Columnas de Opinión: Licencias: tolerancia cero
Columnas de Opinión: Licencias: tolerancia cero Con ocasión de las cifras informadas por la Contraloría General de la República respecto de funcionarios públicos que han mal utilizado licencias médicas, el tema ha vuelto a estar en el ojo del huracán. Poner números a algo que era sabido, y esa magnitud de números, explica la indignación que hemos visto. Ahora bien, la primera reacción es buscar responsabilidades, y ahí se encuentran diversas entidades públicas con atribuciones, tanto respecto de los emisores como de los usuarios de las licencias. Debe revisarse cada una de ellas, para determinar si hizo uso de sus facultades. La legislación respectiva existe y ha sido recientemente perfeccionada, por lo que no hay excusa en falta de ley. Debe revisarse también la proactividad y gestión que se haya tenido, ya que de poco y nada sirven los textos legales si no son llevados a la práctica. La CGR logró determinar y cuantificar la existencia de este fraude con la información existente, prueba fehaciente de que sí era factible hacerlo. Lo anterior dará lugar a las responsabilidades administrativas, pero también hay responsabilidades políticas que no se pueden pasar por alto.
El fraude de licencias médicas trae consigo un tremendo costo público y privado, no sólo por el pago de prestaciones indebidas, sino que también por la falta de servicio que deriva de la falta del trabajador, la sobrecarga laboral para los que deben suplir a los ausentes y los mayores costos para el sistema, que redundan en alzas de planes y de recursos que podrían haberse empleado en las necesarias y pendientes prestaciones de salud.
Las licencias médicas son un instrumento relevante de la seguridad social, que permite al que sí tiene una patología mantener sus ingresos hasta que logra recuperar la salud, y su mal uso pone en riesgo su funcionamiento. Las reacciones transversales que ha habido pueden constituir una oportunidad de enmendar el rumbo en este tema. Pero más allá de cambios legales, reglamentarios y de gestión que indudablemente deberán hacerse, esto también pasa por un cambio cultural. Si internalizamos el costo social que tiene el mal uso de esta herramienta y bajamos la tolerancia al fraude, lograremos un relevante giro con beneficios para todos. El uso indebido de la licencia debe acarrear la pérdida del puesto de trabajo en ambos sectores, público y privado. Asimismo, la emisión fraudulenta debe implicar la pérdida permanente de la facultad de emitir, porque el fraude exige una política de tolerancia cero. Pedro Pizarro Cañas Exsubsecretario de Previsión Social Vicepresidente del Instituto Libertad. OPINIÓN