Acuerdos sobre secreto bancario
IGobiernoy la oposición han alcanzado un acuerdo en el Senado que permitirá levantar el secreto bancario de las personas —con autorización en un plazo definido y más acotado, hoy inexistente, para la resolución del tribunal. El endesata el principal nudo en la tramitación del proyecto de cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La iniciativa, parte esencial del pacto fiscal, fue aprobada en general a fines de julio —la Cámara de Diputados la había de pachado en abril— después de la firma de un protocolo del Ministerio de Hacienda con los senadores que considera concertar materias como el secreto bancario, la regulación del denunciante anónimo, la gobernanza del SII y la aplicación de la Norma General Antielusión (NGA) El paquete de indicaciones del Ejecutivo considera disposiciones respecto del secreto bancario, la forma en que el SII puede solicitar la información del contribuyente y los procedimientos en caso de que este lo rechace; las observaciones incluyen normas aplicables a las infracciones tributarias más simples, y otras más exigentes para los delitos que conllevan una penalidad elevada: eva- “Los consensos en el Senado reflejan no solo voluntad de entendimiento y racionalidad política, sino también responsabilidad”. Sión, lavado de activos, crimen organizado y narcotráfico. Distintos especialistas han subrayado que las indicaciones mejoran la propuesta del Gobierno en materia de plazos, control judicial de las facultades del SII, protección de las garantías de los contribuyentes y objetivos recaudatorios del fisco.
Las modificaciones están incluidas en dos mensajes radicados en la comisión de Hacienda del Senado; además de las normas del proyecto antievasión, la iniciativa que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, que la cámara alta votó en general a fines de 2023, determina que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAE) tendrán acceso directo, sin autorización judicial, a los antecedentes bancarios en casos de investigaciones por narcotráfico, lavado de activos, crimen organizado o financiamiento del terrorismo.
Hace algunas semanas, la afirmación de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, respecto de que hay “bastante evidencia” de políticos financiados por el narcotráfico causó un prolongado cruce de acusaciones en torno al secreto bancario y su conexión con la corrupción, el financiamiento de actividadesilícitas, las atribuciones fiscalizadoras del Estado y la privacidad de los ingresos de las personas. Ala luz de aquella agria controversia, el consenso para desbloquear el proyecto antievasión reivindica el propósito de la política como un espacio de negociación y entendimiento que, necesariamente, comporta hacer mutuas concesiones.
Las indicaciones sobre secreto bancario y denunciante anónimo son las primeras propuestas de materialización del protocolo del Ejecutivo con la comisión de Hacienda; resta desarrollar la nueva gobernanza del SII, y precisar la operación e interpretación de la NGA.
Que existan aspectos aún pendientes de definición, sin embargo, no puede opacar la relevancia de los acuerdos en ámbitos donde parecían improbables; los consensos en el Senado reflejan no solo voluntad de entendimiento y racionalidad política, sino también responsabilidad con las finanzas públicas, la modernización tributaria y la provisión de recursos para gasto social.