LAS ALERTAS. QUE ENCENDIÓ EN LA INDUSTRIA FORESTAL el Informe para la Paz y el Entendimiento
LAS ALERTAS. QUE ENCENDIÓ EN LA INDUSTRIA FORESTAL el Informe para la Paz y el Entendimiento Los copresidentes de la comisión, Alfredo Moreno y Francisco Huenchumilla. MIN.
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA l miércoles, la mesa de trabajo de Pueblos Indígenas de Sofofa tuvo como invitado especial al subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien se desempeñó como secretario ejecutivo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento (CPYE), que el martes entregó el informe final al Presidente Gabriel Boric. Integrantes de la mesa --representantes de distintas industrias, entre ellas la forestal-plantearon dudas y reparos respecto de las 21 propuestas que contiene el documento de 153 páginas, resultado de un trabajo de dos años.
Dos días después, el viernes en la tarde, la mesa directiva del gremio que agrupa a la industria forestal, Corma, realizó su reunión quincenal, instancia en la que se analizó en detalle el documento y se recogió la opinión de los socios sobre las implicancias y alcances de las recomendaciones.
Se trata de un conjunto de medidas construidas sobre cinco ejes: justicia y reconocimiento, reparación a las víctimas, tierras, desarrollo territorial y garantías de la implementación, que busca dar una solución a la problemática territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. La industria forestal está inquieta y quedó con un sabor amargo tras conocer el informe. "Es un insumo más", sostiene un ejecutivo del sector. Otra fuente ligada al rubro complementa. "En ningún caso resuelve el conflicto mapuche, no lo vemos como un cierre ni como un punto final.
Es iluso pretender que a contar de ahora se acabaron todos los problemas". De hecho, esta misma semana, la noche del miércoles, se produjo un nuevo ataque incendiario en La Araucanía, en la comuna de Los Sauces, en un predio forestal de CMPC.
A juicio de Álvaro Morales Marileo, director nacional de Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), entidad que participó de todo el proceso de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, "el conflicto existente se ha denominado un wicked problem, es decir, un problema complejo y difícil. Dicha característica proviene de su carácter multifactorial, que torna la mayoría de los abordajes como insuficientes.
La propuesta de la CPYE es una salida procedimental que busca abordar el conflicto desde sus más diversos aspectos, que pasan por el reconocimiento constitucional, la resignificación de la memoria y la convivencia intercultural, la potenciación de la lengua y cultura, la reparación territorial, la reparación de las víctimas y también el desarrollo económico y productivo.
Es la solución más integral que se ha propuesto en los últimos 31 años (... ) Es una propuesta que --pasada por la consulta indígena y la reflexión cívica y política-debería permitir visualizar caminos de salida para la situación en la que nos encontramos". Los privados valoran que "hubo una oportunidad para ser escuchados, para dar a conocer nuestros puntos de vista y transmitir nuestra experiencia. Se produjo una relación fructífera, fluida, abierta y honesta. Hubo un buen ánimo", asevera una fuente vinculada a la industria.
Aunque otros involucrados lo matizan. "La industria siempre estuvo muy disponible a aportar, pero participó poco de la conversación en los plenos, solo tres veces fueron invitados a exponer y a participar ante la comisión, en un lapso de dos años, lo que no es mucho.
Sí activaron un diálogo permanente y directo con los integrantes, pero cuando se entregó el informe final, hubo muchas sorpresas poco agradables". Puntos de la discordia Según el documento, la reparación en tierras a pueblos indígenas, gestionada principalmente a través del artículo 20B de la Ley Indígena, es insuficiente.
El informe consigna que, al cierre de 2024, la Conadi ha adquirido 230.563 hectáreas mediante procesos de compra establecidos por el mecanismo 20B en los últimos 31 años, distribuidas en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Pero el documento da cuenta de una demanda muy superior. "Esto contrasta con la demanda de tierras que se estima en 486.008 hectáreas, considerando los límites establecidos para el crecimiento de familias y demanda futura". Y detalla el costo financiero que ha tenido para el Estado esa entrega de tierras. "La inversión total realizada por Conadi para la reparación en tierras indígenas al pueblo mapuche en las cuatro regiones bajo el mecanismo 20B asciende a US$ 1.017 millones, expresado en moneda de 2024". Precisamente, un primer punto de gran inquietud para la industria forestal es que el documento de la comisión repone una narrativa "centrada en las tierras". En el sector rerritorial, proponiendo compensar no solo con terrenos, sino también con otras modalidades, como infraestructura habitacional o productiva, el pago de créditos hipotecarios o el financiamiento de estudios de educación superior, entre otras cosas, según sea la decisión de los beneficiarios. "Se planteó una batería de soluciones más diversas y flexibles de lo que existe hoy, que es tierra o nada. Y eso fue valorado por la industria", admiten en el sector. Pero la versión final del informe incorporó un punto sensible y crítico para las empresas: un sistema de arbitraje. "Esto genera gran resistencia", admiten en el sector forestal.
Lo que preocupa es que la comisión recomienda la creación de un Tribunal Arbitral, que "en el cuarto año desde que entre en operación el nuevo sistema, el tribunal deberá evaluar por única vez el funcionamiento de este en su conjunto, teniendo en especial consideración que la tierra disponible por provincia sea suficiente para que la mayoría de comunidades y familias puedan optar a tierra como forma de reparación". A su vez, el tribunal tendrá la facultad de disponer que la Agencia de Reparación, "dentro de los próximos seis meses, adopte medidas en determinadas regiones, provincias o comunas, en relación con las cinco fuentes (de donde provenga la tierra) y las otras formas de reparación". En el mundo forestal critican. "Hay un claro sesgo y dado que el nuevo tribunal arbitral podrá revisar el sistema, se privilegia la entrega de tierras.
Si una comunidad al principio optó por otro mecanismo de reparación, al cuarto año igualmente podrá pedir tierra como compensación, lo que genera incerteza a las empresas e impide que las demandas se cierren, pudiendo reabrir los casos al cuarto año.
La idea de un punto final se aleja". Y debido a que podrían existir nuevas reclamaciones, en el sector privado creen que el fondo por US$ 4.000 millones que propone la comisión como un mecanismo para solventar el sistema de reparación, vía entrega de tierras o apoyos a comunidades indígenas, será insuficiente, "porque se podrían alimentar nuevas demandas y exigencias". Lo que también causó sorpresa en el mundo forestal -"y no gratamente"-es que el informe asegura que "en una primera fase, bajo la actual normativa de la Ley Indígena vigente, la industria forestal manifestó su voluntad de otorgar una respuesta en plazo acotado a la demanda actual de tierras que existe ante Conadi asociada a predios de su propiedad. Y una vez que entre en vigencia el nuevo marco normativo de reparación, la industria forestal manifestó su disposición para ser parte de la solución que propone esta comisión.
En concreto, señala su voluntad de otorgar una respuesta a las demandas que estén asociadas a predios de su propiedad". Pero, subrayan en el sector, "nuestra disposición no es un cheque en blanco". Consulta indígena en este gobierno Para implementar las recomendaciones, la comisión sugiere crear una oficina, dentro de un actual órgano de alta jerarquía, "la cual funcionará como una instancia de continuidad de la actual secretaría ejecutiva. Esta oficina será responsable de impulsar, coordinar y supervisar la implementación de las medidas recomendadas por esta comisión. Todas las medidas que la comisión recomienda adoptar en el presente informe, y que no hayan sido previamente consultadas, deberán someterse a los procesos de consulta indígena", consigna el informe. Muchos en el mundo privado creen que las recomendaciones de la comisión no estarán operativas dentro del actual período de gobierno.
Cuentan que el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, ha transmitido que la idea del Ejecutivo "es iniciar la consulta indígena en lo que resta del actual mandato", y que "la tramitación de proyectos de ley en el Congreso podría extenderse por tres a cuatro años", estimación optimista según comentan en el sector privado. Por eso, algunos consultados son escéptivos y consideran que las propuestas planteadas y el informe en su conjunto "constituyen una señal más para el mundo político.
Es mostrar que se llegó a un consenso transversal para abordar la deuda que hay con el pueblo mapuche". Otros creen que, en un ejercicio de realidad, existe una gran probabilidad de que estas recomendaciones no se traduzcan en nada concreto. las plantas productivas, no tienen plantaciones que les sobren. Si el Estado quiere que los privados entreguen sus plantaciones, entonces habría que cerrar las plantas, con el impacto social y en empleo que eso conlleva", acotan en el rubro.
Y mencionan que una falencia grave del informe de la comisión es que no realiza un catastro preciso y exacto de las tierras. "Muchas veces las propias empresas forestales han preguntado a las autoridades cuánta tierra necesitan que entreguen o aporten, cuántas hectáreas, de acuerdo a las solicitudes hechas por las comunidades respecto a tierras que pertenezcan a las empresas forestales. Y a lo largo de las distintas comisiones que ha habido y de los diferentes gobiernos, se entregan cifras distintas. Ni ellos saben.
Esta era la oportunidad para zanjar este tema y despejar las dudas". Otra fuente vinculada al mundo privado añade: "Hay inconsistencias entre las cifras manejadas por las comunidades mapuches, por las forestales y por la misma Conadi respecto a la magnitud de las tierras que deben ser restituidas". De hecho, el informe de la comisión recomienda "un nuevo marco de entendimiento, reparación y cooperación entre las comunidades mapuches y la industria forestal, que contribuya a una convivencia territorial más armónica". Para ello, se recomienda "catastrar los casos de sitios de significación cultural identificados por las comunidades, con la finalidad de concordar una solución jurídica (usufructo, servidumbre, coadministración, venta, entre otras). Para ello, se conformará un catastro con fuentes provenientes de Conadi, el Consejo de Monumentos Nacionales y otras solicitudes en trámite.
Este catastro podrá complementarse con los registros que las empresas mantengan". La gran resistencia: tribunal arbitral En un comienzo, el sector forestal vio con buenos ojos que la comisión incluyera otros mecanismos alternativos a la reparación tecuerdan la encuesta CEP de 2022, enfocada en los habitantes de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y que abordó diversas temáticas sociales, culturales y de seguridad. El sondeo, recalcan en el mundo privado, dio cuenta de que las prioridades que tienen los integrantes del pueblo mapuche están ligadas a la seguridad, las pensiones y la salud.
Destacan que, según la CEP, el 42% de ellos dijo en esa ocasión que la delincuencia, asaltos y robos eran los tres temas que el Gobierno debería solucionar; luego mencionaron las pensiones (39%), la salud (32%), la educación (29%) y el narcotráfico (21%). "La mayoría de la población quiere otra cosa, le preocupan otros temas, más allá de la tierra", plantean los privados.
La comisión sugiere la creación de una Agencia de Reparación, que dispondrá de tierras para reparar a las comunidades y familias, provenientes de cinco fuentes: los predios ofrecidos por particulares a Conadi, las propiedades fiscales que disponga el Estado para este proceso, las tierras que disponga la industria forestal y otras empresas, las donaciones que reciba y aquellos predios que particulares inscriban voluntariamente en un plazo de seis meses, contados desde la publicación de la ley que crea la Agencia de Reparación.
En el mundo forestal recuerdan que, en pleno proceso de discusión, al interior de la comisión se aseguró, sin consultar a los privados, "que la industria forestal podía aportar, sin inconvenientes, con 250 mil hectáreas", lo que incomodó a las empresas.
En el sector privado puntualizan que las empresas no disponen de esa superficie. "Las plantaciones que tienen las empresas alimentan a LAS ALERTAS QUE ENCENDIÓ EN LA INDUSTRIA FORESTAL el Informe para la Paz y el Entendimiento El martes, la comisión entregó el informe al Presidente Boric Insistencia en una narrativa centrada en la entrega de tierras, ausencia de un catastro preciso sobre cuántas hectáreas debe aportar la industria forestal y creación de un tribunal arbitral que puede reabrir los casos en cuatro años, son algunos de los riesgos que analizó el sector forestal el miércoles en Sofofa y el viernes en Corma. · JESSICA MARTICORENA E Comunidades mapuches en toma de predios forestales. CEDIDA "Es un insumo más. En ningún caso resuelve el conflicto mapuche, no lo vemos como un cierre ni como un punto final. Es iluso pretender que a contar de ahora se acabaron todos los problemas". Los ejecutivos de CMPC Luis Felipe Gazitúa (hoy expresidente) y Guillermo Turner, en reunión de la comisión. MIN. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA Por Arauco, Charles Kimber y Matías Domeyko, participaron de la instancia. MIN. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA.