Autor: POR VALERIA IBARRA

Comunidad de Coyo acusa que acuerdo Coidelco-SQM “vulnera gravemente” sus derechos y el ecosistema
Comunidad de Coyo acusa que acuerdo Coidelco-SQM “vulnera gravemente” sus derechos y el ecosistema derechos y el ecosistema Ml Anita Zamora, presidenta de la localidad atacameña, dijo que "interpelamos al Estado de Chile a contar con una consulta indígena sobre la afectación global del acuerdo" entre las compañías. POR VALERIA IBARRA. Un papel clave en el acuerdo Codelco-SQM lo tienen las comunidades indígenas del Salar de Atacama, que deben validar la asociación.
Y si bien la relación con estas localidades ha sido compleja, dado que hay cuatro (Peine, Toconao, Camar y Socaire) que desconocen la potestad del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) para negociar por todas ellas, una agrupación fue más allá: Coyo interpuso el 20 de junio un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que lo admitió a trámite el día siguiente, pero no concedió la orden de no innovar -lo que habría paralizado la operación y pidió antecedentes a Codelco y Corfo.
El abogado de la comunidad, Gabriel Muñoz, dijo que "Codelco no se encuentra facultado jurídicamente para suscribir un acuerdo de esta naturaleza", debido a que "la suscripción de las bases de acuerdo constituye una medida administrativa susceptible de afectar directamente a las comunidades, ya que tiene por objeto crear una nueva empresa para la explotación del Salar de Atacama por 35 años más.
Al ser una medida administrativa susceptible de afectar directamente a los pueblos atacameños, debe contar con un trámite previo y esencial, denominado consulta indígena". Según el representante, la consulta indígena "no se llevó a cabo en ningún momento, por lo que ha habido una infracción a la Constitución Política, los tratados internacionales y especialmente al Convenio 169 de la OIT". Ñ de La presidenta de la comunidad de Coyo, Anita Zamora, sostuvo que "es evidente que la explotación de nuestros salares, décadas de explotación, en sí mismo, ha afectado y constituyen una amenaza para nuestros derechos hu= manos, ecosistemas, cuencas y formas de vida" y "como comunidad lo que queremos es básico y mínimo: respeto a nuestra cosmovisión y relación con nuestro territorio, y los derechos ancestrales sobre él". Y enfatizó que "el acuerdo Codelco-SQM vulnera gravemente todo aquello". Fuentes de las compañías hacen ver que la operación en sí no puede ser objetada porlas comunidades, porque es un negocio entre empresas, aunque sí procede una consulta indígena, que Codelco y SOM mantienen reuniones con todas las comunidades. La semana pasada tuvieron un encuentro con Camar, Pene, Toconao y Socarre hoy con el Consejo hoy con el Consejo hoy con el Consejo hoy con el Consejo Pueblos Atacameños, realizará Corfo. Almismo tiempo, desde Codelco y SQM dijeron que seguirán llevando a cabo reuniones con todos los grupos de interés. Así, la semana pasada se reunieron con representantes de Camar, Peine, Toconao y Socaire, y hoy miércoles con el CPA.
Según Anita Zamora, de Coyo, "ninguna de esas consultas que están en marcha tienen que ver o son relevan= tes sobre lo que hemos planteado en nuestra acción judicial". A su juicio, "solo ven de manera fragmentada lo que nos está afectando, aquí lo que requerimos e interpelamos al Estado de Chile a contar con una consulta indígena sobre la afectación global pues, el acuerdo Codelco-SQM, en sí mismo afecta gravemente el respeto de nuestros derechos humanos, la naturaleza y nuestra relación ancestral con ella y nuestra cosmovisión". Incluso, las localidades disidentes precisaron que siguen siendo parte del CPA -que, entre otros aspectos, es el interlocutor de Albemarle en la entrega del 3,5% de las ventas anuales que han pactado con esta empresa-, pero que separan aguas en lo relativo al acuerdo Codelco-SQM. Para complejizar aún más el proceso, si bien hay 18 comunidades que forman parte del CPA, en el Salar de Atacama se contabilizan 25 para el caso de la consulta indígena.
En ese sentido, la ministra de Minería, Aurora Williams, dijo que tienen "pleno respeto por las comunidades y en especial a aquellas que están entornos de los salares" y precisó que "desde agosto del 2023 estamos conversando con ellas, lo que duró hasta febrero de 2024". En cuanto a la decisión de la comunidad de Coyo de ir a tribunal, Williams dijo que "respetamos esa decisión y se resolverá en sede judicial", por lo que "no comentamos" esta determinación..