando falta de antecedentes que demuestren la participación de Pinto en el delito investigado.
En esa línea, Campos argumentó que el Ministerio Público, en alegatos previos relacionados con la causa de José Cáceres (rol 1503 del año 2024 de la Corte de Apelaciones de La Serena), describió la investigación como una operación de compraventa de seis lotes de terreno sin mencionar a Lucía Pinto. Agregaron además, que la intervención de la exautoridad se limitó a colocar la firma para la ratificación de un nuevo contrato, sin conocimiento de las circunstancias que el Ministerio Público y el CDE consideran fraudulentas.
Por lo anterior, se enfatizó en que la formalización y las solicitudes de medidas cautelares por parte del Ministerio Público y el CDE se basan en una presunta conexión entre Pinto y un conflicto de interés de José Cáceres, exadministrador del gobierno regional, con un grupo empresarial. Sin embargo, la defensa argumentó que no existen antecedentes que demuestren que Pinto conociera esta relación.
Para ello, se presentó la declaración voluntaria de Lucía Pinto ante la fiscalía, con fecha 13 de julio En la tercera sala del tribunal de Garantía de La Serena, se ha estado desarrollando la audiencia de formalización por el polémico caso "Papaya Gate". CRISTIAN SILVA de 2021, en la cual, negó conocer detalles cruciales del proceso de compraventa, incluyendo la carta de intención de venta, los tasadores y a los representantes de las inmobiliarias involucradas. Es más, la defensa afirmó que el Ministerio Público no presentó evidencia que refutaran estas declaraciones.
Asimismo, declararon varios testigos, como Patricia Figueroa Canales, Paulina Tapia Astudillo, Gloria Huerta, Sergio Rojas Olivares, Pablo Bracchitta y Eduardo Espinoza que corroborarían, a juicio de la defensa, la limitada participación de Lucía Pinto en el proceso, asegurando que "su rol se restringió a la firma de documentos, sin conocimiento de las presuntas irregularidades". IRREPROCHABLE CONDUCTA De la misma forma, se cuestionó la afirmación del Ministerio Público y del CDE en cuanto a que Pinto habría actuado para acelerar el gasto presupuestario, argumentando que esta motivación, de ser cierta, descartaría el dolo necesario para el delito de fraude al fisco. También se refutó la afirmación del CDE en cuanto a que la exautoridad priorizó su interés personal, presentando los descargos del sumario administrativo que, según la defensa, fueron malinterpretados. Finalmente, la defensa argumentó contra la prisión preventiva, alegando la ausencia de peligro para el desarrollo de la investigación y la proporcionalidad de la medida. Al respecto, se destacó su irreprochable conducta anterior, su colaboración con la investigación, su arraigo social y familiar, y la baja probabilidad de una pena de cárcel efectiva. NO HUBO FRAUDE Por otra parte, el abogado Enrique Labarca, defensor de José Cáceres, descartó la existencia de un fraude en la adquisición de los terrenos.
Su postura la basó en que el proyecto deportivo que se pretendía emplazar allí, surgió como compensación por la pérdida de terrenos municipales debido a la construcción del nuevo hospital, para lo cual, presentó actas de sesiones municipales (sesión 1.133 del 28 de diciembre de 2018 y sesión 1.151 del 29 de mayo de 2019) "que demuestran que la idea de la ÓSCAR ROSALES CID La Serena. "Papaya Gate": defensa lanza fuerte arremetida para evitar prisión preventiva compensación provino del alcalde, no de Cáceres", señaló.
Además, dijo que se carecía de terrenos aptos para la construcción del hospital, según el informe de evaluación de terreno del Servicio de Salud Coquimbo de 2019 (fojas 525 y 2.515). Se refirió además, a la participación de varias personas en el proceso de selección de terrenos, incluyendo a funcionarios del Servicio de Salud.
También argumentó que las diferentes tasaciones del terreno no demostrarían fraude, sino la variabilidad del mercado inmobiliario, para lo cual, expuso la tasación realizada por Impuestos Internos (4,65 UF/m² en el primer semestre de 2020) que a veces son más altas para efectos de contribuciones y más bajas para las pericias de la fiscalía y un acta de un notario público que confirma el valor de tasación del SII para el lote 15.
Destacó además, que el proyecto se presentó cuatro veces a la Contraloría, "lo que contradice la idea de un fraude intencional". Sobre la acusación por el delito de negociación incompatible, Labarca dijo que "si existiera, estaría prescrito". Finalmente, refutó la acusación de falta de transparencia, asegurando que Cáceres testificó tres veces en la investigación y declaró ser parte de una sociedad con el 1%. Finalmente, Labarca argumentó que las medidas cautelares solicitadas para su defendido "son desproporcionadas". NO ES FUNCIONARIO PÚBLICO Respecto a otro de los inculpados, Pablo Bracchitta, acusado por el delito de malversación de caudales públicos, su abogado, David Segall, alegó que dicha figura legal solo aplica a funcionarios públicos, "y él nunca lo ha sido", afirmó.
Por ello, citó la jurisprudencia de la Corte Suprema que establece la incomunicabilidad de las circunstancias personales (artículo 64, inciso primero del Código Penal) en delitos de malversación y fraude al fisco, afirmando que el vínculo funcionario no se extiende a particulares.
Para su defensor, equiparar la situación de Bracchitta a la de un funcionario público implica "extenderle normas del derecho administrativo que no le son aplicables". Además, rechazó la imputación del delito de estafa, argumentando la ausencia de engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio, y destacando la transparencia del proceso de venta de terrenos, con el valor de venta informado al gobierno regional desde el inicio. En ese sentido, afirmó que la malversación de caudales públicos y el fraude al fisco son delitos especiales que requieren la intervención de un funcionario público, descartando delitos subyacentes como la estafa. También descartó la imputación por administración desleal al no ser Bracchitta gestor ni garante del patrimonio público. Respecto a las medidas cautelares solicitadas en su contra la defensa de Bracchitta las descalificó, proponiendo como alternativa otras cautelares, como el arraigo nacional y la firma mensual.
RÉPLICA DE LA FISCALÍA Y CDE Una vez terminadas las intervenciones de los abogados de la defensa, los representantes de la fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado descartaron gran parte de los argumentos esgrimidos. Es así como el fiscal Claudio Rebeco, jefe de la Unidad Anticorrupción de Valparaíso, explicó que "no hubo oposición" de las defensas de Pinto y Cáceres a la medida cautelar, no replicando así, sus argumentos.
Pero sí lo hizo respecto a la defensa de Bracchitta, refutando que la investigación fuera arbitraria, destacando su complejidad y la existencia de múltiples informes de tasación (bajo el antiguo y el nuevo plan regulador comunal) que demostraban un perjuicio económico, con precios inferiores a los 5,8 UF por metro cuadrado inicialmente considerados.
También se refirió a un proceso de expropiación que el SERVIU, en 2023, realizó de un terreno colindante a los lotes implicados en el "Papaya Gate" tasado a 3 UF/m², y una tasación del Ministerio de Bienes Nacionales de 4,3 UF/m², montos que contrastan con los 5,8 UF/m² inicialmente pagados. Asimismo, negó haber imputado delitos a Bracchitta como empleado público, aclarando que su imputación se hace en calidad de autor.
En tanto, el CDE, representado por la abogada Francisca Nenen y el abogado Javier Rojas, se refirieron al perjuicio patrimonial sufrido por el GORE, alegando que el reclamo por el avalúo de Inmobiliaria Guayacán (cuyo gerente era Bracchitta) y los informes de tasación de febrero de 2020 (solicitados por Bracchitta) confirmarían la existencia de un sobreprecio al momento de pagar por los terrenos. Cabe señalar que la audiencia por este bullado caso continuará el día de hoy. Para la exintendenta regional, Lucía Pinto, el Consejo de Defensa del Estado está solicitando prisión preventiva, mientras que la fiscalía, arresto domiciliario nocturno.
CRISTIAN SILVA LUCÍA PINTO SE LIMITÓ A FIRMAR LA RATIFICACIÓN DE UN NUEVO CONTRATO, SIN CONOCIMIENTO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL CDE CONSIDERAN FRAUDULENTAS" GABRIEL CAMPOS ABOGADO DEFENSOR DE LUCÍA PINTO. - - - - -