Diputado Carlos Carvajal: "Tarapacá no puede seguir esperando entre recortes, burocracia y promesas sin cumplir"
Diputado Carlos Carvajal: "Tarapacá no puede seguir esperando entre recortes, burocracia y promesas sin cumplir" Entrevista con Diario Longino VIVA LORENZO La conversación ocurre en un momento en que Tarapacá vuelve a empujar sus urgencias históricas contra el muro de la contingencia nacional.
La frontera, la empleabilidad, la crisis de infraestructura deportiva, la incertidumbre sobre Zona Franca, la presión migratoria, los vacíos en salud y la sensación de abandono que muchas veces se instala lejos de Santiago forman parte de un mismo mapa: el de una región estratégica, pero todavía subatendida.
En ese escenario, la voz del diputado Carlos Carvajal adquiere relevancia no solo por su reciente llegada al Congreso, sino también por el tono con que se instala en la discusión pública: directo, regionalista y con una marcada preocupación por traducir la política nacional en efectos concretos sobre la vida diaria de Tarapacá.
Profesor de formación, ligado por años al mundo del deporte y hoy diputado por la Región de Tarapacá, Carlos Carvajal enfrenta su primer tramo parlamentario con una mezcla de convicción territorial y lectura crítica del actual escenario político.
Desde la infraestructura deportiva hasta la reforma tributaria, desde la seguridad fronteriza hasta la defensa del feriado de San Lorenzo, el parlamentario expone una idea que atraviesa toda la entrevista: las regiones no pueden seguir siendo el último eslabón de las decisiones del Estado. -Diputado, usted viene de un vínculo muy directo con el deporte y hoy está en un cargo de alta responsabilidad política. En una región que se enorgullece de ser tierra de campeones, pero que arrastra déficits severos en infraestructura, ¿qué lectura hace de esa contradicción? La contradicción es evidente y también dolorosa. Tarapacá tiene historia deportiva, tiene talento, tiene barrios donde el deporte todavía funciona como refugio, disciplina, comunidad y esperanza, pero no tiene una infraestructura a la altura de ese capital humano. Y eso no es un detalle. Hoy una de las principales demandas del mundo deportivo, a nivel regional y nacional, es precisamente la falta de recintos adecuados y, además, el deterioro de los pocos que existen. No solo cuesta construir nuevos espacios; cuesta casi lo mismo, y a veces más, conservar los actuales. Ahí hay una falla estructural del Estado. En Iquique tenemos ejemplos muy claros. El polideportivo del sector Bajo Molle es uno de ellos, una idea que viene de hace más de una década, con planificación, con diseño, con respaldo técnico, pero que sigue detenido. Lo mismo ocurre con el estadio Hernán Villanueva, que es un proyecto muy sentido por el deporte amateur, especialmente por el fútbol senior. En ambos casos hay una mezcla de burocracia, lentitud y descoordinación institucional que termina perjudicando a la ciudadanía.
Cuando uno mira eso con honestidad, entiende que el problema no es solamente la falta de recursos, sino la falta de capacidad de articular una voluntad regional común para sacar adelante estas obras. -Ese déficit no solo afecta al alto rendimiento, sino también a la prevención social. En una región golpeada por el consumo de drogas y otros factores de riesgo en menores, ¿cuánto pierde Tarapacá al no tener más espacios deportivos? Pierde muchísimo. El deporte no es un lujo ni una política ornamental; es una herramienta concreta de prevención social.
Cuando un niño o un adolescente tiene acceso a un club, a una cancha iluminada, a un gimnasio digno, a un taller serio, a una competencia ordenada, también tiene una alternativa real frente a la calle, frente al ocio mal encauzado, frente a la droga. No estoy diciendo que el deporte resuelva todo por sí solo, pero sí afirmo que sin deporte, o sin condiciones mínimas para practicarlo, el Estado renuncia a una de sus mejores herramientas preventivas. Por eso me preocupa que esta discusión se reduzca muchas veces a lo simbólico. Nos gusta decir que Iquique es tierra de campeones, y es verdad, pero esa identidad también obliga. No basta con celebrar a los deportistas cuando ganan; hay que invertir en la base que permite que esos talentos aparezcan.
Si no construimos esa base, si no cuidamos la infraestructura, si no fortalecemos la etapa formativa y recreativa, estamos hipotecando una parte importante del futuro regional. -Usted ha advertido que la disminución presupuestaria del 3% podría agravar todavía más este panorama. ¿ Qué tan serio es ese riesgo para el deporte regional? Es un riesgo serio porque instala incertidumbre en un sector que ya venía frágil.
Cuando se habla de recortes sectoriales, muchas veces se piensa en cifras abstractas, pero detrás de esas cifras hay proyectos que se frenan, programas que se achican, mantenciones que se postergan y sueños comunitarios que vuelven a quedar en espera. En deporte todavía no existe claridad total sobre dónde impactará finalmente ese ajuste, y eso es grave porque impide planificar. Yo pedí formalmente que se aclarara este punto en la comisión respectiva y hasta ahora no ha habido una respuesta suficientemente clara. Uno entiende que las nuevas autoridades están en etapa de instalación, pero también hay que decirlo: los ministros asumieron hace más de un mes. A esta altura ya deberían existir definiciones más precisas. Lo que uno observa, en cambio, es una comunicación débil y un énfasis que parece concentrarse más en el alto rendimiento que en la formación, la recreación y la infraestructura.
Y para una región como la nuestra, eso es un error. -En ese marco, ¿le preocupa especialmente la realización de los Juegos Sudamericanos de Playa 2027 en Iquique? Sí, me preocupa, aunque también reconozco que existe una voluntad local importante para empujar ese evento. Lo valoro mucho. Ahí han estado el alcalde, el gobernador, el Comité Olímpico, la empresa privada y distintos actores regionales entendiendo que no estamos hablando solo de deporte. Un evento de esa magnitud tiene impacto turístico, económico, urbano y simbólico. Pone a la región en vitrina, atrae delegaciones, mueve servicios, dinamiza comercio y deja una huella de posicionamiento internacional. Mi inquietud es que esa voluntad local necesita un correlato presupuestario y político desde el nivel central. No basta con querer hacerlo; hay que asegurar cómo se financia, en qué glosas presupuestarias se va a respaldar y cuál será el compromiso efectivo del Ejecutivo.
Por eso convoqué a una mesa con la ministra del Deporte, con autoridades regionales y con actores privados, precisamente para que esto no quede librado al entusiasmo, sino que se traduzca en una hoja de ruta concreta. Si Tarapacá va a asumir un desafío así, necesita certezas. -Pasemos al empleo y a Zona Franca.
En una región donde el trabajo y el bolsillo siguen siendo una preocupación cotidiana, ¿cómo observa el momento actual de Zofri y su rol dentro de la economía regional? Lo observo con atención y también con preocupación. Zofri no es un asunto accesorio para Tarapacá; es uno de los ejes de nuestra estructura económica y laboral.
Cuando hablamos de empleo regional, cuando hablamos de comercio, de encadenamientos productivos, de familias que dependen directa o indirectamente del movimiento de la zona franca, estamos hablando de algo mucho más profundo que una discusión administrativa o gremial. Cualquier incertidumbre en torno a Zofri golpea el ánimo económico de la región.
Además, Tarapacá tiene una posición estratégica que no puede desperdiciar, sobre todo considerando el corredor bioceánico, nuestra relación con Bolivia, el potencial logístico del puerto y el interés de inversionistas extranjeros, entre ellos actores del mundo asiático. Pero esa posición no se sostiene sola. Requiere conducción, visión y una política clara. Hoy.
En su primer mes en la Cámara, el diputado por Tarapacá fija prioridades, tensiona al Gobierno por deporte, seguridad, empleo y salud, y plantea una tesis de fondo: la región necesita menos anuncios y más decisiones concretas.
Diputado Carlos Carvajal: "Tarapacá no puede seguir esperando entre recortes, burocracia y promesas sin cumplir" veo tensiones, conflictos gremiales, cambios que no terminan de despejar el horizonte y una discusión todavía muy abierta sobre cuál será la orientación del nuevo ciclo.
En ese contexto, mi rol será exigir claridad, porque la región no puede seguir moviéndose en la indefinición. -En materia económica, usted ha sido crítico de la reforma tributaria anunciada por el Gobierno. ¿Cuál es la principal objeción que ve desde la realidad de Tarapacá? Mi principal objeción es que existe una desconexión evidente entre el diseño de esa reforma y la realidad cotidiana de la clase media, las pymes y las regiones extremas.
Cuando a la gente se le dice que quizás va a pagar más por combustible, más por canasta básica, más por varios bienes y servicios, pero que eso se compensará con una eventual mayor empleabilidad futura, se le está pidiendo un sacrificio demasiado alto con una promesa todavía incierta. Y en regiones como la nuestra, donde el costo de vida es mayor, ese discurso hace aún menos sentido. Además, las rebajas o beneficios focalizados que se anuncian no necesariamente responden a la estructura social y económica regional.
Se habla de contribuciones, de incentivos vinculados a vivienda, de rebajas para ciertos tramos, pero al mismo tiempo se abre una interrogante seria sobre cómo eso afectará a los municipios, que ya funcionan con márgenes estrechos y dependen de flujos estables para operar.
Entonces la pregunta es legítima: ¿ quién absorbe el costo real de estas medidas? Si al final las municipalidades reciben menos, si las pymes sienten más presión y si la clase media paga el ajuste, entonces estamos frente a una reforma que puede profundizar inequidades en lugar de corregirlas. -Se lo pregunto de manera directa: ¿ cree que el Gobierno está políticamente desconectado de lo que ocurre en las regiones? Sí, creo que hay una desconexión importante. Y no lo digo como frase fácil de oposición; lo digo por señales concretas. Hay anuncios que no vienen acompañados de bajada territorial, ministros que no concurren a comisiones en temas sensibles, políticas que se comunican mal y decisiones que parecen diseñadas con una lógica centralista. Cuando eso ocurre, lo que se produce es una doble distancia: entre el Gobierno y la ciudadanía, y entre la política nacional y las necesidades reales de regiones como Tarapacá. También veo una dificultad para construir puentes amplios. El país necesita acuerdos, especialmente en temas complejos, pero varios ministros han mostrado una actitud poco dialogante. Eso termina generando más tensión en vez de abrir soluciones.
Y cuando se gobierna con una mayoría parlamentaria que no necesariamente es homogénea, la soberbia o la falta de escucha pueden transformarse rápidamente en un problema político serio. -Entremos en seguridad y frontera, dos temas cruciales para Tarapacá.
Usted ha dicho que está de acuerdo con fortalecer la seguridad, pero ha cuestionado la manera en que se ha implementado el llamado plan de resguardo fronterizo. ¿ Dónde está el problema principal? El problema principal no está necesariamente en la intención de fortalecer la frontera, porque en eso creo que hay un consenso transversal. Todos queremos más seguridad, más control, más capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado, el tráfico y la migración irregular. El punto está en cómo se hace. Cuando se interviene un territorio tan sensible como Colchane, que además tiene comunidades, autoridades locales, dinámicas ancestrales y una historia propia, no se puede actuar como si se tratara de una zona vacía. A mí me preocupa que se hayan realizado acciones sin la debida información hacia las autoridades comunales y sin una coordinación más transparente con el territorio. Una política de seguridad mal comunicada o mal articulada puede terminar debilitando su propia legitimidad. Y eso es grave, porque la seguridad no solo necesita despliegue operativo; necesita también confianza institucional.
Si ni siquiera queda claro quién está a cargo, cuáles son las metas exactas, qué tramos se intervendrán y cómo se medirán los resultados, entonces se instala una sensación de improvisación que la región no merece. -¿ no cree que a veces en Tarapacá se cuestionan demasiado las formas y se pierde de vista que la ciudadanía exige resultados urgentes? La ciudadanía exige resultados, y tiene razón. Nadie puede negar esa urgencia. Pero justamente por eso las políticas deben hacerse bien.
Si se hacen mal, si se anuncian con grandilocuencia y luego no se explican, si se levantan figuras nuevas sin delimitar con claridad sus atribuciones, si se generan expectativas que después no se pueden sostener, entonces la frustración será aún mayor. No es una discusión entre forma y fondo; en seguridad, la forma también es fondo, porque la legitimidad de la acción estatal importa. Además, no debemos caer en una lógica de espectáculo. Tarapacá no necesita una política pensada para la foto o para el titular fácil. Necesita resultados sostenibles, articulación entre instituciones, uso eficiente de recursos, fortalecimiento tecnológico, control de rutas, inteligencia y coordinación con policías, aduanas y autoridades locales. Si el Estado comunica mal, pierde capacidad de conducción.
Y si pierde conducción en una frontera como la nuestra, deja espacios que otros ocupan. -En ese mismo tema, usted ha introducido un matiz relevante al debatir migración: ha sido crítico del ingreso irregular, pero también ha advertido sobre los riesgos de respuestas demasiado radicales. ¿ Qué equilibrio propone? Propongo distinguir con más seriedad y humanidad. Una cosa es perseguir con firmeza a quienes delinquen, a quienes se vinculan a organizaciones criminales, a quienes usan la frontera para traficar o cometer delitos. En eso no puede haber ambigüedad. Pero otra cosa muy distinta es construir un discurso que mete en un mismo saco a niños, familias vulnerables, personas enfermas, mujeres embarazadas y delincuentes. Esa simplificación es peligrosa y, además, ineficaz. En Tarapacá conocemos la complejidad del fenómeno migratorio mejor que muchos sectores que opinan desde lejos. Tenemos una realidad fronteriza viva, una histórica relación con Bolivia y una presencia migrante que también forma parte del tejido social y económico regional.
Entonces, cuando se plantea una respuesta maximalista sin medir consecuencias, aparecen preguntas concretas: ¿ qué pasa con los niños que están en el sistema escolar?, ¿qué pasa con la salud primaria?, ¿qué pasa con las personas que ya están acá y con las que el Estado tiene deberes mínimos? Si no se responde eso, terminamos empujando a más personas hacia la marginalidad, y eso también puede convertirse en un problema de seguridad. -Hablemos de salud.
La región enfrenta viejas deudas hospitalarias y nuevas expectativas con el futuro recinto para Iquique, mientras Alto Hospicio también ha debido responder a parte de la demanda. ¿ Qué tan prioritaria debe ser esta materia para el Estado? Absolutamente prioritaria. Si hay un ámbito donde los recortes y la incertidumbre generan alarma inmediata, es salud. La región arrastra una sensación de insuficiencia hospitalaria desde hace años.
El actual hospital de Iquique ha mostrado limitaciones conocidas por toda la ciudadanía, y el hospital de Alto Hospicio ha ayudado a descomprimir, pero eso no sustituye la necesidad de una red robusta, moderna y capaz de responder al crecimiento poblacional y a las condiciones territoriales de Tarapacá. El nuevo hospital para el sector sur de Iquique es una esperanza importante, y por eso mismo hay que hacerle seguimiento permanente.
Lo mismo ocurre con la aspiración de contar, a futuro, con mayor resolutividad para la provincia del Tamarugal, porque no es razonable que personas mayores de Camiña, Colchane o Pica deban recorrer horas para una atención especializada. Aquí el problema no es solo clínico, también es humano, económico y territorial. La salud en regiones no puede seguir pensándose con una lógica mínima. -Usted también ha impulsado una iniciativa cargada de identidad: declarar de manera permanente el feriado de San Lorenzo. Para algunos puede parecer un asunto menor frente a otras urgencias. ¿ Por qué lo considera importante? Porque una región no vive solo de presupuestos, obras y cifras; también vive de su identidad. Y San Lorenzo, en Tarapacá, no es un feriado cualquiera. Es una expresión cultural, religiosa, social y territorial muy profunda. Tiene una raíz popular enorme, convoca a miles de personas, conecta con la historia minera, con la devoción de los sectores más humildes y con una memoria compartida que forma parte del alma regional. Por eso creo que darle estabilidad a ese reconocimiento también es una señal política hacia la región. No deberíamos estar luchando todos los años lo mismo. Si existen feriados regionales en otras zonas del país, Tarapacá tiene razones de sobra para que San Lorenzo sea reconocido de manera permanente. Además, esta iniciativa ha permitido algo valioso: la convergencia de parlamentarios de distintos sectores en torno a una causa regional.
Y cuando la política logra unirse por la identidad de su territorio, también manda una señal correcta a la ciudadanía. -Después de este primer mes en el Congreso, con tantos frentes abiertos, ¿cuál diría que es su principal definición política para el tiempo que viene? Que mi compromiso es con Tarapacá antes que con cualquier trinchera. Yo pertenezco a un sector, tengo convicciones políticas y no las escondo, pero también creo que el mandato regional obliga a construir acuerdos cuando esos acuerdos le hacen bien a la zona. Si hay que defender a Zofri, al puerto, a la frontera, a San Lorenzo, a la infraestructura deportiva o a la salud regional, ahí tenemos que estar todos. La región necesita representantes que no pierdan de vista lo esencial: aquí todo cuesta más, todo tarda más y muchas veces todo se discute desde lejos. Por eso hay que insistir, oficiar, fiscalizar, empujar y también proponer. Yo recién comienzo este camino, pero tengo claro que no vine a ser un observador pasivo. Vine a pelear por temas concretos, por demandas históricas y por una manera distinta de poner a Tarapacá sobre la mesa nacional. La entrevista deja una impresión nítida: Carlos Carvajal intenta construir un perfil de diputado territorial, atento a las urgencias inmediatas, pero también a las grietas estructurales que frenan el desarrollo de Tarapacá. Habla desde el deporte, pero también desde la frontera; desde la identidad regional, pero también desde la economía diaria de las familias.
Puede discutirse el alcance de sus diagnósticos o la viabilidad de algunas de sus propuestas, pero hay una línea que atraviesa toda su conversación y que resulta difícil de desestimar: la convicción de que Tarapacá necesita menos centralismo, menos improvisación y más decisiones pensadas desde la realidad concreta de su gente.
En tiempos donde la política suele encerrarse en la táctica o el cálculo, ese énfasis regionalista abre, al menos, una posibilidad constructiva: que las grandes discusiones nacionales vuelvan a medirse por el impacto que tienen en los territorios. Y en esa tarea, si la crítica se convierte en gestión y la identidad en acuerdos, la región podría empezar a transformar viejas esperas en avances tangibles..